Cambia el ritmo de la historia

Hay un clima de final de juego. Viene impuesto por la condena que estableció el Tribunal Oral Nº 2 sobre la corrupción de la obra pública de Santa Cruz, y por la renuncia de Cristina Kirchner a competir en las próximas elecciones. No se trata, por supuesto, de que el ritual judicial haya cesado. Tampoco hay que imaginar que la vicepresidenta se retirará de la política. Pero las dos novedades, la sentencia y la reacción de la principal imputada frente a ella, tienen un impacto que asegura un cambio en el ritmo de la historia.

El pronunciamiento de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso ha sido ejemplar por su contundencia y por su equilibrio. Si bien habrá que esperar a marzo para conocer sus fundamentos, los jueces publicaron una reseña con los criterios en los que se inspiró su sentencia. Allí adelantaron por qué penalizaron a la vicepresidenta. Señalaron que ella se benefició de las maniobras orquestadas para favorecer a Lázaro Báez en la asignación de obra pública. Que tuvo, gracias a la colaboración del psicodélico José López, una contribución decisiva a la cancelación de esas maniobras durante el año 2015. Que tuvo una negligencia deliberada frente a las alarmas administrativas, judiciales y mediáticas que, a lo largo de los años, fueron alertando sobre la existencia de un delito. Y la clave: que hubo un vínculo comercial corrupto " class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">vínculo comercial corrupto entre el matrimonio Kirchner y el enriquecido Báez. Los magistrados dicen: “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.

Estas consideraciones son firmes y, a la vez, ecuánimes. Cada uno cumple su juego: la sobriedad retórica contrasta con el fervor del fiscal Diego Luciani. Aunque la demostración más nítida de imparcialidad es la absolución a Julio De Vido. Los jueces no encontraron que hubiera intervenido en las maniobras y tampoco detectaron un beneficio personal. Recuerdos de Néstor Kirchner: él mandaba sobre sus subordinados salteándose escalones de la pirámide administrativa.

La exculpación de De Vido podría ser un buen augurio para la señora de Kirchner frente a la Cámara de Casación o la Corte Suprema, adonde sus abogados apelarán el fallo. Ya se sabía que los jefes de Gabinete no habían participado de maniobra alguna. Ahora se excluye al ministro de Planificación e Infraestructura. ¿Por qué, entonces, va a resultar culpable alguien que estaba todavía más lejos de los niveles donde se asignaban los negocios? Es decir, ¿por qué van a culpar a la entonces Presidenta si exculpan a sus jefes de Gabinete o a su ministro de Infraestructura? La sentencia ya se lo preguntó y respondió: por los indisimulables negocios entre la señora de Kirchner y Báez. Ella sabe muy bien que es allí donde le aprieta el zapato. Por eso está siempre al borde de inculpar a su esposo.

Báez es el gran problema. Su rol en la vida de los Kirchner es tan escandaloso como rudimentario. Además, quienes conocen bien esta trama judicial, saben que la mezquindad del exempleado de banco devenido en multimillonario está en el origen del caso. Javier Iguacel, el funcionario de Mauricio Macri que forzó al juez Julián Ercolini a retomar la investigación, recibió desde Santa Cruz un numerosísimo inventario de pruebas ya organizadas. Se lo acercaron los funcionarios de Vialidad marginados de las prácticas que se investigan. También se sospecha de algunos gremialistas que querían vengarse de la indolencia de Báez con los empleados que había despedido cuando debió desmontar una estructura empresarial que sólo funcionaba al amparo del poder. Ironías del destino: la condena a Cristina Kirchner es, en buen medida, una reivindicación de la justicia social. Porque Báez, además de todo, era un negrero.

Giménez Uriburu y Gorini, en otra demostración de mesura, no recurrieron a la controvertida figura de la asociación ilícita, que supone la confección de planes que atenten contra el orden público. Basso, sí. Es la hendija por la cual Luciani apelará la medida.

La vicepresidenta reaccionó con un desborde emocional. Comprensible. Se pueden construir mil coartadas autoindulgentes, imaginar otras tantas conspiraciones, pero llega un día en que tres funcionarios grises, cuyos nombres la opinión pública todavía no memorizó, sentados en un salón desangelado, leen, con cara de póker, una condena a seis años de prisión. Para alguien que supone que sólo puede ser juzgada por la historia, es una escena inconcebible. El martes a la tarde, la vicepresidenta se encontró con la fuerza del Estado ante el individuo. Se enfrentó al imperio de la ley.

Cristina Kirchner contestó con su única estrategia. Denunciar un complot. Es la señal de muchas carencias. Ella no puede enumerar ante los jueces todo lo que hizo para garantizar la transparencia de su administración apenas escuchó rumores o leyó noticias sobre irregularidades. Tuvo tiempo para hacerlo. Las primeras denuncias sobre desaguisados en el manejo de la obra pública se produjeron alrededor de 2008. Dos años después de que Sergio Acevedo renunciara a la gobernación santacruceña resistiéndose a las complicidades que le exigían desde Buenos Aires. Ella tampoco prestó atención a la estructura probatoria de la causa. Es más, cuando le propusieron coordinar su defensa con la de los demás imputados, se negó, como si la estuvieran agraviando. La megalomanía de imaginar que sólo nos va a juzgar la historia tiene estos contratiempos.

Herida en su narcisismo, desprovista de testimonios contundentes para refutar las acusaciones, huyó por el camino de la inmolación. Renunció a cualquier candidatura. Renunció a los fueros. No toleró la caracterización que le asignan quienes la detestan: la de una especie de bandida que busca impunidad en el Congreso. No tolera esa imagen en su espejo. Prefiere verse reflejada en Lula da Silva, que volvió al poder después de haber estado tras las rejas. A ella le quedaba una cuenta pendiente con su amigo brasileño. En 2017, cuando estaba por decidir si se postulaba como senadora, llamó a Lula para consultarle: “¿Es verdad que buscarás una banca en el Senado?” El líder del PT fue categórico: “Yo he sido presidente de Brasil. No puedo estar buscando fueros”. La señora de Kirchner prefirió buscar la banca del Congreso. Tal vez está reparando la humillación que, en su fuero íntimo, puede haber sentido.

La renuncia a una candidatura es, hacia afuera, un desplante a quienes la suponen sólo angustiada por su situación penal. “Métanme presa”. Hacia adentro, entraña otro mensaje: “No me merecen”. La vicepresidenta sumió al Frente de Todos en un desconcierto general. Desde la cubierta del barco la llaman: “¡Schettino!”. Ella tiene muchos seguidores que la idolatran.

Pero son más los que la necesitan para colgarse de su nombre en la boleta. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Son concejales, intendentes, diputados provinciales y nacionales. Es La Cámpora. Hay momentos en que “la jefa” los ve como parásitos. “Basta de expresiones de cariño; pónganse a trabajar”, les dijo el martes a la noche en Ensenada. Cuando, hace un par de semanas, Federico Aurelio, de Aresco, consultó entre los votantes del Frente de Todos cuál era el candidato preferido, 64% mencionó a Cristina Kirchner. Esa gente queda, por ahora, al desamparo. “Por ahora” quiere decir: hasta que encuentre un candidato competitivo, que puede ser, con el tiempo, un nuevo jefe.

Para la feligresía incondicional, la vicepresidenta recurrió al recurso más antiguo: la narración de un complot que siempre tiene los mismos personajes. En el centro de todos está Héctor Magnetto. A él le pidió que la meta presa. En todo relato de rasgos paranoides, el sujeto persecutorio debe ser una máquina perfecta. Es el lugar que ocupa el líder de Clarín. Presta, además, un servicio adicional: al mencionarlo como único antagonista, la señora de Kirchner se regodea degradando a sus competidores políticos y, sobre todo, al aparato judicial. Son todos tentáculos de ese genio maligno que es Magnetto. Esa disposición de los actores expresa en toda su profundidad una concepción autoritaria: “La única representante del pueblo soy yo. Yo soy la democracia”. Esa es la leyenda que se pensaba desarrollar este lunes, en el CCK, en una reunión del Grupo de Puebla. Como la vicepresidenta contrajo Covid, se postergó una semana hasta el 19 de diciembre, que es cuando se intentará demostrar que el maldito lawfare remonta su genealogía hasta las aberraciones de la dictadura. En una alquimia que no podría ser más tortuosa, se invertiría la ecuación del Juicio a las Juntas, cuya memoria acaba de publicar Ricardo Gil Lavedra: ahora los jueces son Videla. Y en cualquier momento, quien señale por corrupción a un líder populista, estará casi cometiendo un crimen de lesa humanidad.

Esta presentación es la última señal del fracaso del experimento Alberto Fernández, que Cristina Kirchner inauguró un sábado a la mañana desde su cuenta de Twitter. Una de las razones por las cuales ella postuló a Fernández, tal vez la principal, era que su pupilo repondría los puentes con el Poder Judicial, con los centros internacionales de poder y con la prensa. Ahora queda demostrado lo que había que suponer: las necesidades de su propia biografía son mucho más importantes que la supervivencia de lo que queda de ese aparato de poder tan mal montado.

Al servicio de esta narrativa han aparecido los “huemules”. Es decir, los jueces Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Julián Ercolini y Pablo Cayssials, invitados por ejecutivos de Clarín a visitar Lago Escondido. De la misma excursión participaron Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, y Juan Bautista Mahiques, su jefe de fiscales. También el exagente de Inteligencia Leonardo Bergroth y el agente de publicidad Tomás Reinke. Los viajeros fueron identificados en Bariloche por una infidencia que, todo indica, había sido de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Alarmados, intercambiaron en un chat de Telegram una cantidad de mensajes imaginando coartadas para evitar una causa por dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ese chat salió a la luz por una filtración. La versión oficial es que se trató de un hackeo. Pero varios de los afectados sospechan de una traición del exespía Bergroth. Haya sido hackeo o filtración, lo cierto es que Alberto Fernández se montó sobre esos mensajes de dudosa procedencia para presionar a la Justicia por cadena nacional.

Sea cual fuere la metodología para hacer estallar el escándalo, para Cristina Kirchner la aparición de ese chat fue la corroboración gozosa de todas sus presunciones. La encarnación del lawfare.

El problema es que esta geometría tiene demasiadas imperfecciones. Donde ella ve oposiciones proliferan las continuidades. Por ejemplo: en las conversaciones aparecen referencias a Julián Leunda quien, en un gesto de camaradería para con todo el grupo, habría asegurado que el canal ultrakirchnerista C5N no trataría el tema. Leunda es la mano derecha de Fabián de Sousa, el socio de Cristóbal López. Y, mientras hacía esas gestiones, era el jefe de asesores de Alberto Fernández. Para Cristina Kirchner fue una constatación desagradable: sus amigos eran parte del lawfare. ¿También el Presidente? Esa pregunta la carcome desde hace muchos años.

El otro detalle que arruina la teoría es que Bergroth fue el responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Inteligencia durante el período en el que allí mandaba Francisco Larcher, de cuya mansión, según infinidad de versiones, habría salido un auto, manejado por su hijastro, con 70 millones de dólares, con destino a algún escondite. Larcher es la versión impune de Daniel Muñoz. Su jefe de Jurídicos, el huemul Bergroth, responde, desde entonces, al tenebroso Antonio Stiuso. Y fue, durante los años del alto kirchnerismo, el encargado de las relaciones con la Justicia. Dicho de otro modo: el que armaba las causas para Néstor. Hay quienes especulan que fue Bergroth quien ventiló ese chat impresentable, en una jugada a muchas puntas. La principal: voltear a D’Alessandro y, a través de él, a su compadre el juez de Lomas de Zamora Federico Villena. Es el que inició las investigaciones sobre espionaje clandestino del macrismo.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene la causa del viaje al Sur, promete avanzar la semana próxima sobre D’Alessandro. Martínez de Giorgi recibió la oferta de convertirse en juez federal de boca de Stiuso, cuando el espía jubilado era todopoderoso. Habrá que ver hasta dónde Larreta puede sostener a D’Alessandro. Sobre todo si se siguen las enseñanzas de Diego Santilli, quien ayer, refiriéndose del fallo contra Cristina Kirchner, tuiteó: “Ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Se acabó la impunidad”. Es interesante el “ya”. Y también la audacia: hace un par de meses Santilli denunció que le habían hackeado el teléfono. Casi al mismo tiempo que el hackeo a D’Alessandro. Se ve que Santilli está seguro de que nada de lo que trascienda de ese aparatito puede complicarlo. Ya no da lo mismo hacer las cosas mal.

Hay un nuevo dato que no cierra. Entre los intercambios de Telegram, hay uno del camarista de Casación Carlos Mahiques, conocido como “el boxindanga bilingüe”, que ofrece interceder ante los mercedinos Wado de Pedro y su medio hermano Gerónimo Ustarroz. Es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es decir, en el lugar en el que desde el 2 de noviembre duermen dos denuncias sobre el viaje a Lago Escondido que Ustarroz no se tomó el trabajo de leer. O, tal vez, sí se lo tomó y por eso duermen. De Pedro es el representante del Estado en Telecom: por eso son tan significativas sus declaraciones, cada vez más enardecidas, contra Clarín, principal accionista de esa empresa. Los Mahiques, De Pedro y Ustarroz son amigos de toda la vida.

Estas continuidades se completan con Tomás Reinke. Es el presidente de la empresa de publicidad Mediabit, que tiene entre sus principales clientes a la provincia de Buenos Aires, del apóstol Axel Kicillof, y a la Presidencia de la Nación, del apóstata Alberto Fernández. Daría la impresión de que Cristina Kirchner se descuida frente a todas estas relaciones. Como se descuidaba de lo que hacían Néstor y Báez.

Las revelaciones del chat han destruido los escasísimos lazos de confianza que existen entre los funcionarios de Comodoro Py. De allí trascendió también la versión de que el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González viajaron a Madrid desde Montevideo en el Gulfstream de Lionel Messi, alquilado por la empresa Flyzar. Con ellos fueron Guillermo Cóppola y Lucas Nejamkis, los dos asistentes personales de Stiuso, quien debió suspender su participación en el viaje a último momento.

Los peregrinos de Madrid creen que esta información fue ventilada por los viajeros de Lago Escondido, en venganza por la supuesta felonía de Bergroth, el otro asistente de Stiuso. Una pelea de “huemules” y “toreros”.

Por Carlos Pagni

• Cristina Kirchner
• Alberto Fernández
• Casos de corrupción

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