Carrió busca evitar que se definan jueces por decreto
Presentará un proyecto para impedir un avance del Poder Ejecutivo en la Justicia; ya se lo adelantó a Macri
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LA NACIONGustavo Ybarra
La diputada Elisa Carrió presentará hoy un proyecto de ley para impedir que los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y cualquier magistrado que requiera acuerdo del Senado, puedan ser designados en comisión por decreto del Poder Ejecutivo, tal como intentó hacer Mauricio Macri al nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal.
El Congreso se encuentra en receso hasta marzo y sólo puede ser convocado a sesiones extraordinarias en enero o febrero por Mauricio Macri, por lo que la presentación del proyecto no tendrá efectos inmediatos.
Sin embargo, la iniciativa tiene un fuerte impacto simbólico, ya que es impulsada por uno de los baluartes de la alianza Cambiemos. Al respecto, voceros de Carrió aseguraron a LA NACION que la líder de la Coalición Cívica le anticipó a Macri su decisión el viernes último en una reunión celebrada en la quinta de Olivos.
"Fue una buena reunión y Macri lo tomó bien", precisaron las fuentes consultadas por LA NACION sobre la reacción del jefe del Estado ante el paso que dará hoy Carrió en la Cámara de Diputados.
El proyecto modifica el artículo 2 de la ley de organización de los tribunales nacionales, que en su texto sostiene que "los jueces de la Nación son nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, y durante el receso del Congreso, en comisión hasta la próxima legislatura".
Esta cláusula es uno de los argumentos citados por el decreto 83/15, que utilizó Macri para intentar cubrir las vacantes dejadas por Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt en la Corte Suprema. Tras las fuertes reacciones negativas que generó en casi todo el arco político la polémica decisión, y luego de un acuerdo con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, el jefe del Estado postergó las juras de Rosatti y Rosenkrantz hasta, en un principio, febrero próximo.
El texto propuesto por Carrió cerraría la puerta a la posibilidad de apelar a un decreto para nombrar magistrados, al eliminar la facultad de designar jueces en comisión. "Los jueces de la Nación son nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado y, salvo los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación", sostiene el proyecto de Carrió, que consta de un solo artículo y que también firman los diputados de la CC-ARI Alicia Terdada, Fernando Sánchez y Leonor Martínez.
En sus fundamentos, el proyecto deja bien en claro que su presentación intenta cerrar el camino a cualquier interpretación que no sea restrictiva de la Constitución Nacional en cuanto al procedimiento para la designación de jueces. "Resulta necesaria a fin de dejar previsto por ley el único procedimiento de selección de jueces legalmente válido, en los términos de una interpretación restrictiva de las cláusulas constitucionales y el debido respeto a los tratados internacionales de derechos humanos", dice el texto.
En otro párrafo, los diputados consideran "imperioso" asegurar "la designación de jueces naturales", destacando que ésa es la condición que reúnen aquellos que gozan de absoluta independencia del Poder Ejecutivo desde el inicio y la pueden mantener a partir de normas que garantizan la intangibilidad de sus cargos", términos que no se dan cuando se nombran magistrados "en comisión".
Extraordinarias
La iniciativa de Carrió y los diputados de la Coalición Cívica se suma a las fuertes críticas que registró la jugada de Macri desde el mismo momento de su anuncio, el lunes de la semana pasada.
Así, el principal socio de Pro en cambiemos, la UCR, terminó avalando la medida, tras un primer conato de rechazo. El Frente para la Victoria la repudió de plano, llegando sus senadores a advertir que rechazarán el pliego de cualquier candidato que jure en comisión.
A la postergación de la jura de Rosatti y Rosenkrantz se sumaron el inicio del procedimiento del decreto 222/03, de exposición pública de los antecedentes de los candidatos, y el inicio de negociaciones entre el Gobierno y la oposición en el Senado que podrían terminar con un llamado a sesiones extraordinarias en enero o febrero.
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