Caso $LIBRA en la Argentina: los inversores apelan el embargo contra Hayden Davis por US$24.500 por “irrisorio” e “irracional”
La querella plantea que la estafa superó los US$ 100 millones, pero la medida cautelar equivale a una camioneta usada modelo 2018
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La querella en la investigación penal que tramita en la Argentina contra el presidente Javier Milei, el estadounidense Hayden Mark Davis y otros protagonistas del “caso $LIBRA” apelaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de levantar el bloqueo de todos los activos de los acusados y disponer, en su reemplazo, un embargo por 24.500 dólares, por un plazo de solo 90 días.
El recurso de apelación fue interpuesto por el querellante Braian Emanuel Quintero, quien consideró con los abogados Nicolás Rechanik y Camila Palacin que la decisión del juez, que contó con el visto bueno del fiscal federal Eduardo Taiano, “no tiene proporcionalidad” con la operatoria investigada.
La querella destacó que el monto del embargo resulta “irrisorio” al compararlo con la magnitud del supuesto ilícito y las cifras que maneja el expediente, donde el Ministerio Público Fiscal había solicitado originalmente el congelamiento de una billetera digital donde se alojaban US$ 44,5 millones. “Es tal la irracionalidad de la medida que estamos hablando de un valor equivalente al de una Dodge Journey del año 2018”, graficaron.
En su apelación, los querellantes criticaron con especial énfasis el accionar del fiscal Taiano: “Resulta alarmante que -en el marco de uno de los tantos incidentes de medidas cautelares en donde se investiga uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia reciente de nuestro país- la fiscalía pretenda borrar con el codo lo escrito con la mano hasta el momento”.
“Se intenta también hacer pasar una estafa global en la cual estuvo involucrado el Presidente de la Nación, junto a otros importantes funcionarios públicos, donde hubo mochilas con miles de dólares saliendo de cajas de seguridad, movimientos de billeteras virtuales millonarios, aviones privados, etc –enumeraron–, como un hecho menor en el cual algunos de los involucrados pueden simplemente compensar el patrimonio de las víctimas afectadas presentadas en el expediente”.
La querella apuntó así contra la decisión del juez Martínez de Giorgi que benefició a Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, y a los lobistas argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli. El magistrado también levantó la prohibición de innovar sobre los bienes de Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino.
Martínez de Giorgi tomó esa decisión tras acceder al planteo de las defensas técnicas de Davis y del binomio Terrones Godoy y Novelli, quienes habían presentado recursos de reposición contra la resolución previa que, a pedido del fiscal Taiano, había bloqueado todos sus activos —una prohibición de innovar dispuesta el 6 de noviembre para Davis y el 22 de abril para el resto—, decisión sobre la que volvió luego sobre sus pasos el magistrado, con el apoyo del fiscal.
Al reconsiderar el bloqueo de todos los activos, Martínez de Giorgi y Taiano habían aceptado el argumento central de las defensas de los acusados, que plantearon que en el expediente solo habían presentado inversores perjudicados con reclamos fehacientes por sólo 20.000 dólares por el lanzamiento y colapso de $LIBRA . Congelar la totalidad del patrimonio de sus clientes, sostuvieron los letrados, resultaba un “exceso inadmisible”.
Para las defensas, las investigaciones patrimoniales que desarrolló la Justicia durante los últimos meses “implicaron e implican una intromisión en la intimidad y privacidad de las personas investigadas (con la especial protección del secreto financiero, fiscal y bancario) y han derivado en medidas cautelares con grave afectación al derecho constitucionalmente protegido a la propiedad, de manera desproporcionada”.
En un escrito posterior, el fiscal Taiano convalidó la postura de las defensas. Estimó que, “teniendo en cuenta el avance de la investigación” y lo desarrollado hasta ahora en el sumario “a los fines de recuperar el provecho del delito”, no tenía “nada que objetar” al pedido. De esta manera, habilitó al juez Martínez de Giorgi a “hacer lugar” al reclamo defensista.
La resolución judicial generó malestar entre los querellantes, que ahora apelaron lo que calificaron como “un embargo irrisorio”. “En lugar de extremar los cuidados por el movimiento de los activos de los imputados y su imposibilidad de trazabilidad posterior, la Justicia argentina les permite perpetuar el comportamiento evasivo y la investigación - de una causa de por sí muy compleja técnicamente- se vuelve ahora casi imposible de seguir”, destacaron los letrados Rechanik y Palacin.
Los representantes legales de los querellantes recordaron, además, que en los casos de corrupción “resulta de particular importancia asegurar la reparación del daño, que también corresponde resaltar, no es exclusivo de quienes son querellantes particulares en este expediente”.
“El objetivo de la medida cautelar solicitada, posteriormente revocada y que esta querella pretende sea reinstalada es no solamente asegurar lograr el decomiso del producto del delito e imponer la pena pecuniaria y las costas del proceso –remarcaron–, sino evitar algo que de todos modos parece inevitable, que Davis se siga burlando de la Justicia argentina y continúe incumpliendo con todas las órdenes dictadas hasta el momento como se observa con el lanzamiento de ‘The $Libra Trust’ [por el fideicomiso offshore que la defensa de Davis anunció en Estados Unidos la semana pasada] que se fondeó mientras había una prohibición de innovar vigente”, dispuesta por la Justicia argentina.
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