Causa Seguros: un exfuncionario dice que la secretaria de Alberto Fernández “direccionó el negocio”

Roberto Gilbert fue el titular de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y una persona clave en el armado del decreto 823 del 2021 por el que Alberto Fernández impuso la obligatoriedad para los ministerios y agencias de contratar sus seguros con la empresa pública Nación Seguros. La maniobra dio origen a la causa judicial en la que está imputado el expresidente por fraude al Estado. En una entrevista con LA NACION, antes de declarar en sede judicial, Gilbert señala a María Cantero, secretaria de Fernández durante la Presidencia y esposa del broker Héctor Martínez Sosa, como la persona que “direccionó el negocio”.

La investigación judicial sobre el decreto 823/21 reveló conversaciones comprometedoras en el celular del entonces presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano. En estos chats que son parte de la causa judicial se oye cómo distintos funcionarios gestionaron la inclusión de un artículo clave para favorecer a intermediarios en la contratación de seguros. Uno de los protagonistas es Gilbert, quien mantuvo contacto directo con Pagliano y participó activamente en la elaboración del decreto. Desde julio de 2021, cinco meses antes de su publicación, Gilbert gestionó su avance y reportó directamente a la Jefatura de Gabinete, en ese momento a cargo de Juan Manzur. En octubre de 2021, el decreto quedó frenado en esa jefatura y el Ministerio de Economía. En los audios, Pagliano menciona su preocupación por las demoras y su confianza en que Alberto Fernández lo destrabaría. Finalmente, el 12 de noviembre, el borrador fue enviado a la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por Vilma Ibarra.

El punto de mayor conflicto fue el artículo 3, que permitía la intervención de productores asesores de seguros. En los chats, Pagliano insistió en su importancia y trató de convencer a Ibarra de su inclusión. Sin embargo, la funcionaria decidió eliminarlo para evitar legalizar esa figura. El decreto fue publicado el 2 de diciembre sin ese artículo, lo que generó un intercambio final entre Pagliano y Gilbert. Este último celebró su participación y le sugirió a Pagliano que reglamente el decreto para mantener el control.

-Gilbert ¿desde cuando trabaja en la Administración Pública?

-Desde la creación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en 1996.

-¿Cómo es su intervención en la causa de los seguros?

-Primero, hay que entender qué hace la Oficina Nacional de Contrataciones. Es la oficina que emite la normativa del procedimiento de compras públicas. Lo que hacemos es establecer cómo deben realizarse las compras.

-¿Quién le pidió que intervenga en el diseño del decreto 832, que firmó el expresidente Fernández?

-El proyecto surge como una idea dentro de Nación Seguros, impulsada por el gerente general y presidente, Alberto Pagliano.

-¿Cuál es su relación con Pagliano?

-Lo conocí en 1999 cuando fui a trabajar a Provincia ART como subgerente general de Administración. Él era el gerente general en ese momento.

-¿Y cuál era la relación de él con Fernández?

-Eran amigos.

-¿Y usted, qué relación con el Presidente?

-Yo lo conocí cuando él era vicepresidente del Grupo Bapro y yo estaba a cargo de Provincia ART. Mi esposa trabajaba en el Grupo Bapro y era sobrina de Rodolfo Frigeri, que presidía el grupo. Eso me facilitó el contacto con Fernández.

-¿Y qué le pidieron en 2021?

-Fui parte de una decisión política que buscaba estatizar los servicios, como ocurrió con otras empresas públicas. Intervine porque estaba a mi cargo el tema de compras públicas, al igual que la Ley de Compre Argentina o cualquier normativa que quiera regular las compras del Estado. Mi función era dictaminar sobre el decreto para asegurar que no contradijera normativas vigentes.

-La Justicia investiga todas las contrataciones de 2019 a 2023, y este decreto de 2021 permitió que los brokers y aseguradores de Nación Seguros tuvieran una contratación dirigida con comisiones millonarias y pymes armadas para una presunta…

-Sí, eso es así.

-Usted estaba desde antes en ese cargo, ¿qué pasó cuando asumió Alberto Fernández?

-Llegaron Santiago Cafiero y Pablo Delgado, que me nombró a cargo de la ONC, y me pidieron que me quedara en mi puesto.

-¿Quién era Pablo Delgado?

-Era el secretario de Administración y el segundo de Cafiero.

-¿Cuándo surge la propuesta de Pagliano?

-En una reunión con Delgado en 2021. La idea de Pagliano era que el Estado contratara a sus propias empresas para ciertos servicios, como se hizo con YPF, Aerolíneas Argentinas o Banco Nación. Se buscaba evitar a intermediarios privados en temas que podía hacer el propio Estado.

-¿Qué le piden hacer en la Oficina Nacional de Contrataciones?

-Dictaminar sobre el decreto presidencial y verificar que no contradijera ninguna norma vigente.

-¿Cómo fue el proceso de revisión?

-Se corrigieron algunas cosas en el dictamen final.

-¿Qué proponía el dictamen?

-Inicialmente solo cambios de forma. No opinamos sobre el artículo relacionado con los productores de seguros porque hay una ley específica que regula eso.

-¿Qué pasó con el artículo 3 del decreto?

-Pagliano estaba preocupado porque lo eliminaron, pero en realidad hacerlo más transparente fue una decisión correcta. Ese artículo establecía que los organismos públicos debían informar a Nación Seguros si utilizaban un productor de seguros.

-¿Quién lo eliminó?

-Vilma Ibarra.

-¿Por qué?

-Para evitar que pareciera una imposición de Nación Seguros.

-¿Usted sabe que una de las hipótesis de la investigación judicial para el enriquecimiento de los intermediarios y sus pymes fue la inclusión de brokers en el sistema de contratación de seguros?

-Sí, está claro.

-¿Qué diferencia hay entre productores de seguros y brokers?

-Los productores trabajan con compañías aseguradoras específicas, mientras que los brokers manejan múltiples aseguradoras y operan como intermediarios en el mercado.

-¿Por qué el Estado necesitaba un broker según su intervención como funcionario?

-El sistema de seguros en general utiliza brokers porque manejar todos los clientes de forma directa es complicado.

-Pero eso permitió que se pagaran comisiones millonarias a los brokers con la posible corrupción añadida.

-Sí, también es cierto eso, pero yo no me beneficié.

-Se habla de 3500 millones de pesos en comisiones en total; de los cuales casi la mitad están vinculadas a la empresa Bachelier y a Héctor Martínez Sosa.

-Sí, puede ser.

-El Estado se contrata a sí mismo y, aun así, paga comisiones a intermediarios, lo que genera sospechas de desvío de fondos.

-Era lo que se pedía como con otras empresas del Estado.

-La sospecha es el cobro de comisiones, que puede incluirlo a usted…

-Pero le insisto en que yo no me beneficié. Si la figura del bróker hubiera estado presente y también la del productor de seguros, como siempre estuvo.

-Pero se pagaron comisiones. Ese es el gran punto. Después se verá su responsabilidad más allá de lo técnico.

-Eso lo determinará la justicia, ¿no?

Pero no podemos ser ingenuos con las millonarias comisiones que se generaron.

-Me gustaría explicarlo bien porque necesito dejarlo claro. El mundo del seguro funciona con reaseguradores y con productores de seguros. Así funciona.

-¿Y quién le paga al productor de seguros?

-Lo paga la compañía de seguros. La Caja, por ejemplo, le paga comisiones a su broker. Siempre va a ser un broker porque ellos se organizan bajo esa figura, que además tiene una estructura jurídica como sociedad o empresa.

-Lo que se está investigando es por qué ese bróker en particular estaba en todas las operaciones.

-Exactamente. En la póliza de seguros ya estaba contemplada la comisión que se iba a pagar.

-Pero si el Estado contrata al Estado, ¿por qué hay una comisión?

-Esa comisión ya está incluida en la póliza. Lo que veo desde afuera es que el decreto está perfectamente armado. Podés ver cada una de las partes y te puedo decir todos los autores que participaron en su redacción porque hubo varios dictámenes, no solo el de la oficina. Hubo varios informes técnicos. El decreto sale bien. Pero luego, ciertas personas dentro de la administración empezaron a decir: “Vos contratás con este, vos con este, vos con este”.

-¿Se dirigía a qué broker se debía elegir?

-Sí, desde arriba se daba la orden de con quién debían contratar. O sea que el decreto no se hizo con ese fin, pero alguien aprovechó la situación. Exactamente.

-¿Hubo direccionamiento y abuso de autoridad?

-Alguien se aprovechó de la situación. El decreto en sí mismo está bien pensado, tiene su lógica. Pero a partir de su implementación, alguien comenzó a decir: “Quiero que contraten a este, a este y a este”.

-¿Quién fue?

-María. María Cantero, la esposa de Martínez Sosa.

-En los chats de la causa aparece mencionada…

-Sí, y María hacía lo mismo cuando estaba con el jefe de Gabinete, con Héctor. Entraba a verlo y cuando salía la persona anterior, le decía: “Tomá esta tarjeta y contratá a este si querés volver a verme”.

-¿A quién le daba la tarjeta?

-Al marido (Héctor Martínez Sosa).

-¿Y Alberto Fernández estaba al tanto?

-No lo sé.

-Lo que dice tiene valor judicial, porque además está corroborado con las transcripciones de las conversaciones.

-Exactamente. Se crearon empresas alrededor de estas contrataciones dirigidas, las cuales encajaban dentro del decreto y generaron un sistema que ahora está bajo investigación.

-¿Qué pasó después del decreto presidencial?

-Antes, las compañías de seguros se contrataban mediante licitación o compulsa de precios. Con el decreto, se dirigió la contratación para que toda la Administración Pública estuviera obligada a contratar con Nación Seguros. La misma lógica que se aplicó con Aerolíneas Argentinas, donde los funcionarios debían viajar por esa empresa estatal.

-¿Y en este caso?

-En este caso, Martínez Sosa tenía Nación Seguros y otros productores también trabajaban con Nación Seguros.

-¿Por la incorporación del broker dentro de este esquema?

-No, ya existía antes. Los brokers han existido desde siempre en el mercado asegurador.

-Pero el que se quedó con casi todos los negocios fue Héctor Martínez Sosa.

-Sí, porque alguien obligaba a contratar con ese broker en particular.

-Sin el decreto, ¿hubieran hecho lo mismo?

-Sí, con la diferencia de que antes había licitación. Antes del decreto se presentaban varias compañías a la licitación. Si ganaba Nación Seguros, el productor vinculado a ellos obtenía el negocio. Pero antes había más opciones y competencia.

-Y con el decreto se direccionó todo a Nación Seguros.

-Te decían directamente qué productor debías elegir. Antes existía la posibilidad de elegir otras empresas aseguradoras, había más opciones. Te llamaban y te decían: “No, ese no. Poné a este”.

-¿Y qué hizo usted en la Oficina Nacional de Contrataciones?

-Nosotros analizamos que el decreto no violara ninguna norma vigente.

-¿Hubo algún ajuste en el dictamen?

-Sí, hubo ajustes que están documentados en el expediente.

-¿Pensó en convertirte en imputado colaborador?

-Yo no soy colaborador de nadie, pero puedo contar todo lo que sé, aunque no todo puedo probarlo.

Gilbert se presentó la semana pasada junto a su abogado, Roberto Herrera, para ponerse a disposición de la Justicia. Según pudo saber LA NACION por fuentes de la investigación, el extitular de Oficina Nacional de Contrataciones “está en la mira de los investigadores aunque aún no fue citado a declarar porque el expediente está en plena conformación con la asignación de responsabilidades en las maniobras delictivas”. La causa qué pasó del juez Julián Ercolini al juzgado de Sebastián Casanello, evalúa una nueva ronda de indagatorias antes de terminar la instrucción que llevan adelante los fiscales Eduardo Taiano y Carlos Rívolo.

La investigación tomó mayor relevancia cuando se reveló que, durante la gestión de Alberto Fernández, Nación Seguros pagó más de $3500 millones en comisiones a intermediarios. La empresa Bachelier, vinculada al broker Martínez Sosa, lideró el ranking con 1.665 millones por un contrato con Gendarmería.

La Cámara de Casación rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Alberto Fernández contra su citación a indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. Casanello ahora debe resolver la situación procesal de los 39 imputados.

Durante la investigación, se filtraron chats privados que sugieren presuntos hechos de violencia de género del expresidente contra la exprimera dama Fabiola Yañez, lo que derivó en una nueva causa judicial en su contra. El expediente se inició en febrero de 2024 tras denuncias de la abogada Silvina Martínez y los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López de la Coalición Cívica que indica indica que el Decreto 823/2021, dictado por Fernández, impuso la obligación a los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación, sin posibilidad de que se contraten otros servicios mediante licitación pública.

Se señala que la Anses firmó contratos con Nación Seguros SA por 20.000 millones de pesos, y que intermediarios cobraron comisiones de hasta un 17%, el triple del valor habitual. La aseguradora del Banco Nación “subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los 2 organismos estatales, a un broker, con una comisión 3 veces mayor a la del mercado: 17%”.

Y menciona algunos de los brokers presuntamente beneficiados: Pablo Torres García, dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en Villa La Angostura; Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART; y el mencionado Martínez Sosa. Tanto esta denuncia como la de Silvina Martínez señalan, además, que el presidente de Nación Seguros SA era Pagliano, a quien le atribuyen ser amigo del expresidente. El decreto de Fernández fue derogado en agosto de 2024 por el gobierno de Javier Milei.

El fiscal Ramiro González, que subrogó a Carlos Rívolo, amplió la investigación a toda la gestión de Fernández (2019-2023) y ordenó medidas como la revisión de contratos y la obtención de registros telefónicos de los involucrados. También se inhibieron los bienes del ex presidente y otros imputados, aunque la medida fue revocada por la Cámara Federal.

Nuevas pruebas incluyen una pericia sobre el teléfono de María Cantero, que reveló diálogos con Fernández en los que mencionan maniobras para favorecer a Martínez Sosa en la asignación de contratos. En un mensaje, Cantero le alertó que estaban reemplazando a su esposo en un contrato con Cancillería, a lo que Fernández respondió: “ya me ocupo”. Con la causa en manos de Casanello, se espera una definición sobre las responsabilidades de los imputados y nuevas citaciones a indagatoria que comenzarán en los próximos días.

Por Hugo Macchiavelli

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