Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad
El fiscal Franco Picardi acusó a Ariel De Vicentis de encubrimiento; sospecha que le avisó al empresario Jonathan Kovalivker que la Policía de la Ciudad estaba en la garita del barrio y que iban a buscarlo
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El juez federal Sebastián Casanello citó para hoy a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado al empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad, que la policía lo estaba buscando.
De Vicentis, acusado de encubrimiento, lleva más de 11 años trabajando en la seguridad de Nordelta, según su página de LinkedIn.
Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, es buscado desde el jueves pasado. La Policía de la Ciudad estuvo muy cerca de dar con él, pero el empresario se fue de Nordelta en su auto minutos antes de que los agentes llegaran a su casa. Tanto es así que, tal como informó LA NACION, la policía encontró abierta la caja fuerte de un dormitorio y banditas elásticas tiradas en el piso.
La Justicia allanó la casa, donde estaban la mujer y los hijos del empresario, y secuestró 50.000 dólares de otra caja fuerte (la del cuarto de servicio).
A Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y otro de los dueños de la droguería investigada, la Policía lo encontró cuando intentaba irse de Nordelta.
El pedido de indagatoria del jefe de seguridad de Nordelta lo hizo el fiscal de la causa, Franco Picardi. “El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”, dijo a LA NACION una fuente que trabaja en el caso.
El jueves, los investigadores habían dispuesto recaudos especiales para evitar que los empresarios fueran ayudados a escapar. “Hubo malas experiencias con Nordelta”, dijo un funcionario a LA NACION. En los tribunales recuerdan el caso del financista Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, que fue advertido de que iban por él, también en Nordelta, y casi logra huir.
Ante la posibilidad de que el jueves hubiera problemas en el operativo, la Policía de la Ciudad puso al frente del procedimiento a un comisario, relataron fuentes del caso.
Para llegar a las casas de los hermanos Kovalivker, en Nordelta hay que pasar dos garitas, una para entrar a todo el predio y otra para ingresar al barrio La Isla.
Fuentes del caso relataron que en la primera de las garitas, la policía se presentó y pidió el número de lote de la casa de Jonathan. El empleado de seguridad que los atendió se habría comunicado entonces con De Vicentis y hubo un diálogo en altavoz que a la policía le resultó sospechoso. Siempre según la hipótesis que motiva la indagatoria, minutos después, cuando los delegados de la Justicia estaban todavía frente a esa garita, Jonathan Kovalivker salió de Nordelta en su Audi blanco.
Hasta este domingo Jonathan no había sido encontrado. Tampoco su padre, Eduardo Kovalivker, un señor mayor que hoy no estaría ligado al día a día de la empresa, pero figura como directivo. El domingo por la noche, la policía los seguía buscando.
No pretenden detenerlos, sino hacerse de sus teléfonos -que a esta altura es probable que los hayan hecho desaparecer- y de cualquier otro elemento que pueda ser útil para la causa.
A Emmanuel Kovalivker la Policía lo interceptó cuando cruzó dentro del barrio en su auto. Se iba con 266.000 dólares repartidos en una decena de sobres con anotaciones. Le secuestraron ese dinero y también $7.000.000, su celular y su pasaporte.
El teléfono de Emmanuel Kovalivker es uno de los cuatro que tiene en su poder la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal al que se le encomendó extraer la información de los celulares. Los otros son: dos de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y uno de Daniel Garbellini, funcionario de la Andis sospechado de haber cobrado sobornos (que fue el único que aportó la clave para abrir el aparato).
El de Emmanuel Kovalivker es un teléfono de última tecnología y eso hace más complicado el acceso a la información que contiene. El empresario no accedió a entregar su clave.
Cómo empezó el caso
El escándalo comenzó la noche del martes pasado, cuando se publicaron en el canal de streaming Carnaval unas grabaciones de una conversación privada en la que una voz atribuida a Spagnuolo cuenta a un interlocutor no identificado que le están “desfalcando” la Agencia de Discapacidad. Señala a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, como el encargado de organizar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. “Son más chorros que los Kirchner”, dice. Relata que se les pide a las empresas un 8% de coimas, cuando antes era un 5%. Señala a Karina Milei como hipotética receptora de un 3% del dinero y explica que le había avisado de todo a Milei.
La difusión de esta grabación clandestina -que no se sabe quién la grabó ni cuándo, aunque se presume que fue el año pasado- puso al Gobierno en crisis. Pasaron los días y no hubo una explicación.
El miércoles, el abogado Gregorio Dalbón, que representó en distintas causas a la expresidenta Cristina Kirchner, presentó la denuncia penal que dio origen a la causa que, por sorteo, les tocó a Picardi y Casanello, que delegó la investigación en el fiscal.
Cómo sigue
El capítulo del presunto encubrimiento por el que fue citado el jefe de seguridad de Nordelta es una parte colateral de la causa. La parte central es la investigación de las presuntas coimas.
Para avanzar en este aspecto, la fiscalía está revisando los expedientes de compras de medicamentos que se secuestraron la semana pasada. Busca posibles sobreprecios, cartelizaciones o cualquier otra anomalía que pueda haber sido la contrapartida de un soborno. Para eso, se sumó a la causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Sergio Rodríguez.
Fuentes que conocen la marcha del caso estiman que del resultado del análisis de los expedientes administrativos podrían surgir nuevos operativos.
Mientras tanto, en paralelo, la fiscalía espera el resultado del proceso de apertura de los teléfonos secuestrados.
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