Cómo muere la democracia
Si bien Cristina Kirchner es la principal ideóloga de la paulatina destrucción del sistema democrático argentino, son Alberto Fernández y Massa los que tienen las atribuciones administrativas para llevar a cabo lo que ella no podría hacer nunca por sí sola
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Hay que detenerse más en Alberto Fernández y en Sergio Massa que en Cristina Kirchner. Si bien la lideresa es la principal ideóloga de la paulatina destrucción del sistema democrático argentino, son aquellos dos los que tienen las atribuciones administrativas para llevar a cabo lo que ella no podría hacer nunca por sí sola. Desde la condena a prisión a Cristina Kirchner por actos de corrupción en la administración del Estado, un proceso peligroso comenzó en el país. Muchos actos o decisiones se cometieron bajo la anestesia social del Mundial de Fútbol y de las fiestas de fin de año. Y se siguen cometiendo ahora, cuando gran parte de la sociedad está cerca del mar o de la montaña. Las transgresiones del kirchnerismo llegaron a tal punto que ayer un vocero del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden le dijo al corresponsal de LA NACION en Washington que su gobierno hace un llamado “a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”. Es una clara alusión al escandaloso juicio político a la Corte Suprema y también una clara advertencia a Massa, que necesita de Washington y del Fondo Monetario (donde la Casa Blanca tiene una decisiva influencia) para poder mantener en pie la fantasía de normalidad que creó sobre la maltrecha economía local.
No es solo el juicio a la Corte, que ya sería suficiente para mostrar a un gobierno indiferente ante las leyes y las formas de la democracia. De hecho, mucho antes de que el Presidente desayunara a los argentinos en la inhumana madrugada del 1º de enero con el anuncio del juicio a los máximos jueces del país, la Corte ya estaba bajo la persecución pertinaz del cristinismo. El hecho sorpresivo sucedió unos dos meses antes cuando el camporismo que ocupó la AFIP, luego de que se fuera Mercedes Marcó del Pont, comenzó un monitoreo diario de las cuentas del máximo tribunal de justicia del país. Los sabuesos del ente recaudador husmean el dinero de la Justicia. Ya entonces el mensaje consistía en que los jueces estaban por debajo de la autoridad política del país. Adiós a la separación de poderes. Una sigilosa despedida al respeto que merece la cabeza del Poder Judicial. Aunque la AFIP es un organismo autárquico, depende instrumentalmente del Ministerio de Economía y sigue los lineamientos de la política económica. Depende de Massa, para decirlo sin tantas vueltas. El funcionario de la AFIP encargado de perseguir a la Corte Suprema es el subdirector de Operaciones de Grandes Contribuyentes, Mariano Abruzzase, un militante activo de La Cámpora. Abruzzase hace un seguimiento diario de los movimientos de dinero en la cuenta de la Corte referida al fondo anticíclico, que es una vieja estrategia de ahorro para tiempos difíciles, y de las cuentas que el tribunal tiene en los bancos Nación y Ciudad.
En los últimos días, tanto Alberto Fernández como Massa avalaron la política de precios controlados por patotas del sindicato de Camioneros. Anunciaron que podrían sumarse nuevos sindicatos a esta detestable metodología que recuerda las rutinas del nazismo en sus tiempos inaugurales. Elisa Carrió denunció a Alberto Fernández y a Massa por abuso de autoridad; en efecto, son ellos, más que los camioneros de la poderosa familia Moyano, los que desertaron de sus obligaciones institucionales y le entregaron el poder de policía a un sindicato conocido (y temido) por sus prácticas violentas. Resulta, sin embargo, que el poder de policía es monopolio del Estado y no puede ser delegado en nadie. ¿Qué sucederá cuando los sicarios de los Moyano crean encontrarse ante una suba injustificada de precios? ¿Bloquearán las puertas del supermercado, como es la práctica común de los Moyano? ¿Destrozarán las góndolas? ¿Esas son, acaso, formas propias de una democracia o es otro síntoma de su decadencia en manos del kirchnerismo? La política de precios depende también del Ministerio de Economía y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, responsable directo de la política de precios, es un subordinado de Massa. Tombolini viajó en su vida política desde el Partido Socialista hacia Massa sin escalas. Sigue viajando hacia cualquier parte o hacia ninguna. Massa y Tombolini son los culpables de que los camioneros anden hurgando los precios en los supermercados, como si supieran de precios y de cadena de valores. ¿Qué mensaje al mundo le está dando el ministro de Economía cuando perpetra semejante herejía al sistema de libre mercado? ¿Es la misma persona que cuando viaja a Washington o habla en foros de empresarios locales recita con pulcritud los manuales de la ortodoxia económica? Nadie sabe cuál es el verdadero Massa.
El problema se agravaría aún más si el ministro de Economía creyera que con los camioneros de Moyano puede bajar la inflación. No hay ninguna razón seria para suponer que la inflación bajará significativamente durante el año que comenzó. Lo que está haciendo Massa es contabilidad creativa. Por ejemplo, los aumentos a los jubilados y a los empleados públicos están por debajo de la inflación. Es la inflación la que hace el ajuste, no Massa. La emisión monetaria, el verdadero viento que atiza el fuego inflacionario, no cesó durante todo el año pasado. Según un estudio del economista Roberto Cachanosky, la emisión monetaria fue durante 2022 la cuarta fuente de recursos para financiar el déficit fiscal. ¿Qué les dirá Massa a los funcionarios del Fondo Monetario, con los que se comprometió a no emitir para sufragar los despilfarros del Estado? Otro economista, Enrique Szewach, señaló que “por ahora la única ancla potente que está teniendo la tasa de inflación es la sequía que obliga a vender las vaquitas y abarata el precio de la carne y el propio freno a la actividad económica, derivado de la falta de dólares suficientes para una producción normal”. Suponer que la impronta atemorizante de los camioneros puede resolver semejantes problemas es ingenuidad o ignorancia, agravadas por las expresas violaciones de la ley y de los derechos más básicos de los argentinos. El derecho a la propiedad, por ejemplo. Los supermercados también tienen derecho de admisión y podrían cerrarles las puertas en las narices a las patotas de los Moyano. Pero Massa y Moyano confían en el temor que producen sus corpulentos delegados. ¿El miedo es compatible con la vida democrática? No, desde ya.
Es el mismo miedo que quiere infundir Leopoldo Moreau desde la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para agobiar moralmente a los jueces de la Corte Suprema. Estos magistrados están siendo juzgados por el contenido de sus sentencias, un método que fue seriamente cuestionado e impugnado hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las otras razones del juicio político se derrumbarán más pronto que tarde. Los diputados kirchneristas anunciaron que pedirán el entrecruzamiento de llamadas telefónicas de los jueces de la Corte para saber con quién habló cada uno de ellos. “Solo el entrecruzamiento, no el contenido de las llamadas”, intentaron tranquilizar. Nada los habilita para ingresar campantes a la intimidad de las personas. La constitucionalista María Angélica Gelli cuestionó duramente ese anunció porque, dijo, viola las garantías constitucionales más elementales de los argentinos. Recordó que la intervención de los teléfonos, aunque fuere solo un entrecruzamiento de llamadas, requiere de la orden de un juez. Y esa orden debe estar debidamente fundamentada. A su vez, el abogado Alejandro Fargosi, que se dedica desde 1987 al Derecho de las Comunicaciones, alertó que “no existe ninguna duda de que el secreto de las comunicaciones incluye a su mera existencia. Es indiscutible”. Invitó a quien quiera a leer el artículo 19 de la ley 19.798, que regula las telecomunicaciones. Es decir, la ley protege también hasta el simple hecho de hacer una llamada telefónica, sin importar su contenido. ¿Habrá algún abogado entre los peronistas de la Comisión de Juicio Político? ¿O son todos módicos provocadores de barrios?
Si Alberto Fernández anunció el juicio político a la Corte Suprema para alegrarle el nuevo año a una sola persona (Cristina Kirchner), Massa hace posible ese impúdico show con los tres diputados propios que aporta a la ínfima mayoría cristinista de esa comisión. Sin uno solo de esos diputados massistas, el juicio político se caería antes de empezar. Es una competencia entre ellos para agradar a la vicepresidenta y conseguir su apoyo en la interna del Frente de Todos que seleccionará al candidato a presidente del oficialismo en las elecciones de agosto próximo. Con todo, ninguno llegó a tanto como el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien pidió ampliar la Corte y reformar el Consejo de la Magistratura por decreto. Un desvarío propio del chavismo. Capitanich parece ya un Nicolás Maduro chaqueño. Cuando se esperaba que en el peronismo compitieran por cotas más altas de racionalidad, después de dos décadas de irracionalidad kirchnerista, la rivalidad se cifra ahora en quién es más delirante. Esa competencia arrastra jirones del sistema democrático, ya sea con las palabras o con los hechos.
Alberto Fernández carece de fortaleza personal para evitar los actos que él mismo repudió muchas veces. Al contrario, se pone al frente de las peores cosas del cristinismo. Quedará en la historia como el Presidente que devolvió lo militares a los servicios de inteligencia interna y al primer plano de la vida política. El general César Milani, un militar formado en la inteligencia, lo demuestra ahora cuando se convierte en un personaje más del escenario político. Los servicios de inteligencia no respondieron todavía si cuatro coroneles más están haciendo inteligencia interna desde la AFI (exSIDE), que ya confirmó la presencia de dos militares entre su personal. Solo Cristina Kirchner en sus últimos años como presidenta (los más arbitrarios, además) había recurrido antes a militares para que espíen a los argentinos. Alberto Fernández es su leal sucesor en tales violaciones explícitas de las leyes vigentes desde la restauración de la democracia. Massa es otra cosa. Alguien que lo conoce bien suele decir que su forma de hacer política es “peor que la de los Kirchner”. En rigor, Massa aprendió más de Néstor Kirchner que de Cristina Kirchner. El fallecido expresidente es su modelo político. Néstor Kirchner solía buscar el agrado de su interlocutor, aunque era el primero en no creer lo que él mismo decía. Fue él quien construyó la idea de que el poder solo se sostiene con dinero y con la perspectiva de continuidad. La necesaria alternancia democrática en el poder era para él una forma despreciable de concebir la vida pública. Cristina Kirchner es la némesis del estilo de su marido. Ella es explícita. Hace lo que dice y dice lo que hace. El mundo debe adecuarse a su discurso, y si no lo hace, peor para el mundo. Pícaro y utilitario, Massa sabe que el mundo siempre urde su venganza. Por eso prefiere al marido antes que a la esposa.
Tipo de trabajo:
análisis
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