Cómo son los cursos en las cárceles, el atajo a medida para exfuncionarios detenidos por corrupción

Talleres de ukelele, de cultivos hidropónicos y hasta de desarrollo de videojuegos. Los cursos y talleres intramuros se convirtieron en un amuleto de varios exfuncionarios condenados por casos de corrupción para acceder a beneficios en el cómputo de sus condenas bajo la figura de “estímulo educativo”, y acceder, como en el caso del exvicepresidente Amado Boudou, más rápidamente a la libertad condicional.

Aunque se plantea como una herramienta para lograr la resocialización de los internos, en muchas oportunidades, afirmaron defensores oficiales y fuentes judiciales a LA NACION, esta herramienta resulta más accesible en la práctica para unos pocos.

El exvicepresidente Amado Boudou logró una reducción de once meses de su condena por “estímulos educativos”. Durante su estadía en el penal de Ezeiza se formó como programador de sistema de base de datos de computadoras personales, montador electricista, electricista instalador, práctico en organización de eventos y también estudió filosofía.

Además, por una diplomatura de Flacso, la Justicia redujo otro mes de su condena. Con esas cuentas, y tras permanecer durante más de un año bajo la modalidad de arresto domiciliario, hoy Boudou logró acceder a la libertad condicional. A partir de ahora dejará de usar tobillera electrónica y podrá salir de su casa.

Al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi le redujeron 192 días de la pena que recibió por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, por haber aprendido a tocar el ukelele en la cárcel y por haberse instruido sobre cultivos hidropónicos, entre otras cosas.

Las pautas para el cómputo de pena por estímulo educativo fueron fijadas en la ley 26695, sancionada por el Congreso en 2011, que reformó la ley 24660 de ejecución penal, y estableció los plazos que se reducen de una pena en función del tipo de estudio realizado.

Por ejemplo, se reduce un mes por ciclo lectivo anual, dos meses por cursos de formación profesional anuales o equivalentes, dos meses por estudios primarios, tres meses por estudios secundarios, tres meses por estudios de nivel terciario, cuatro meses por estudios universitarios, y dos meses por cursos de posgrado.

Las actividades y talleres educativos que cursaron los exfuncionarios en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal los dicta Encope (Ente Cooperativo Penitenciario). Es el ente encargado de planificar y coordinar todos los talleres de capacitación laboral en la órbita del SPF. También la plataforma educ.ar, dependiente el Ministerio de Educación, tiene un convenio con el Servicio penitenciario para la realización de estos estudios.

Aunque es el Poder Judicial el que aplica finalmente el criterio de a quiénes se les concede o no la reducción de la pena, el Encope es una facultad delegada en el SPF, y el encargado de formular los certificados que luego evalúa la justicia de ejecución penal.

Las carreras universitarias y los cursos de posgrado, en cambio, los brindan la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales con las que mantiene convenios el SPF.

Según el SPF, más del 80% de la población penal federal participa de algunos de los niveles de educación formal y no formal, además de las actividades culturales y talleres de capacitación.

En la práctica, reconstruyó LA NACION de defensores, fuentes judiciales y fuentes penitenciarias, los cursos son “para unos pocos”.

“La desigualdad se replica dentro de las cárceles”, opinó una defensora oficial que dialogó con LA NACION y agregó: “No es sencillo para los llamados “presos comunes” acceder a cursos terciarios, de posgrado o universitario, que son los que en un mayor beneficio se traducen luego a la hora de pedir una reducción de la pena. Además los cupos en los talleres no son demasiados”.

El defensor oficial y coordinador de la Comisión de Cárceles Guillermo Todarello coincidió con que no es fácil el acceso y dijo que “cuantas más herramientas culturales tiene una persona, accede mejor a los cursos”. Además se refirió a que hay un porcentaje de la población carcelaria que es analfabeto, al cual le cuesta aún más acceder a determinados estudios.

Una fuente judicial que suele tener en sus manos el análisis de estos planteos dijo a este medio que, además, suelen ser otorgados mayores beneficios a quienes, al momento de quedar detenidos, tenían estudios universitarios completos.

En el caso de Boudou, por ejemplo, sus defensores habían pedido inicialmente una reducción de 20 meses, un monto que los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina Díaz Padín no habían considerado atinado. Dictaminaron a favor de concederle un beneficio de seis meses, pero el juez Daniel Obligado le concedió diez, y luego, un mes más por otra diplomatura.

Los fiscales habían planteado que no todos los cursos de Boudou estaban dentro de lo calificado como “estímulo educativo”. Según habían dictaminado, no todos los cursos que la defensa de Boudou había exhibido ante la Justicia debían ser incluidos para calcular el monto del beneficio. En el caso de sus estudios universitarios, no todos fueron considerados para el cómputo de la pena.

En el caso de Schiavi, por ejemplo le reconocieron como válidos los cursos de Educ.ar de “Creación de Videojuegos con Construct 2; Reparación y mantenimiento de nuestra computadora personal y Programación visual de imágenes: introducción a Processing, Trabajo 2.0.:CV y entrevistas exitosas”.

La Justicia rechazó considerar otros cursos de formación on line que Schiavi dijo haber realizado. Los había descartado porque no los consideró de formación profesional o le pareció inverosímil que hubiera podido cursarlos en el tiempo en que declaró haberlo hecho y además porque no había constancias de que el mail con el que se inscribió para realizarlos hubiera sido efectivamente del ex funcionario.

Los cursos realizados por Boudou en la cárcel fueron:

• Programador de sistema de base de datos de computadoras personales. El curso se dictó desde el 30 de julio de 2018 hasta el 26 de octubre de ese año, con una carga de 180 horas de duración.
• Montador electricista. También en cautiverio, hizo este curso que tiene una carga horaria de 150 horas. Asistió a las clases desde el 4 de marzo de 2019 hasta el 3 de mayo de 2019.
• Electricista instalador. De los cursos que hizo en cautiverio, este es el más ambicioso, con 450 horas de duración. Lo hizo entre el 6 de mayo de 2019 hasta el 11 de octubre de 2019.
• Práctico en organización de eventos. Con una carga horaria de 150 horas, lo cursó desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019
• Filosofía. Boudou participó de este taller, primero en la cárcel (fue a tres encuentros en septiembre de 2019) y después “en forma virtual” desde su casa (se conectó a otras cinco clases)