El Gobierno avanzó con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados
La reforma reduce las áreas protegidas y le otorga mayores facultades a las provincias para construir el inventario nacional; parte del PJ acompañó los cambios
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El Gobierno avanzó con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.
El oficialismo aprobó la iniciativa en general con 40 votos a favor, 31 rechazos y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Además de parte de Pro, el radicalismo y algunos bloques provinciales, también apoyaron la reforma integrantes del bloque Justicialista: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).
La media sanción tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.
“No es agua o trabajo. Es un país que cuida a sus provincias”, dijo Patricia Bullrich en el discurso final. Consideró que para la ley vigente “proteger ha sido paralizar”. Y concluyó: “Nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que la argentina entre en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente”.
Desde los palcos, siguieron la votación la secretaria General, Karina Milei; Martín y Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Minería, Luis Lucero.
La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. La propuesta, además, atraviesa partidos y regiones. Mientras que casi todos los referentes de las provincias cordilleranas apoyaron la iniciativa, el resto osciló entre el rechazo y un acompañamiento tímido.
El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.
Anabel Fernández Sagasti (La Cámpora-Mendoza) cuestionó la redacción del proyecto frente a lo que ella consideró imprecisión. “¿Qué es una función hídrica relevante? ¿No creen que esto es judicializable? No da seguridad jurídica y no fija criterios técnicos para todas las provincias".
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión fue el mayor poder que los cambios le otorgan a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
Fue Agustín Coto (LLA) quien se encargó de explicar estos ajustes. En su rol de miembro informante del proyecto argumentó que el Ianigla conservará la titularidad del inventario. “No se lo desfinancia, no se lo toca. Se le da el valor que tiene: científico”, dijo. Explicó las modificaciones. “Se incorporan novedades: que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, señaló tras decir que la norma actual es una “ley de chetos que desconoce la diversidad del país”.
Muchos legisladores objetaron la concesión a las provincias. “El Estado nacional queda sin ninguna responsabilidad”, objetó la cordobesa Alejandra Vigo. Anticipó su rechazo al evaluar que no se está hablando de minería sino de agua. “El recurso más importante para las inversiones y para el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.
El santacruceño José Carambia (Movere) objetó los cambios sin matices. “Es una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran”, consideró sobre la reforma.
En cambio, la salteña Flavia Royón, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la potestad de las provincias para definir el inventario. “Se quiere mostrar como si se le entregara la llave a los gobernadores. Acá en esta Cámara tenemos exgobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto”, disparó. Y siguió: “Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias? Seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones”. Terminó su argumentación con un encuadre numérico. Dijo que en la provincia de San Juan el 94% del agua se destina al agro, el 4% al consumo humano y el 1,2% a toda la industria. “El gran consumidor de agua es el agro, no la minería”, sintetizó.
La siguió el catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil. “No hay industria más controlada y regulada que la minería. Estamos buscando una norma que sea más precisa y federal con una regla de oro: mientras sea fuente hídrica relevante no se toca. Ese es el núcleo duro. Tuvimos una ley que durante 15 años fue un poco ambigua”, consideró.
Desde el bloque Justicialista, Daniel Bensusán dio ejemplos concretos para advertir sobre los peligros de la ley. Como legislador pampeano, habló de los Ríos Atuel y Río Colorado cuyos cauces se redujeron significativamente, según argumentó, por la actividad minera mendocina. “Todos los pobladores saben lo que significa cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, en Mendoza, sin cumplir ninguna medida constitucional: terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales”.
Uno de los discursos más encendidos fue el del cordobés Luis Juez, quien justificó su giro: en 2010 apoyó la ley de glaciares vigente. Para ello, se dirigió a “los que hacen patrullaje permanente y terrorismo ecológico”. “Tengo el cuero duro como una tortuga”, comenzó. Dijo que “pasaron 16 años” y consideró que esta reforma permite que las provincias “puedan hacer uso de las facultades que les concede la Constitución”.
Al inicio del debate, Fernando Salino, del Justicialismo Federal, objetó el procedimiento legislativo que el oficialismo le imprimió al proyecto. Anunció que el texto que se sometió a votación lo recibieron a las 15.32. “Esto está fuera de reglamento”, consideró. “Son modificaciones a los artículos que estamos tratando. Desmerece el proceso legislativo y la calidad de la ley”.
La reforma ambiental tensionó el vínculo entre el oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR. La cuenta final dio una mayoría que dependió de que ningún peronista modificara su postura a último momento.
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