Concesiones viales: procesaron a tres “facilitadores profesionales” de la corrupción kirchnerista
El juez Casanello avanzó contra un abogado argentino y dos financistas uruguayos acusados de ayudar a lavar dinero a un extitular del Occovi
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Nueve años después de iniciada la investigación, y tras sortear múltiples obstáculos, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres “facilitadores profesionales”, acusados de participar en maniobras de lavado de activos derivados de actos de corrupción atribuidos a un extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo.
Los procesamientos alcanzaron a Daniel Pérez Montero, Mario Alberto Ribeiro Ricci y Eduardo Roca, quienes continuarán en libertad, pero embargados por cifras multimillonarias, por los roles que al parecer asumieron en las maniobras para ocultar y blanquear bienes para Gustavo Gentili y su familia, tanto en la Argentina como en Uruguay.
Gentili, dos de sus hijos y un presunto testaferro se encuentran ya con procesamientos confirmados por la Cámara Federal y se encaminan a un juicio oral por, entre otros activos, dos departamentos de 200.000 y 238.000 dólares en Montevideo y la simulación de un préstamo por otro US$ 1 millón, también con escala en Uruguay. La maniobra incluyó, además, la compra de una firma llamada Febaro SA, cuyas acciones terminaron en las manos de Gentili y su segunda esposa, Laura Andino, quien también era funcionaria pública.
Gentili y Ricardo López Naón, al igual que Andino y otros acusados –Jorge Luis Pinto, Jorge Donnini, José María Gentili, Miguel Ducoté, César Obliglio y Gustavo González– deberán afrontar un juicio oral por presuntas maniobras delictivas y de lavado que también abarcan ganado y campos, maquinaria agrícola, bonos, dólares y euros, diamantes, rubíes y otros objetos de lujo, además de autos antiguos y de colección.
Según reconstruyeron los sabuesos judiciales, el movimiento de dinero fue constante y con un menú amplio de opciones –desde bonos a efectivo–, tanto en el país como en Uruguay, sin declararlo jamás ante las autoridades tributarias argentinas. Así quedó reflejado en los mensajes que Ricardo López Naón intercambió –y que recuperó la Justicia– con alusiones a “la tarasca” y “los alfajores” que llevaban y traían para concretar operaciones comerciales.
En esa línea, López Naón le envió un correo electrónico a un colaborador tras la compra de uno departamento en Montevideo en la que evidenció que el supuesto origen lícito de los fondos en danza no era más que una fachada. “Técnicamente es una donación del padre”, le confió, “pero no lo podemos decir porque si se escarba, explota todo!!!!”.
Ahora, el juez Casanello avanzó sobre un abogado argentino y dos operadores financieros uruguayos que participaron como “facilitadores profesionales” en las maniobras bajo sospecha, Roca, Pérez Montero y Ribeiro Ricci, y cuyos procesamientos había revocado la Cámara Federal en 2023, tras estimar que no había pruebas suficientes para procesarlos.
Casanello reconstruyó que las maniobras bajo sospecha incluyeron una operación de “préstamo simulado” entre la firma argentina Febaro SA, controlada por Gentili y su esposa, y la financiera uruguaya Aspen Trading Corp., de la que Pérez Montero era socio principal. Ese mutuo, firmado en Montevideo el 12 de julio de 2013, sirvió para justificar el ingreso de 670.000 bonos Boden 2015 −por un valor aproximado a un millón de dólares− en una cuenta de Febaro SA en el Citibank. Los fondos, según determinó el juez, provenían de ganancias ilícitas generadas durante la gestión de Gentili en el Occovi.
En su resolución, el juez citó como “hecho acreditado” que la operatoria se articuló mediante un contrato de mutuo ficticio entre Aspen Trading Corp. y Febaro SA, que sirvió para ingresar bonos argentinos por vía de Uruguay. La firma uruguaya, según el expediente, no verificó ni la identidad real de los beneficiarios finales ni la condición de funcionario público de Gentili, pese a tratarse de un cliente extranjero con indicadores de alto riesgo.
Casanello detalló, además, que el dinero reciclado a través de Febaro se usó para remodelar la casa familiar en el country San Jorge Village, pagar obras a una arquitecta y financiar un emprendimiento ganadero junto a un hermano de Gentili, José María. Y que otra porción se transfirió a Uruguay y se destinó a la compra de un inmueble conocido como “Diamantis”. En ese circuito financiero, el juez detectó la participación activa de Pérez Montero y Ribeiro Ricci, quienes actuaron como “facilitadores profesionales” del esquema de lavado, valiéndose de sociedades de bolsa y financieras radicadas en Montevideo.
El juez sostuvo que ambos operadores uruguayos incumplieron las normas de prevención de lavado vigentes en su país. Según documentación remitida por el Banco Central del Uruguay (BCU), la sociedad DPM Corredor de Bolsa SRL –vinculada a Pérez Montero– fue sancionada por “graves incumplimientos” en su sistema de control, entre ellos la falta de identificación de clientes de alto riesgo, la ausencia de monitoreo de operaciones y la nula justificación del origen de los fondos. Esos hallazgos reforzaron la hipótesis sobre la complicidad financiera que permitió canalizar dinero negro hacia cuentas de apariencia legal.
En la resolución, Casanello también abordó el rol de Roca en otra maniobra atribuida a Gentili: la adquisición encubierta del 60% de la constructora Sycic SA junto a un exsubadministrador de Vialidad Nacional Sandro Férgola. Según las pruebas recolectadas durante la investigación, Roca intervino en la estructuración de contratos y sociedades pantalla que disimularon la identidad de los verdaderos compradores y el origen de los fondos, mientras Sycic obtenía beneficios del propio organismo que Gentili dirigía. El juez concluyó que el letrado habría actuado como pieza clave en la legalización aparente de los presuntos negocios delictivos.
En ese contexto, Casanello decretó embargar a Pérez Montero y a Ribeiro Ricci por 900 millones de pesos a cada uno, y a Roca por 212,3 millones de pesos, tras tomar como parámetro las sumas involucradas en la operatoria bajo sospecha, que “no habría sido posible sin la colaboración consciente y funcional de quienes, desde la estructura financiera o jurídica, aportaron su pericia para dotar de apariencia legítima al dinero de procedencia ilícita”.
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