Controversia: el descargo de un alto funcionario de Defensa ante el reclamo de Bahía Blanca por los puentes
El subsecretario de defensa civil aseguró que las estructuras instaladas no se retirarán; el secretario de Obras Públicas del municipio había señalado un alto cobro pretendido por Nación para su mantenimiento
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LA NACION
Guillermo Madero, subsecretario de defensa civil y protección humanitaria en el Ministerio de Defensa, respondió este viernes a los dichos del secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels, quien dijo que el Gobierno le cobró un pago “millonario” para mantener los puentes de emergencia colocados tras el temporal en marzo.
“Si no, se los llevaban”, había asegurado el funcionario bahiense en una entrevista al medio local La Brújula y planteó que para continuar con la prestación se le exigió al municipio una suma aproximada de $17 millones por cada obra de infraestructura. Sin embargo, Madero negó sus declaraciones y sostuvo que “es falso que las Fuerzas Armadas vayan a retirar los puentes móviles”.
“Finalizada la crisis, se firmó un convenio no comercial, para mantener su operatividad, tal como establece la Ley 20.459 desde hace décadas“, escribió el funcionario en su cuenta de X. Además, cruzó al gobierno de la provincia de Buenos Aires: ”Mientras el gobierno de Kicillof gasta miles de millones en propaganda y políticas de género, las Fuerzas hacen Patria con hechos, no con discursos“.
Fuentes de Defensa indicaron a LA NACION que actuaron de manera inmediata cuando el temporal se hizo presente en la ciudad bonaerense e instalaron, en horas, dos puentes móviles con rampas de 36 metros, “para garantizar la comunicación, el traslado de víveres y la asistencia a los vecinos”. Esa infraestructura fue emplazada, según señalaron, de manera gratuita y mediante la firma de dos actas con vigencia de 90 días.
“Cumplido el plazo y finalizada la emergencia, el propio intendente kirchnerista solicitó mantener los puentes instalados. Ante ese pedido, y conforme al marco legal vigente, el Ejército firmó un convenio con el municipio que establece un canon mínimo de mantenimiento, necesario para preservar la operatividad de las estructuras y asegurar su disponibilidad ante futuras emergencias en todo el país", sostuvieron desde Defensa.
Según dijo este jueves Trankels, se trata de un convenio con la Nación, a través del Ministerio de Defensa que comanda Luis Petri, por el que se le exige al municipio el pago de aproximadamente 17 millones de pesos por cada puente, a lo que debe sumarse un agregado por mantenimiento.
Sin embargo, desde el ministerio nacional indican que ese canon “no es un cobro comercial, sino un mecanismo habitual”. Incluso señalan que existen convenios similares firmados con distintas provincias, que siguen vigentes hasta el día de hoy.
En ese marco, Madero resaltó, este viernes en su publicación, la importancia y el costo económico asumido por el gobierno nacional: “Las Fuerzas invirtieron más de mil millones de pesos y la Agencia Federal de Emergencias aportó 200.000 millones para la asistencia".
No es la primera vez que el municipio a cargo de Federico Susbielles (Unión por la Patria) le reclama al Gobierno fondos y obras que mitiguen los efectos de aquel temporal. Sin embargo, desde el Ejecutivo se vetó a fines de junio el proyecto de ley, aprobado por ambas cámaras en el Congreso, que incluía un fondo especial para la ciudad de $200.000.000.000 y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales.
Para justificar el veto a la ley de asistencia que había votado el Congreso, el Gobierno argumentó que el proyecto de ley sancionado no indicaba “cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen”.
La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, apuntó contra Milei a través de X, a quien lo acusó de “encontrar un negocio” en una necesidad.
“Que el gobierno de Milei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo”, publicó.
Y sumó: “Los puentes de emergencia no son un negocio, son infraestructura vital para asistir y salvar vidas. El Estado debe estar para ayudar, no para facturar el dolor de la gente”.
LA NACION
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