Coronavirus en la Argentina: tras los cacerolazos, el Gobierno apuesta a dar por cerrada la polémica por las liberaciones de presos

Las liberaciones masivas de presos con motivos del avance del coronavirus generaron un malestar social, expresado en los cacerolazos, que el Gobierno quiere frenar
Las liberaciones masivas de presos con motivos del avance del coronavirus generaron un malestar social, expresado en los cacerolazos, que el Gobierno quiere frenar Fuente: Archivo
Jaime Rosemberg
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4 de mayo de 2020  • 12:20

El ruido de los cacerolazos y el palpable malestar en la opinión pública terminaron de convencer al gobierno de Alberto Fernández, que en las últimas horas salió de manera pública a desligarse en forma directa de las excarcelaciones de presos, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, decididas por distintos jueces, basadas en el coronavirus y con el aval (y en algunos casos el elogio) de sectores del kirchnerismo ortodoxo.

"La angustia es de todos. Nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o violador en libertad", afirmó hoy el jefe de gabinete Santiago Cafiero, vocero de la postura oficial durante el fin de semana. "El Ejecutivo no puede ni debe detener ni meter preso a nadie. No es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales", agregó el jefe de gabinete, con la mirada puesta en jueces como el camarista Víctor Violini, cuyos fallos en favor de presos "con riesgo de contagio" de coronavirus serán analizados por la Corte bonaerense por pedido del fiscal Carlos Altuve.

"Los jueces son los que tienen que ser responsables de las decisiones que toman", afirmó Cafiero, y recordó que "hay mecanismos institucionales" para corregir eventuales errores. Por lo bajo, y según pudo saber LA NACION, el Presidente conversó con el gobernador Axel Kicillof y con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre los "mecanismos legales" para frenar las prisiones domiciliarias, más allá de las resoluciones que ya tomó la Justicia bonaerense en relación a las decisiones judiciales (deberán ser tomadas por al menos dos jueces en lugar de uno como hasta ahora) y la decisión del juez Jorge Santo, quien declaró inconstitucional la acordada de la Cámara de Casación porteña que recomendaba "la pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria" a los jueces.

Massa, uno de los dirigentes que se distanció rápidamente de la medida, dio anoche varios pasos, con un guiño presidencial. Uno de los legisladores que le responden, Pablo Garate, pidió el juicio político al juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Claudio Brun, por haber decidido otorgar la libertad a delincuentes acusados de delitos graves y "sin respetar los protocolos mínimos". En las próximas horas, según confirmaron a LA NACION cerca de Massa, se esperan los pedidos de jury a otros jueces bonaerenses que prepara otro legislador massista, Jorge D’Onofrio.

Desde que el propio Presidente criticara, en un hilo de tuits el miércoles pasado, la "malintencionada campaña" de quienes estaban, según él, "induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales", la estrategia de responsabilizar a sectores de la oposición por la difusión negativa de la ola de prisiones domiciliarias tampoco se detuvo. "Esto fue aprovechado por algún grupo opositor que actuó con mucha irresponsabilidad", reiteró hoy Cafiero, en referencia implícita a dirigentes de Juntos por el Cambio, que expresaron a viva voz su rechazo a la medida y arrastraron a sectores dialoguistas que también se sumaron al repudio, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, e intendentes macristas del conurbano, como Jorge Macri y Néstor Grindetti.

Giro en el discurso

Alertados por el impacto en la ciudadanía y sus efectos en la imagen presidencial, el Gobierno fue dejando de lado los argumentos en favor de la independencia judicial, esgrimidos por el propio Fernández en las redes sociales: el miércoles había hablado de las "muy oportunas recomendaciones" de la Cámara de Casación "para hacer frente al problema" de hacinamiento en las cárceles, y dos días antes había justificado el apoyo del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, al pedido en favor de la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La reiteración de manifestaciones ciudadanas (anoche se dio la última en los balcones de la ciudad de Buenos Aires) dio paso a la actitud de "comprender" las ruidosas protestas contra la liberación de presos, varios de ellos de alta peligrosidad.

"[Los cacerolazos] No fueron contra el Gobierno. Es más, probablemente muchos militantes y votantes de Alberto Fernández tocaron la cacerola. No lo tomamos como algo contra el Gobierno. Ese es el error de la oposición", dijo Cafiero, en línea con las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien en la noche del jueves aclaró: "Me parece una manifestación de la ciudadanía que hay que tener en cuenta, porque toda manifestación y todo cacerolazo hay que saber entenderlo y atenderlo porque para eso estamos, para eso uno es parte de un Gobierno", dijo el jueves pasado la funcionaria en diálogo con el canal TN. Un argumento que el Gobierno reiterará una y otra vez para intentar dar por terminada la polémica.

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