Coronavirus en la Argentina: los proveedores del Estado, la otra cara de los sobreprecios

Sobreprecios, pedidos de sobornos, retrasos en los pagos… las falencias del sector público al lidiar desde hace décadas con los proveedores es una historia conocida. Pero el estado de emergencia ante el avance del coronavirus también desnudó la otra parte del problema: los proveedores se cartelizan, entregan productos de calidad inferior a la acordada o después de los plazos pautados, entre otros vicios recurrentes. Solo en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande y uno de los dos más afectados del país por la epidemia, apenas el 25% de las licitaciones vinculados a la lucha contra el Covid-19 se cumplirían en tiempo y forma, según estimaciones preliminares del Ministerio de Salud bonaerense.

En los insumos descartables que requiere el Estado bonaerense para luchar contra el coronavirus, las estimaciones porcentuales son más arduas de calcular. Entre otros motivos, por los muy dispares insumos que salió a buscar en el mercado y los también muy distintos niveles de cumplimiento. Pero las primeras evaluaciones llevan a la misma conclusión: los proveedores no cumplen con lo que ellos mismos se comprometieron a entregar.

¿Un ejemplo? El gobierno de Axel Kicillof buscó adquirir 1.500.000 barbijos quirúrgicos. Pero solo logró que sus proveedores suministraran el 56% de lo que se comprometieron a entregar, en tiempo y forma. En otras palabras, solo recibió 842.000 unidades que cumplieran con los requisitos enunciados en el pliego.

¿Otro ejemplo? El Estado bonaerense salió a comprar 100.000 hisopos de Dacrón, pero no logró acceder ni a una sola unidad, aunque la Casa Rosada lo catalogó entre los 42 insumos críticos para combatir el Covid-19, mediante la resolución conjunta 1/2020 de los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo, del 21 de marzo pasado, y exhortó a las empresas a que otorgaran prioridad de adquisición a las entidades sanitarias.

¿Un tercer ejemplo? La provincia de Buenos Aires quiso adquirir 400.000 kits conformados por camisolines, cofias y botas. Pero solo llegaron a sus depósitos el 30,2% de su objetivo. Es decir, apenas 121.050 kits.

¿Qué dicen los proveedores? Sostienen que operar con el Estado –ya sea nacional, provincial o municipal– suele ser un dolor de cabeza, por lo burocrático y lento, además de que es mal pagador y en ocasiones los obliga a prácticas corruptas. Y recuerdan que el Gobierno bonaerense acaba de lanzar un Certificado de Liquidación Provisoria, para cancelar por tramos y en un contexto inflacionario las deudas multimillonarias que mantiene con ellos y otros contratistas.

Al anunciar la herramienta, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, descargó culpas en la gestión de María Eugenia Vidal. "El objetivo es cancelar, en etapas, la abultada deuda que heredamos con proveedores y contratistas que brindan servicios esenciales para la provincia, en materia de salud, educación, seguridad e higiene", dijo.

Mientras tanto, los tropiezos se acumulan. ¿Un último ejemplo? El Ministerio de Salud bonaerense que lidera Daniel Gollan –quien se encuentra procesado por una presunta administración fraudulenta con el llamado Plan Qunita, mientras fue ministro de Salud nacional hasta 2015- también procuró abastecerse de 400 respiradores automáticos durante marzo. Compró lo que pudo entre tres proveedores.

Uno de esos proveedores, sin embargo, Juan Charbel Awad, le entregó al ministerio 29 aparatos, marca Siemens, usados, algunos de los cuales tenían veinte y hasta treinta años de antigüedad, de producción discontinuada y sin repuestos disponibles en el mercado.

"Entregaron equipos que no eran los acordados", confirmaron a LA NACION fuentes oficiales que detallaron que recibieron las unidades, que debían estar "reacondicionados a nuevo" y cuyo destino final eran los hospitales San Martín (de La Plata) y Del Dique (en Ensenada). Pero decidieron devolverlas sin abonar el precio acordado de casi $ 19 millones. ¿Por qué? Porque no entregaron los repuestos pautados.

Los problemas con las licitaciones y los proveedores no se agotan allí. Porque una revisión superficial de los datos públicos disponibles sobre Awad hubiera alertado a las autoridades provinciales sobre algunos riesgos latentes. Entre otros, porque se encuentra en situación "5" o "irrecuperable" en los registros crediticios y arrastra una deuda por la que la Justicia de Paz bonaerense buscó rematarle bienes en 2018, según consta en el Boletín Oficial de la provincia, mientras que en Brasil también lo busca la Justicia de San Pablo por otra deuda pendiente: la ejecución de un contrato bancario.

Consultado por LA NACION, Awad confirmó que jamás llegó a cobrar "un centavo", dijo, de los casi $ 19 millones del Estado bonaerense, al mismo tiempo que deslindó cualquier responsabilidad por lo ocurrido con sus respiradores en las restricciones que impuso la Casa Rosada debido al avance de la pandemia. "Hicimos la oferta -explicó-, pero no se concretó la operación porque no logramos entregar las baterías solicitadas, por lo que nunca cobramos".

-¿Pero es cierto que los respiradores tienen veinte o más años, su producción ya se discontinuó y no hay repuestos en el mercado?-, le preguntó LA NACION.

-Si bien son antiguos, sí, los íbamos a entregar [a la provincia] con cables y baterías, pero el Gobierno [nacional] cerró las fronteras, ordenó la cuarentena y nos complicó acceder a las baterías, por lo que le reitero que no se concretó [la prestación acordada] y nunca se cobró.

Por Hugo Alconada Mon

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