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Coronavirus: crece la violencia en las cárceles y el Gobierno se involucra para evitar un efecto dominó
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Con el temor de que las protestas registradas desde el viernes pasado en siete cárceles provinciales desemboquen en un estallido en cadena en todo el país, el gobierno nacional monitorea la situación minuto a minuto y redobló las acciones para compensar a los detenidos por las medidas de restricción impuestas ante la epidemia del coronavirus y bajar así el nivel de conflictividad en los penales que dependen del sistema federal.
El Ministerio de Justicia elaboró un listado de la población carcelaria en riesgo sanitario para que los jueces determinen si corresponde disponer su liberación o su detención domiciliaria. Se trata de unas 1300 personas, según fuentes oficiales, que informaron que esa lista llegará hoy a la Cámara Federal de Casación Penal y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, un organismo que funciona bajo la órbita del Congreso, que el viernes hizo una serie de recomendaciones ante la crisis. En el Gobierno esperan que los jueces flexibilicen su criterio en materia de prisiones preventivas, al menos en los casos de quienes son especialmente vulnerables ante el avance del coronavirus, algo que por ahora -advierten- no está pasando.
"Las medidas restrictivas que se tomaron a modo de prevención están teniendo un efecto muy problemático en las cárceles incrementando los niveles de violencia", dijo a LA NACION Alan Iud, secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Iud advirtió que el telón de fondo de esta situación es "la superpoblación y la falta de acceso a otros derechos". Las decisiones a las que se refiere son principalmente dos: la prohibición de visitas, dispuestas por las autoridades políticas, y la suspensión de las salidas transitorias, una medida que, a nivel nacional, tomaron los jueces de ejecución penal incluso antes de que el Presidente decretara la cuarentena obligatoria. Como fichas de dominó, en pocas horas estallaron protestas en seis provincias: Córdoba, Santa Fe, Chaco, Río Negro, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.
Los hechos más graves se registraron en Santa Fe, con motines en las cárceles de Coronda y de Las Flores y un saldo de cinco muertos. En las últimas horas, la provincia de Buenos Aires y Río Negro decidieron flexibilizar las medidas y permitieron que familiares de los detenidos les hagan llegar comida y elementos de higiene.
Si bien no se registraron incidentes en las cárceles federales, en el Gobierno temen que se de un efecto contagio. Eso se promueve desde grupos de detenidos que participan de las protestas. En simultáneo con los motines de Santa Fe, en la cárcel de Devoto, que depende del Sistema Penitenciario Federal (SPF), el lunes por la noche hubo una batucada de protesta que encendió las alarmas.
El Gobierno nacional trabaja para facilitar la comunicación entre los detenidos y sus familias mientras dure la cuarentena, detallaron fuentes del ministerio. Además, apunta a garantizar las condiciones de higiene en los penales: adquirió y empezó a distribuir alcohol en gel en las cárceles.
El SPF se prepara para un escenario "muy grave" y ya alista sectores de aislamiento dentro de las cárceles. Corre con una ventaja en comparación con lo que pasa en algunas provincias: su superpoblación es del 9,35%, baja en relación con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene 45.000 presos en cárceles donde la capacidad -en el mejor de los casos- es para 28.000.
Alternativas a la prisión
Ante ese diagnóstico, el Comité para la Prevención de la Tortura recomendó a los estados nacional y provinciales que se implementen "mecanismos alternativos" a la prisión "que ayuden a descongestionar el sistema", otorgando la posibilidad de cumplir arresto domiciliario o la cuarentena en sus domicilios particulares a un grupo determinados de presos. La solicitud apunta a población de riesgo sanitario, a mujeres detenidas con sus hijos o con hijos menores que están afuera, a aquellos a los que se les suspendió las salidas transitorias, y los que están próximos a cumplir el total de la pena. "No estamos pidiendo una medida masiva y generalizada, sino que los poderes ejecutivos puedan contribuir en la elaboración de informes y listados de personas, para que se evalúe caso por caso", explicó Iud.
En territorio bonaerense, el primero en promoverlo oficialmente fue el procurador Julio Conte Grand, que firmó hace diez días una instrucción general dirigida a defensores y fiscales de la provincia para que analicen de inmediato la posibilidad de requerir la "detención domiciliaria" u otros medios de "morigeración de la prisión preventiva" para los detenidos que integran la "población en mayor riesgo".
Sin embargo, se trata de decisiones que debe tomar en cada caso concreto el juez que tiene a su cargo al detenido. "Nosotros resolvemos casos particulares. Solo el Congreso puede hacer una regla general", advirtió a LA NACION un juez de la Cámara Federal de Casación, un tribunal inundado de recursos por pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria motivados por el avance del coronavirus. Solo hoy la sala de feria del tribunal tenía para resolver más 20 recursos y los jueces saben que con los días serán cada vez más. Hasta ahora, el coronavirus no se impuso como un motivo que haya modificado por sí mismo criterios.
Una de las medidas generales que sí tomó la Casación la semana pasada fue indicarles a todos los tribunales que tengan en cuenta que a raíz de la pandemia de coronavirus deben dar prioridad a los trámites de excarcelaciones presentados por mujeres embarazadas o con niños, mayores de 65 años y personas con problemas de salud.
Sin talleres ni fútbol
La higiene es otro motivo de conflicto en los penales en los que hubo protestas. Los detenidos denuncian que las restricciones no tienen sentido porque las autoridades carcelarias no garantizan el cuidado sanitario del personal penitenciario.
Agrega tensión a la vida intramuros la suspensión de las actividades ordinarias de los detenidos. "Pedimos que se inste al diálogo en las distintas unidades, informando a las personas de las medidas que se tomaron y aplicando mecanismos de compensación frente a las restricciones", insistió Iud.
En las cárceles federales, por ejemplo, hoy no hay talleres, trabajo ni clases; tampoco hay entrevistas con abogados ni se juega al fútbol, y se restringieron todo lo posible los movimientos de los presos dentro de los penales. "Ante el peligro del coronavirus, queremos que se cruce entre ellos lo menos posible", dijo una fuente oficial.
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