Coronavirus: el debate por los presos llega a la Corte provincial

En un contexto social de encendido rechazo a la posibilidad de una salida indiscriminada de delincuentes actualmente detenidos bajo la excusa del acecho de la pandemia de coronavirus, la Suprema Corte bonaerense intentará esta semana desactivar la polémica y fijar el estándar que ponga las cosas en orden ante tanto caos.

El primer paso lo dará hoy el fiscal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, que atacará esta semana la polémica acordada del máximo tribunal penal de la provincia que a principios del mes pasado, y ante la amenaza del Covid-19, abrió la puerta de las celdas de las atestadas cárceles del mayor distrito del país a cientos de presos, muchos de ellos detenidos por delitos graves, como violaciones u homicidios.

Con respecto a ese decisorio, y para desarticular objeciones sobre la eventualidad de resoluciones discrecionales, la Suprema Corte ya había dispuesto que a partir de hoy los habeas corpus que, ante la contingencia del coronavirus, presenten los defensores públicos en favor de presos que integren la llamada "población de riesgo" deberán ser resueltos por los tribunales colegiados con las firmas de al menos dos de sus tres integrantes, y no de manera unipersonal, como se había permitido hasta ahora y como, precisamente, lo hizo el camarista de Casación Víctor Violini, el 8 de abril pasado.

Altuve adelantó que hoy se presentará en queja ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que declare la inconstitucionalidad de la resolución que Violini firmó, en representación de la Sala de Casación que integra.

"Mañana [por hoy] voy a presentar el escrito", dijo a la agencia de noticias Télam Altuve, quien consideró "de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación" el fallo en el que Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer el SARS CoV-2.

Aquel fallo -ratificado por el propio Violini el 17 de abril- detalla que podrán acceder al beneficio de las prisiones domiciliarias en el contexto del coronavirus las mujeres embarazadas o con hijos pequeños, los mayores de 65 años y los reclusos con enfermedades preexistentes que los coloquen en situación de peligro ante un eventual contagio del Covid-19, que además estén procesados o condenados por delitos leves, sin precisión de cuáles son los delitos a los que se hace referencia.

Altuve apeló ese fallo, pero la propia Casación rechazó el cuestionamiento, por lo que el fiscal decidió recurrir en queja ante la Suprema Corte. Fuentes judiciales aseguraron que el máximo tribunal provincial prevé "darle la mayor celeridad posible" al tratamiento del recurso de Altuve y todo indica que lo declarará admisible, tras lo cual debería resolver en el corto plazo sobre la cuestión.

Exceso jurisdiccional

Una fuente cercana al alto tribunal afirmó a la agencia Télam que la decisión del presidente de la Corte, Daniel Soria, y de los jueces Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari podría estar lista en el término de una semana a diez días.

Según esas fuentes judiciales, Altuve afirmará en su recurso de queja que el Tribunal de Casación resolvió una causa colectiva cuando la decisión de otorgar prisiones domiciliarias a los detenidos en las cárceles bonaerenses corresponde a los jueces inferiores (de primera instancia, en el caso de procesados, y de tribunal oral, en el caso de sentenciados), que son los que tienen a su disposición a las personas privadas de la libertad.

Es el mismo enfoque de la presentación hecha por la ONG Usina de Justicia, que motivó que el juez porteño Jorge de Santo declarara la inconstitucionalidad de la acordada de la Cámara Nacional de Casación que, en el mismo sentido que el fallo de Violini en la provincia, recomendaba a los jueces de grado que beneficiaran con prisiones domiciliarias a detenidos por delitos leves o que pudieran estar en riesgo por el Covid-19.

Este fallo abarca a los detenidos en el penal de Villa Devoto, donde hace diez días hubo un violento motín. Anoche se supo que dos reclusos que protagonizaron esa revuelta están internados en el Hospital Pirovano por heridas de balas de plomo.