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Corrupción en la AFA: quién es el juez que busca quedarse con la causa por la quinta de Pilar
Busca forzar una interpretación contra la opinión del resto de los magistrados intervinientes; los nexos políticos en el norte y su relación cercana con el intendente de Pilar
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Cuando todo parecía indicar que los presuntos testaferros de la fastuosa quinta en Pilar -el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte- ofrecerían su versión de los hechos ante el segundo juez que los investigó, un tercer magistrado entró en escena reclamando el caso para su juzgado y sentando un nuevo conflicto de competencia en el universo de casos que investigan a la AFA y a sus autoridades.
Se trata de Adrián González Charvay, juez federal de Zárate-Campana. Tras una presentación de último momento de Pantano y Conte en su juzgado, el juez sostuvo, a contramano de lo que opinarían luego dos fiscales y un juez, que, en razón del territorio, ese expediente le correspondía.
El recorrido de González Charvay en la Justicia se inició hace más de 30 años, aunque ejerce como magistrado desde 2009 primero como subrogante y desde 2015 como titular.
Cimentó su fama de “investigador” y de juez arrojado alrededor de exitosos operativos antinarco y avanzando en causas que impactaron en distintas zonas del arco político.
Sin embargo esa imagen pronto se mezcló con sus lazos y contactos políticos con toda la zona norte del conurbano, en especial, con los municipios de Escobar, Campana y Pilar, donde está ubicada la quinta investigada. Estos nexos, especialmente con el peronismo, cobraron nueva dimensión a la luz de su pedido para que tramite en su juzgado la causa de la propiedad sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Son conocidos los vínculos del intendente de Pilar, Federico Achaval, con la asociación de futbol. Pilar se convirtió, por caso, en el primer lugar a donde se dirigió la copa del mundo que conquistó la selección liderada por Lionel Scaloni antes de descansar en las vitrinas de la AFA, tal como cuentan con orgullo medios locales, que consignan el logro a las gestiones de Achaval con Claudio “chiqui” Tapia. Achaval aparece como uno de los nexos más cercanos de González Charvay.
Más recientemente, el director de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, dio a conocer en diálogo con el medio El Auditor que, como consecuencia de las intimaciones por los presuntos descalabros en sus cuentas, la AFA había intentado relocalizarse en el Municipio de Pilar, pero que la modificación era inválida por no haber sido aprobada previamente por el organismo que preside.
Los allegados a González Charvay, sin embargo, tratan de relativizar y explican que el vínculo del juez con Achaval es el mismo que mantiene con el resto de los intendentes de la zona. Son relaciones “funcionales e institucionales”, a menudo dadas por su expertise, el narcotráfico, dicen quienes lo valoran.
El juez quedó en soledad al reclamar el caso: el fiscal Sebastián Bringas, de Campana, y el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Marcelo Aguinsky, ambos del fuero penal económico, sostuvieron que no le correspondía. Algunos creyeron ver en esa obstinación un intento forzado por quedarse con el caso y sembraron suspicacias.
Frente al argumento territorial, su colega Aguinsky contrapuso que, dada las características de la causa, la ubicación de la quinta era irrelevante y que lo importante era avanzar en la investigación de la AFA.
Quienes respaldan la decisión de González Charvay, en tanto, apuntan que, por ahora, sobre el caso debe primar el criterio territorial. El origen, sostienen, debió ser allí, en Campana, y no en Comodoro Py. “Nadie construye una casa poniendo primero el techo”, grafican.
La misma fuente pone en valor lo que dijo a su tiempo el camarista Leopoldo Bruglia cuando llevó el caso de los tribunales de Retiro al fuero económico y advirtió sobre un potencial conflicto por el territorio.
La política
Desde el comienzo de sus actuaciones como juez federal Charvay acumuló fallos con fuertes resonancias políticas. En noviembre del año pasado, el juez procesó al exministro bonaerense de Transporte, Jorge D’Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato a presidente del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y dictó un embargo de $350 millones. Hasta ese momento, había versiones que lo vinculaban con el área de influencia judicial del massismo.
En mayo de 2022, elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y de un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La carrera política de Ducoté quedó en pausa desde entonces; fue Achával quien lo sucedió en la intendencia de Pilar. Ahí se habría cimentado ese vínculo.
Achaval, ligado al juego a través de su padre, Federico Achaval, registra varios “triunfos” en la sede judicial de González Charvay. Uno de los últimos fue el aval del juez a la municipalidad para cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno de Javier Milei.
“Le pega a todo el arco de la política y avanza en causas fuertes”, refiere alguien que no le tiene especial estima y que busca atenuar los señalamientos de preferencias políticas.
Por sus conexiones fluviales, la porción geográfica en la que cumple funciones González Charvay está sindicada como un punto sensible para el narcotráfico. El juez acostumbra a liderar las investigaciones en su juzgado y solo ocasionalmente delega los casos a la fiscalía. En materia de narcotráfico, nunca.
En su haber registra varios operativos resonantes. Uno de los casos salientes fue el de “Bobinas Blancas”, en julio de 2017. Más recientemente, en julio de este año, ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate y en firmas vinculadas a la operatoria de un buque que salió del puerto argentino y al llegar a Bélgica se le encontraron 222 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. En mayo, en otro procedimiento ordenado por el juez se incautaron más de 1000 kilos de marihuana en allanamientos realizados en Garín, Marcos Paz y Guernica.
Su formación se edificó por entero en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se recibió, cursó estudios de posgrado y obtuvo el título de doctor en derecho constitucional.
Antes de trabajar en la Defensoría General de la Nación y antes de recalar en Campana, se desempeñó durante casi tres años, entre 2006 y 2009, como secretario letrado en Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA, bajo las órdenes del fiscal Alberto Nisman.
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