Cristina Kirchner convierte en política pública su revancha contra la Justicia y el campo

Millones de argentinos que aceptaron, disciplinados, el aislamiento obligatorio por la pandemia, pasaron de la sospecha a la certeza de que el kirchnerismo también quiere encerrar y poner bajo el rigor de su tratamiento las dos grandes pesadillas de Cristina: el Poder Judicial y el sector agropecuario.

Luego del apoyo a Alberto Fernández y la aceptación de sus medidas extremas para frenar el coronavirus, una porción importante de los enclaustrados advirtió que la quietud era utilizada con fines menos sanitarios. Y, en paralelo, confirmaron su sospecha de que los pasos más decisivos sobre el futuro de la Argentina de Alberto están más determinados por los mandatos de Cristina que por las recetas de encierro semanal del grupo de epidemiólogos.

Las formas didácticas y hasta amables del Presidente le fueron reconocidas por una gran parte de los votantes de Juntos por el Cambio. Algunos llegaron a preguntarse si Fernández reduciría la influencia de Cristina y su amplio sector como base para la construcción de su nuevo liderazgo, más pacífico y tolerante. Más que una esperanza fue una ingenuidad.

Los hechos acumulados borran esas creencias. La reforma judicial anunciada por el Presidente al asumir fue empezada por su grupo de confianza, pero la hechura final y, en especial su ejecución, están en manos de dirigentes de Cristina.

La vicepresidenta busca librarse de las 13 causas judiciales por corrupción que tienden a responder cómo es que ella, su familia y sus socios se hicieron millonarios al mismo tiempo que gobernaban. Pero, más importante, se trata de un sistema de garantías de control de los jueces. En pocas palabras: que la impunidad sea legal.

Fernández y sus funcionarios repiten las buenas intenciones originales, mientras el kirchnerismo termina de dibujar el plano de una obra diferente. Es verdad que la Justicia necesita cambios profundos, pero el sentido de esas transformaciones se dirige a asegurar su sujeción al poder político antes que a liberarla.

Es por eso que Cristina se aseguró el control del diseño de la estructura judicial encargada de investigar los delitos cometidos en y desde el Estado y, también ya aseguró la presencia de incondicionales en la selección de los nuevos jueces. Deberán ser confiables... para ella.

El ensayo se complementa con la desarticulación en salas de la Corte Suprema, una vez que se haya ampliado la cantidad de miembros y, de nuevo, hayan llegado al máximo tribunal gente un poco más accesible a los deseos del kirchnerismo.

El ensayo para intervenir y luego expropiar al grupo Vicentin, una de las cinco agroexportadoras del país, registra los mismos signos que el caso anterior. Una discusión de segundo orden fue habilitada desde la Casa Rosada y desnuda quién ejerce el poder. El Presidente y sus muchachos dijeron que la idea de quedarse con la megacerealera les pertenece, pero el kirchnerismo lo desmiente con otros argumentos y con la colocación al frente de esa operación de hombres de Cristina.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero prometió que no todas las empresas concursadas serán expropiadas un día después de que el Presidente dijera que el rumbo del país no es Venezuela. ¿A quién le estaban diciendo eso? A los votantes moderados que están perdiendo.

Nada más perturbador que las aclaraciones a destiempo.

Lejos de los paños frios de la Casa Rosada, la lista de justificaciones kirchneristas es larga: "soberanía alimentaria", fijación de precios testigo (como si fuese posible con cotizaciones globalizadas), control de las exportaciones agropecuarias, freno a la compra de empresas argentinas por grupos internacionales.

Lo más importante está en dos motivos: una vez más, la necesidad de domesticar al sector agropecuario por parte de Cristina. La herida de aquel conflicto de 2008 proyectó estos rencores y estos deseos de venganza. Y el otro motivo es más tangible: meterle una vez más, pero ahora a gran escala, la mano en el bolsillo a la actividad económica que más divisas genera por exportación al país.

Con el final del caso Vicentin todavía abierto, el anuncio de la expropiación detonó una reacción que todavía está lejos de expresarse en su total dimensión en el interior de la Argentina. Esas manifestaciones que se vieron en Avellaneda y Reconquista (Santa Fe) pueden ser apenas un avance minúsculo de un sector que ya salió a pelear por lo propio y terminó siendo uno de los cimientos para la construcción de una oposición a la "década ganada". Es simple, razonan en el país productivo del área central, que va de Mendoza a Entre Ríos: si fueron por Vicentin, después van a seguir tratando de sacarle lo que queda al resto. Ya hubo una incipiente protesta por el aumento de las retenciones que quedó latente. Las cacerolas porteñas añadidas en señal de solidaridad recuperan aquellos aires de 2008, como si la historia pudiese volver a repetirse.

Es imposible volver al pasado. Pero algo distinto e igualmente amargo podría estar cocinándose con la odiosa receta del ayer.