Cuadernos de las coimas: la denuncia contra un gremialista expone la pata sindical del caso
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LA NACION
Uno de los puntos de recaudación mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno es el estacionamiento de la Administración General de Puertos, en Belgrano y Azopardo. En uno de sus escritos, el chofer del exsecretario Roberto Baratta menciona que recibió ahí mismo bolsos de parte de Hernán Gómez, asesor del entonces ministro Julio De Vido con la "recaudación de los empresarios". El bolso, según apuntó Centeno, contenía 600.000 dólares.
Uno de los grandes negocios que se desarrollaba en ese organismo desde 2011, el cuestionado Transporte Argentino Protegido (TAP) generaba 130 millones de dólares por año, según cifras oficiales, hasta que el sistema de cobro compulsivo fue desmantelado en 2016. En total originó cerca de 800 millones de dólares.
Instrumentado en épocas en que el camionero Hugo Moyano era aliado político de Cristina Fernández de Kirchner, el TAP era un seguro que las empresas exportadoras e importadoras debían contratar para operar en los puertos argentinos, al margen de que los contenedores ya estuvieran asegurados. Mientras que los precios internacionales de los seguros rondaban entre los 8 y los 12 dólares por contenedor, el TAP tenía un costo de 88 dólares. La empresa que tenía el monopolio de esa recaudación y emitía los certificados correspondientes era Ivetra SA, (Instituto Verificador del Transporte), dirigida por el exjuez Daniel Llermanos, abogado del líder de Camioneros.
Si bien el TAP no era obligatorio por ley, en la práctica los camiones de las empresas de comercio exterior, que operan en el país un millón 500.000 contenedores por año, no podían ingresar a los puertos para carga y descarga si no contaban con el certificado. Y es que había una "fuerza de choque" especial que se encargaba de que así fuera: el gremio de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, cuyo exsecretario adjunto Daniel Amarante está denunciado en la Justicia por "amenazas y extorsión", entre otros delitos, a raíz de su accionar en este tema.
En uno de los audios aportados a la Justicia por el actual interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, y difundido en el programa Lo Que El Dia Se Llevó, de LN+, se lo escucha al propio Amarante reconocer: "Como con la cuota no alcanza, salimos a las terminales a controlar el TAP y el que no tiene el TAP, atrás, y en 20 minutos tenés los camiones hasta el Obelisco".
Las causas en su contra, una por amenazas, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos y otra por evasión fiscal agravada fueron ratificadas el lunes por el propio Mórtola ante los juzgados federales de Daniel Torres y de Rodolfo Canicoba Corral, quien también lleva adelante la causa por la que está preso el líder del SOMU, Omar "Caballo" Suárez.
El exsecretario adjunto de los Guincheros, además, figura como director suplente de la empresa de estiba Servicios Marítimos Fluviales SA, cuya dirección, casualmente, coincide con la sede social de Ivetra SA y de APC (otra de las firmas vinculadas a la operatoria y también atribuida a Moyano): Piedras 343, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amarante, a quien se ha vinculado además con la barra brava de San Lorenzo, está impedido de asistir a espectáculos deportivos hasta marzo de 2019 bajo la figura de "Restricción de Concurrencia Administrativa", aplicada por el sistema de derecho de admisión debido a su comportamiento violento contra periodistas de Boca durante un partido.
En otro de los audios aportados a la Justicia y difundidos por LN+ se lo escucha a Amarante declarar: "Mirá que los Kirchner me chorearon la plata, eh, porque me la robaron, pero no me mandaron a matar. Pero me decían 'loco, acá, a ponerla'".
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Con la colaboración de Federico Teijeiro
Guadalupe Vázquez
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