Cuadernos de la Coimas: el financista de los Kirchner negó conocer a De Vido y condicionó su participación como arrepentido
Ernesto Clarens abrió una nueva ola de cuestionamientos al proceso; su abogado negó los más de 300 contactos con el exministro; el fallido de Alejandra Gils Carbó
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Tras la embestida de Cristina Kirchner contra el juicio de los Cuadernos de las Coimas, que incluyó un pedido de nulidad y duras acusaciones contra la ley del arrepentido, el proceso continuó este jueves con viejas y nuevas objeciones por parte de empresarios y exfuncionarios.
La ronda de planteos comenzó el financista arrepentido Ernesto Clarens, una pieza clave en el presunto engranaje de recaudación, acusado de oficiar de nexo entre los empresarios y el matrimonio Kirchner. Su abogado, Hugo Pinto, señaló que su cliente no conocía a Julio De Vido y negó la veracidad de las 376 comunicaciones entre ambos que constan en el expediente.
Sobre esa base, condicionó su participación como arrepentido en el juicio, al marcar que el régimen de arrepentidos (ley 27.304), al que se acogió su cliente Clarens, no logra conciliar bien la doble condición de colaborador y acusado.
“Esa colaboración, él no la puede mantener si el requerimiento de elevación a juicio contiene afirmaciones que son contrarias a ese acuerdo”, marcó, y pidió que se corrigiera la información respecto a los llamados con De Vido, cuya existencia niega.
En su declaración como arrepentido, acordada con la fiscalía, sostuvo que fue convocado en 2005 por el empresario Carlos Wagner, quien le dijo que el gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria en la que Clarens debía recibir los “retornos” de las constructoras y encargarse de que llegaran al secretario de Obras Públicas, José López.
Luego de Clarens fue el turno del empresario Gerardo Ferreyra, que es defendido por la exprocuradora de la Nación durante el kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó. La abogada se apegó a planteos previos, marcó un presunto uso extorsivo de la ley de arrepentidos, pidió que se declare su inconstitucionalidad e impugnó la validez de todas las declaraciones de los arrepentidos.
En un momento de su alocución, se refirió al fiscal Carlos Stornelli como “extornelli”, pero se detuvo, sin llegar a completar la palabra. “Tuve un fallido”, aclaró después.
La siguieron las defensas de los empresarios Juan Carlos Lascurain -ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)-, Carlos José Mundín y Alberto Ángel Padoán; y los exfuncionarios Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti.
Además de secretario de De Vido, Olazagasti fue funcionario dentro de la SIDE, por lo que insistió ante el Tribunal con un pedido que ya había formulado a la secretaría de inteligencia para ser relevado del secreto profesional y poder declarar. Su abogado, Ezequiel Klainer, sostuvo que Olazagasti estaba en una encrucijada: “O declara y se expone a ser denunciado; o no declara y mutila su derecho a la defensa”, sostuvo.
Hubo cuestionamientos al rol de querellante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la causa, pedidos para que no se incorporen por lectura los legajos de los arrepentidos y objeciones contra las acusaciones.
Cmo el juicio marcha retrasado, al final de la audiencia el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Enrique Méndez Signori, exploró la posibilidad de celebrar tres audiencias la semana que viene, agregando una el día miércoles, pero muchos de los imputados se opusieron, alegando otros compromisos, como la defensa de De Vido, que ese día debe participar en el inicio del juicio por “Sueños Compartidos”.
Cuestiones preliminares
El juicio retomó su curso tras la feria el martes pasado y el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, abrió las cuestiones preliminares del debate. Denunció la existencia de un presunto forum shopping en el inicio del caso, tal como se conoce a la estrategia judicial que busca elegir el tribunal que llevará el caso, y apuntó también contra el juez y el fiscal que instruyeron la causa, Claudio Bonadio y Stornelli, por un presunto manejo extorsivo de la ley de los arrepentidos.
Ambos planteos fueron luego recogidos por los imputados que lo siguieron, quienes descargaron también sus propias objeciones contra el proceso. La defensa de Roberto Baratta, en manos de Marcos Aldazabal, hizo foco en el presunto nexo del fiscal Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por extorsionar, espiar ilegalmente y traficar influencias; y la del exministro Julio De Vido, encabezada por Maximiliano Rusconi, en la supuesta vaguedad de la acusación en su contra y en que ya había sido absuelto de asociación ilícita en el caso Vialidad.
De Vido y Baratta fueron señalados por distintos empresarios arrepentidos como partes clave del esquema de recaudación. Baratta era quien cobraba el dinero de las coimas junto a su chofer, Oscar Centeno, y De Vido, de acuerdo con la acusación, era una de las cabezas de la pirámide.
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