Declaraciones juradas: a casi dos meses de la irrupción en el Consejo de la Magistratura, creen que se trató de un “trabajo interno”
En julio se descubrió que habían sido violados 32 sobres con datos reservados sobre el patrimonio de jueces; las cámaras y testimonios sugieren que no hubo personas ajenas el fin de semana del 20 de junio
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LA NACIONHernán Cappiello
A casi dos meses de que se descubriera una irrupción en una oficina del Consejo de la Magistratura y la violación de un gran número de sobres que contienen declaraciones juradas patrimoniales de jueces, la Justicia realizó decenas de medidas de prueba que, según fuentes judiciales y del Consejo, hacen pensar que fue un “trabajo interno”, sin presencia de personas ajenas al organismo que elige y controla a los magistrados.
La violación de la parte secreta de las declaraciones juradas de bienes de algunos jueces fue descubierta el 21 de julio, antes de las vacaciones de invierno. Se determinó que había 24 sobres abiertos y alterados, y nueve sobres cerrados que por su aspecto podrían haber sido manipulados –es decir, abiertos y vueltos a cerrar con pegamento–. El hecho se descubrió tras el fin de semana largo del Día de la Bandera.
Entre esas declaraciones juradas de bienes se encontraban las de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que tienen a su cargo el juicio oral contra Cristina Kirchner, así como también de Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Cámara Federal de Casación con casos sensibles, como Hotesur y Los Sauces, el primero, y “la ruta del dinero k”, el segundo.
En la lista de jueces cuyas declaraciones juradas de bienes fueron vulneradas aparecen también la consejera de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, jueza de familia, y Ariel Lijo, juez federal de Comodoro Py 2002 y uno de los más influyentes magistrados en la Asociación de Jueces Federales (Ajufe).
La investigación judicial está en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González. Y la Corte dispuso además que el jefe de Auditores, José Luis Pivetta, realice una investigación interna.
La fiscalía ya tomó declaraciones y recibió la información de las cámaras de seguridad instaladas en la calle, que controla el gobierno de la Ciudad, y de los negocios particulares. Se hizo un relevamiento de todos los vehículos que estacionaron e ingresaron al edificio de Sarmiento 877 entre el 17 y el 20 de junio.
Los datos, por ahora, no arrojan sorpresas. Todas las personas detectadas son las que deberían estar ahí esos días, dijo un investigador a LA NACION, que explicó además que las cerraduras no estaban rotas, sino que una de ellas estaba abierta y la otra estaba “como trabada” cuando colocaron las llaves.
Todos estos elementos hacen sospechar que quien realizó esta tarea se tomó mucho tiempo y debió ser alguien con conocimiento de las oficinas y del orden de la documentación en los archiveros. Se observó en la oficina de Declaraciones Juradas que “la mayoría de los cajones que componen los ficheros se encontraban desordenados respecto al orden cronológico ascendente en el cual permanecen”, señala un informe del expediente.
Es más, no está claro que todos los sobres manipulados hubieran sido espiados ese fin de semana: incluso pudo haber una alteración anterior, que ahora se descubrió porque el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, ordenó realizar un inventario de todos los sobres que estaban en los archiveros. En el día a día de la oficina se trabaja con los sobres más recientes por lo que los anteriores, si estaban alterados, puede que pasaran inadvertidos, dijo una fuente del caso.
Cerca de unas 100 páginas del informe de las cámaras será contrastado con el registro de ingresos. “No se ve nada raro por ahora”, dijeron las fuentes. Otro aspecto que resta aclarar es el funcionamiento de las cámaras internas del Consejo. Un informe de la Dirección de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura informó que “debido al problema generalizado que se registró en los sistemas del Poder Judicial de la Nación el día jueves 16 de junio de 2022 se vieron afectados la totalidad de los sistemas de cámaras de video vigilancia implementadas en la Ciudad de Buenos Aires”. Esos sistemas se restablecieron día a día. En el edificio de 877, “los registros fílmicos se interrumpieron el día jueves 16/06/2022 a las 14.21 horas y se reanudaron el día miércoles 22/06/2022 a las 9.00 horas”, dice el informe. Es decir que las cámaras funcionaron, pero no grabaron.
Entre las medidas realizadas, los investigadores judiciales fueron a las oficinas, levantaron croquis, en algunos casos vieron que los sobres se rompieron, otros fueron abiertos, pero no falto nada en su interior.
Además, declararon como testigos el subcomisario Daniel Dell Amico, a cargo de la División Seguridad y Custodia del Consejo de la Magistratura, que aportó el informe de los ingresos al edificio entre el 16 y el 21 de junio. Luego amplió con otro informe sobre los policías que trabajaron en el Consejo ese fin de semana y si arribaron con automóviles particulares. Se recibió además la declaración a Guillermo Yllanes, a quien los empleados de la oficina de declaraciones juradas le pidieron ayuda para abrir la puerta trabada del ingreso al despacho.
En paralelo, se formó un equipo especial del Centro de Monitoreo Urbano para analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad y ese informe de cien páginas ya fue entregado junto con el de las cámaras de seguridad del edificio.
Declararon las tres empleadas de la oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo: María Victoria Pérez Bayonzo (responsable de la oficina), María Victoria Villarreal y Aldana Juárez, y el subdirector de la Oficina de Enlace del Consejo, Sebastián Más.
La Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad relevó las cámaras privadas de la zona y pudo encontrar que la única que tenía vista directa a la entrada del edificio fue la del Hotel NH. Sin embargo, las filmaciones no estaban por el paso del tiempo.
Resta analizar –cuando esté disponible– el informe de las empresas de telefonía celular con a lista de todos los teléfonos que se activaron en las celdas con cobertura en el edificio entre el jueves 16 y el miércoles 22 de junio.
En las computadoras de las empleadas de la oficina de declaraciones juradas no hubo inicios de sesión ni otras cuestiones raras en ese fin de semana, informó el auditor Pivetta.
A lo largo de los últimos 20 años, distintas capas geológicas de empleados se fueron sumando al Consejo de la Magistratura, por gestión de diversos consejeros. En esos grupos hay enconos, sectores enfrentados y algún empleado con un pasado en los servicios de inteligencia. En el Consejo prefieren mirar a esas pujas internas, que ni siquiera están ligadas a la grieta política entre oficialistas y opositores, para especular sobre el origen del ataque.
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