Declaraciones juradas: polémica por la intención de exceptuar a los sindicalistas

La revelación de que el proyecto de Ley de Ética Pública que prepara el Gobierno había eliminado la obligación de los sindicalistas de presentar sus declaraciones juradas generó un revuelo en el bloque de diputados de Cambiemos.

Elisa Carrió se encargó de dejar en claro su desacuerdo al reproducir en Twitter un mensaje de Maricel Etchecoin, diputada provincial de la Coalición Cívica, quien escribió: "Sería muy grave que el proyecto que envíe el Poder Ejecutivo no incluya a los líderes sindicales; desde la Coalición Cívica vamos a insistir en su incorporación". También la diputada oficialista Graciela Ocaña se manifestó a favor de incluir a los sindicalistas.

Ante las manifestaciones de rechazo que causó la eximición de los jefes sindicales, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez, debió aclarar que el tema todavía no estaba saldado.

"No están resueltas algunas cosas. El proyecto está muy avanzado en cuanto a la ampliación de mejoras de la actual ley de Ética Pública, pero aún resta seguir trabajando en otras cuestiones", afirmó Sánchez a Télam.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se elimine del texto la obligación de exigir a los jefes sindicales sus declaraciones juradas, el ex diputado de la Coalición Cívica sostuvo que "cuanto más transparencia mejor".

El texto en el que trabaja desde hace varios meses el Poder Ejecutivo, que sería enviado al Congreso antes de fin de año, fue redactado sobre la base de la experiencia recolectada por la Oficina Anticorrupción (OA), y elaborado luego de escuchar opiniones de diversos sectores que participaron de una consulta pública. En su primera versión, impulsada por Laura Alonso, titular de la OA, incluía a los sindicalistas. De hecho, Alonso se encargó de subrayarlo hoy en Twitter tras la polémica.

Pero a medida que avanzó el borrador, otros sectores del Gobierno lograron eliminar el artículo del borrador. Todas las miradas apuntaron, lógicamente, al Ministerio de Trabajo. Ahora, un grupo de diputados oficialistas reclama que vuelva a incorporarse.