Desafíos en un mapa de medios cambiante

Tras un periplo dramático de cuatro años, la ley de servicios de comunicación audiovisual aprobada por el Congreso en 2009 fue declarada ayer completamente constitucional. Los artículos objetados por el Grupo Clarín eran pocos pero trascendentes y aluden a la multiplicidad de licencias que un grupo de medios puede operar, a los derechos adquiridos de los licenciatarios y a las condiciones de transferencia en caso de superar el límite de concentración determinado por ley.

Una mayoría consistente de la Corte avaló la vigencia de los artículos cuestionados y sentenció que la ley no afecta el derecho a la libertad de expresión ni pone en riesgo la sustentabilidad del grupo. Ahora Clarín deberá adecuarse a la ley audiovisual. Y el Gobierno, cumplirla y respetarla. Serían, en ambos casos, novedades.

La Corte desmontó la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión. No asoció desconcentración con derechos constitucionales y diferenció entre renta y sustentabilidad. Enfatizó que la libertad de expresión requiere un debate público robusto y regulación activa para promover el acceso a los medios.

El fallo sostiene que las pautas se ajustan a criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y de idoneidad. Y que no corresponde a la Corte juzgar si los límites a la concentración son adecuados o eficaces o si debió regularse la convergencia tecnológica. La Corte no evalúa la calidad de la norma. Los planteos críticos a la aplicación de la ley tampoco fueron objeto del fallo.

El Grupo Clarín tiene derecho a reclamar en la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de adecuación en el que deberá desprenderse, inéditamente, de gran cantidad de licencias como cableoperador. La Corte cuestionó al Gobierno en varios párrafos. Apuntó que el Estado puede afectar la libertad de expresión cuando actúa discrecionalmente, por ejemplo en la distribución de publicidad oficial.

Finalizada la etapa de la guerra abierta por la impugnación de artículos de la ley, se abren la adecuación, definición y tasación de los bienes afectados a la desinversión y el control de las transferencias e indemnizaciones. Estas cuestiones se judicializarán, pero en capítulos específicos. Será medular el trato que dispense el Estado a los conglomerados que deben ajustarse a la ley en un mapa de medios cambiante, con nuevas relaciones de fuerzas, que mira a 2015.

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