Desvío de fondos: revocan el sobreseimiento de un exintendente acusado de fraude a la administración
Es Jorge Eijó, de General Belgrano; habían declarado el caso prescripto pero la Casación lo anuló; lo acusan de destinar fondos nacionales para agua potable y desagües a otros fines
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara de Casación revocó el sobreseimiento del exintendente de General Belgrano Jorge Eijó, beneficiado por un fallo que declaró prescripta una causa en su contra donde se lo investigaba por supuesto fraude a la administración al desviar para otros fines fondos que estaban destinados a realizar otras de desagües y de agua potable.
La decisión fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, por unanimidad.
En la causa principal, Eijóes investigado por la supuesta defraudación en que habría incurrido cuando, violando los deberes que le correspondían como intendente de General Belgrano, no aplicó a los fines previstos los fondos públicos que el Estado Nacional (a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento -Enohsa-) le transfirió con el objeto de llevar adelante obras vinculadas al suministro de agua potable y desagües.
Eijo ejerció como intendente hasta el 10 de diciembre de 2015. Luego, reportó como personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires entre el 1 de junio de 2020 y el 9 de diciembre de 2021, cuando fue contratado para integrar el agrupamiento “Bloque Político” durante el período de pandemia, para brindar asesoramiento sobre cuestiones que hacen a la mejora del servicio educativo.
El 10 de diciembre de 2021 asumió como concejal de la municipalidad de General Belgrano y, desde junio de 2022, se desempeña como personal de Gabinete del subsecretario de Gestión y Empleo Público de la comuna. Los camaristas consideraron que la causa no se encuentra prescripta dado que el acusado siguió ocupando cargos públicos y debido a la naturaleza de los hechos investigados.
Las normas interrumpen la prescripción de un caso cuando el acusado es funcionario público, ya que se presume que desde su función podría ejercer influencia para frustrar la investigación, hacer desaparecer pruebas o intimidar testigos. Alcanza con que hubiera sido funcionario, sin necesidad de que se pruebe si efectivamente tenía o no injerencia sobre el devenir del proceso en su contra.
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