Diputados opositores solicitan la nulidad del fallo que entregó tierras a mapuches
Legisladores de Juntos por el Cambio señalaron “la falta total de legitimidad del reclamo” y “la irregularidad y arbitrariedad” de la medida judicial que otorgó el título de propiedad a la comunidad mapuche Millalonco-Ranquehue
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LA NACION
Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron que se dicte la nulidad de la sentencia del juzgado federal de San Carlos de Bariloche que ordenó al Estado que entregue tierras a una comunidad mapuche, con la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En el proyecto de resolución, presentado por Alberto Asseff y que cuenta con las firmas de Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Gustavo Hein, Aníbal Tortoriello y José Núñez, manifestaron su “profundo desagrado y preocupación” respecto al fallo judicial.
El fundamento de la solicitud de nulidad de la medida es que “carece de legitimidad” porque “no se ha dado debida intervención a la provincia de Río Negro, en su calidad de tercera necesaria” en el caso. También requirieron al Estado Nacional, al ministerio de Defensa e al INAI, a que apelen la sentencia por “la falta total de legitimidad del reclamo” y por su “irregularidad y arbitrariedad”.
La decisión fue resuelta por la jueza federal, Silvina Domínguez, quien comandó al Poder Ejecutivo Nacional que “en el término de 60 días, transfiera a título gratuito al INAI el dominio de las tierras en propiedad a la Comunidad accionante”, es decir, a la comunidad mapuche Millalonco-Ranquehue.
Los diputados firmantes citaron como antecedente el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró la nulidad de la sentencia que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Trypay Antú, por no haberse dado la debida intervención a la provincia de Río Negro en el proceso judicial. Sostuvieron que el reconocimiento de la personería jurídica de una comunidad “es una competencia concurrente entre el Estado Nacional y las provincias”. Por lo tanto, advirtieron que la cuestión solo podrá esclarecerse con la participación de la provincia de Río Negro en el caso.
Asimismo, señalaron que la ley de Comunidades Aborígenes “no menciona la cesión de tierras del Estado Nacional o fomentar juicios contra el Estado Nacional, como una manera de solucionar los graves problemas que enfrentan hoy las comunidades indígenas”. Por el contrario, plantearon que habla de implementar planes integrales e inclusivos, relativos a la educación, la producción y la salud. Sin embargo, indicaron que “nada de ello se ha hecho, no existen programas ni planes que tiendan a integrar a las comunidades originarias a la sociedad nacional”.
“A simple vista, la única política que viene implementando el Poder Ejecutivo Nacional a través del INAI, es la de fomentar los juicios contra el Estado Nacional sobre tierras de cuantioso valor económico, político y estratégico”, reflexionaron los legisladores de Juntos por el Cambio.
En este sentido, vaticinaron que se verán afectados los organismos de Defensa Nacional, Seguridad y Parques nacionales y provinciales: “Esta política está atentando contra la defensa de los intereses nacionales y la preservación del medio ambiente”. Concluyeron que en este caso “el propio Estado actúa contra sí mismo. Un juego demagógico y altamente peligroso, involucrando al Poder Judicial de la Nación en un conflicto que es inexistente, si no fuera por la convivencia de intereses políticos e ideológicos que lo promueven”.
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