Divide al Gobierno la receta para neutralizar el impacto del paro

No es unánime la determinación de sancionar económicamente a los gremios que impulsan la protesta; se dictó la conciliación obligatoria en muy pocos sectores
No es unánime la determinación de sancionar económicamente a los gremios que impulsan la protesta; se dictó la conciliación obligatoria en muy pocos sectores Crédito: Ricardo Pristupluk
Nicolás Balinotti
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30 de abril de 2019  • 00:05

En el Gobierno surgió una diferencia inesperada sobre cómo neutralizar el paro que impulsan los gremios disidentes de la CGT . Sucedió que no todos en el Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica , estuvieron de acuerdo en avanzar con sanciones a los sindicatos que no acepten la conciliación obligatoria que dictó en las últimas horas el organismo ante la solicitud de apenas un puñado de empresas.

Con un margen legal muy fino para sancionar a los gremios, el Gobierno intentó como última carta frenar el impacto del paro general en el sector aeronáutico. Las compañías estatales Intercargo y Aerolíneas Argentinas solicitaron la conciliación, pero así y todo no hay garantías de que funcionen los vuelos. El sector aeronáutico es particularmente sensible a la conflictividad gremial porque basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga.

Una maniobra similar se ensayó con los gremios portuarios, ya que el Estado ejerce como empleador en algunas terminales. Tampoco hay señales de que los gremios del sector acepten la forzada tregua.

Del sector privado, se dictó la conciliación obligatoria en actividades del rubro de comunicación con la Asociación Argentina de Actores (AAA), el sindicato de la industria cinematográfica y la Cámara Argentina de la Industria del Cine y Video Publicitario. También en la industria aceitera y de las cerámicas.

"Las conciliaciones fueron dictadas a partir de solicitudes de las empresas y deberían abstenerse de realizar medidas de acción directa, o podrían ser objeto de sanciones", informaron a LA NACION en la Secretaría de Trabajo, a cargo de Lucas Fernández Aparicio.

En el Gobierno fantasearon con tener una ola de pedidos de intervención por parte de las empresas, pero eso no sucedió. Sobre todo, Sica esperaba el reclamo de la la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (Fadeeac), que reúne a las cámaras que negocian salarios y condiciones con Hugo Moyano, el impulsor principal de la huelga. Desde la Fadeeac surgió un mensaje, pero con más tono de reclamo que de auxilio. "Los costos no dejan de trepar para el autotransporte de cargas y superaron ampliamente la inflación, con una suba interanual de 66,2%", fijó postura la entidad que reúne a 51 cámaras del sector.

"No es tan sencillo para el Gobierno dictar la conciliación obligatoria si la empresa o el gremio no la solicitan. En este caso, que se trata de un paro general, entonces deberían sentarse a negociar los gremios y el Estado. Y eso no va a suceder. Los gremios de la CTA no corren riesgos de sanción y los de la CGT tampoco, porque son todos gremios habilitados para activar una medida de fuerza según los últimos fallos de la Corte Suprema sobre el derecho a huelga", argumentó a LA NACION Horacio Meguira, asesor legal de la CTA Autónoma.

En el Gobierno, el ala más dura, encarnada en Patricia Bullrich , sugirió contrarrestar la protesta con sanciones económicas a los sindicatos y reforzar la seguridad para garantizar la libre circulación del transporte en los accesos a las grandes ciudades. El desafío de la ministra de Seguridad será despejar las calles para que el ciudadano de a pie pueda asistir a los lugares de trabajo.

Sica, que no luce tan dispuesto a sancionar a los gremios, cuestionó los cortes como método para garantizar el impacto de la medida. Tras la reunión de gabinete, el ministro habló de la necesidad gremial de instaurar "el caos" y dijo que "no hay clima de paro". En Trabajo, además, señalaron que avanzar con las sanciones a los gremios sería de "una enorme sensibilidad política" y que, incluso, no garantiza un desenlace positivo, ya que expone al país a eventuales sanciones de organismos internacionales o a fallos adversos en la justicia laboral, como ya sucedió en otras oportunidades.

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