Eduardo Oteiza: "La política tiene un serio problema de respeto a la independencia judicial"

Eduardo Oteiza es investigador y dirige la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de La Plata. El año pasado, en Kobe, Japón, fue elegido presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, que reúne a más de 500 profesores y especialistas en sistemas judiciales de todo el mundo. Crítico de la reforma de la Justicia presentada por Alberto Fernández, Oteiza sostiene que "la política, en general, tiene un serio problema de respeto a la independencia judicial".

Afirma que es "innegable" que la Corte Suprema arrastra deficiencias en su funcionamiento, pero dice que ahora "no es el mejor momento" para reformarla. Oteiza reconoce los peligros que implica designar a jueces por traslado, pero sostiene que no hay que "demonizar" el mecanismo y afirma que la Corte, por sus antecedentes, tiene poco margen para fallar en contra de los tres trasladados.

Convocado por el gobierno de Mauricio Macri, Oteiza participó de la redacción del proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, que el Congreso no trató todavía, y cuestiona que ahora se presente como "reforma judicial" a "un proyecto que significa simplemente distribuir competencias y nombrar cargos y gastar una cantidad de dinero no calculada".

–¿Cómo cree que debería resolver la Corte el caso de los jueces trasladados?

–La Corte, en la acordada 7, trató expresamente el punto. Sería muy delicado que se apartara del criterio ya expresamente establecido, cuando lo hizo justamente ante una pregunta expresa del Ministerio de Justicia [de Germán Garavano].

–¿Cree que la Corte podría convalidar los traslados sin darles carácter de definitivos, sino hasta tanto se designe a los nuevos titulares por concurso?

–La Corte ha sido creativa en esa clase de soluciones, pero para situaciones generales. En este caso hay una afectación de la inamovilidad del juez en forma muy concreta. En el caso de Bertuzzi, se derogan los sucesivos traslados, incluido uno del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de 2010. Desde ese decreto han pasado diez años. Entonces la revisión de ese criterio me parece bastante delicada en la preservación de la independencia de los jueces. No encuentro margen para una salida intermedia.

–Los traslados consisten en llevar a un tribunal a jueces que concursaron y tuvieron acuerdo para otros cargos distintos, ¿no cree que es peligroso este método de designación?

–Sí, es peligroso. No tengo dudas de que una política contraria a la independencia se puede valer de este mecanismo. Hay un componente de la política -y no me refiero a hoy, sino en general- que intenta tener jueces que puedan resultarles proclives, pero ¿podemos asumir que todos los jueces que pidieron ser traslados lo han hecho por congraciarse con el poder político? Me parece que no. Cuando Raúl Alfonsín nombró a los jueces de la Cámara Federal [que juzgaron a las Juntas militares], venían con distintas trayectorias y ninguno fue cuestionado. No fueron nombrados porque se creyera que iban a fallar de un modo u otro. Y en dos años tuvimos sentencia. Había un poder político que quería solucionar un tema de política de Estado. Es el comportamiento de ambos. No debemos demonizar el traslado, que no está bien, pero ¿ese es el problema o hay un montón de problemas anteriores? Tenemos un procedimiento para designar jueces que no está respondiendo.

–¿El problema está en el Consejo de la Magistratura?

–Creo que en la búsqueda de un Consejo de la Magistratura en la Constitución se tuvieron los mejores fines. Era una buena idea desplazar del campo estrictamente político las designaciones de los magistrados. Pero al igual que con los traslados, es necesario contar con una política que acompañe esa buena idea. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los académicos del Consejo? Hay muchos nombres de colegas muy destacados que nunca fueron pensados para ese cargo cuando lo que plantea la Constitución es acudir al experto. Y en los concursos, el Consejo complica algo que podría ser muy simple. El ejemplo son los concursos de profesores universitarios: no dan lugar a tanto escándalo ni duran tanto tiempo. ¿Por qué cuando se nombra a un juez hacen concursos que tardan cuatro o cinco años? Pareciera que la política, en general, tiene un serio problema de respeto a la independencia judicial.

–El Poder Ejecutivo creó una comisión que propondrá reformas para la Corte ¿Coincide en que necesita reformas?

–Creo que no es el momento. La Corte muestra problemas, esto es innegable, ¿pero tienen que ver con la cantidad de miembros? Hay razones para pensar que cinco es un número muy exiguo con respecto a la deliberación necesaria en la Corte y tiene que tener representaciones de distinto tipo de visiones de país para cuestiones complejas como la eutanasia, por ejemplo. Puede ser cinco, puede ser nueve. Pero esta ampliación claramente debe ser producto de una discusión también con los miembros de la Corte. Tenemos una Corte que falla entre 15.000 y 20.000 casos por año, con picos en materia previsional que desarman al tribunal. Es necesaria mayor transparencia en el funcionamiento del certiorari [los casos que toma el tribunal]. Tampoco es previsible el manejo de los tiempos de la Corte. Pero no creo que hoy sea el momento para discutir la cuestión, cuando hay una preocupación muy grande por la independencia. En 2002, un grupo de ONGs hicieron un documento: "Una Corte para la democracia", en una situación donde preocupaba mucho el tema de la independencia, con un muestreo de los problemas que tenía la Corte, y el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2003, dictó el decreto 222, con muchas líneas de coherencia con aquel documento. Pasó lo contrario de lo que está pasando ahora: hubo una sensibilidad ante estas voces sociales preocupadas por la Corte y se tomó una medida de autolimitación. Yo he elogiado ese decreto y la reducción de los miembros de la Corte de 2006. Son medidas que tienen la sensibilidad de advertir cómo la sociedad está viendo el respeto de la independencia. Se reacciona confiriendo independencia.

–¿Cómo evalúa la situación de la Justicia argentina en relación con lo que pasa en otros países?

–En la Argentina estamos muy acostumbrados a mirar los modelos de Europa y Estados Unidos. Y cruzando el río, en Uruguay, tenemos un comportamiento que es diametralmente opuesto al nuestro. Uruguay tiene, en materia de independencia y transparencia, una posición increíblemente mejor que la nuestra en los rankings internacionales. En independencia, Uruguay está considerada en la posición 21; en transparencia, 21, y en sistema de justicia, 16. El sistema uruguayo de justicia civil es mejor que el canadiense, por ejemplo. Nosotros, en independencia, estamos en el lugar 121 y en transparencia, en el 95 de 176. Son números del World Economic Forum, de Transparencia Internacional y del World Justice Forum. Hay una correspondencia que me parece muy interesante: al que le va bien en independencia y transparencia, le empieza a ir bien en justicia civil. Venezuela, por ejemplo, está en independencia 138 sobre 144; en transparencia, 166, y en justicia civil, 112 sobre 113.

–Al frente de la Procuración General de la Nación hoy está Eduardo Casal, que es un interino, ¿cuán débil es su situación?

–Casal es un funcionario del Ministerio Público de carrera y accede al cargo por imperio de la ley. Con la renuncia de la anterior procuradora, él es quien le sigue en prelación, por ley, para ocupar el cargo. Entonces se transforma en procurador: tiene que hacer todo lo que tiene que hacer un procurador y es tratado como un procurador. Si se pensara que Casal tiene que ser juzgado por el Tribunal de Enjuiciamiento [sin necesidad de un juicio político], lo colocaríamos en una situación para algunas cosas inferior al cargo que está ocupando. Amenazar desplazarlo me parece que es un riesgo para la independencia de una figura que ocupa un lugar clave.

Por Paz Rodríguez Niell

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