El cogobierno con la maldita casta
La historia le impuso a Milei el mandato de la difícil estabilización económica, pero le negó los instrumentos para ejecutarla; el Presidente está obligado a conciliar con el Congreso
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LA NACIONCarlos Pagni
La historia ha tenido ideas raras para la Argentina. En un trance económico que demanda ajustes muy severos, colocó al frente del gobierno a un candidato carente de territorio, de partido y, lo más importante, de fuerza parlamentaria. Es decir, impuso a Javier Milei el mandato de la difícil estabilización económica, pero le negó los instrumentos para ejecutarla. Milei está obligado, por lo tanto, a un trabajoso experimento: debe cogobernar con el Congreso. Debe conciliar con la maldita casta. Este imperativo significa adecuar su mapa mental a los accidentes concretos del terreno. Como sostuvo Ortega en su magnífico ensayo sobre Mirabeau, “lo que más diferencia a la mente infantil del espíritu maduro es que aquélla no reconoce la jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por sus imágenes deseadas. (…) La madurez comienza cuando descubrimos que el mundo es sólido, que el margen de holgura concedido a la intervención de nuestro deseo es muy escaso y que más allá de él se levanta una materia resistente”. Milei comenzó a transitar esa metamorfosis. La del ideólogo que se convierte en político.
A un mes de haber inaugurado su gestión con un discurso pronunciado de espaldas al parlamento, los legisladores le pasan la factura. Los ministros del Poder Ejecutivo deben transitar por la Cámara de Diputados para rendir cuentas de sus iniciativas. No es una derrota de Milei. Lo más probable, si se tiene en cuenta el estado actual de las negociaciones, es que el núcleo su reforma, que es el paquete fiscal, sea aprobado, aunque con algunas modificaciones relevantes.
El punto de partida de la negociación fue la reunión que mantuvieron la semana pasada Martín Menem; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, con los diputados Miguel Pichetto, Emilio Monzó, de Coalición Federal, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Fue un primer contacto que permitió, antes que nada, que los diputados de la oposición constataran que figuras cruciales del oficialismo, como Rodríguez Chirillo, tienen una ignorancia enciclopédica sobre el oficio al que acaban de incorporarse. La prueba más contundente fue la pregunta inicial de Chirillo a Monzó: “Perdón, ¿usted como se llama?”. Del lado federal se escuchó un carraspeo, pero la conversación siguió adelante.
En la charla quedó establecido un riel por el que sigue avanzando la transacción. Se admitirá que haya una declaración de emergencia. Pero sólo por un año. Hay que recordar el clásico aforismo de Pichetto: “Una emergencia, un blanqueo y una moratoria no se le niegan a ningún gobierno”. Las retenciones deberán ser acotadas en homenaje a intereses provinciales. No habrá un cheque en blanco para que el Ejecutivo actualice a su antojo las jubilaciones: si se le transfiere esa facultad, será a cambio de fijar una mejora mínima que acompañe la inflación.
Para Luis Caputo podría ser el comienzo de un alivio. El ministro de Economía cometió el error de permitir que su programa fiscal quedara subsumido en un texto de 664 artículos que pretende remodelar desde las terapias psiquiátricas hasta los institutos de música y teatro, pasando por el sistema electoral. La demora para cumplir con la racionalización anunciada por Caputo preocupa a todo el gabinete. Milei atribuye a ese retraso la disparada de los dólares alternativos, que ayer siguieron ampliando la brecha.
Es una lectura. Hay otras: economistas ultraliberales, antiguos aliados de Milei, entre los que se destacan Carlos Rodríguez y Diego Giacomini, sostienen que el aumento del blue o del contado con liquidación derivan de desaciertos del propio programa económico. La captura de reservas del Banco Central por parte del Tesoro causó un escándalo entre esos profesionales. Rodríguez aceptó: “No hay más remedio. Pero eso no es una política sustentable”. Otro flanco sobre el que el programa de Caputo recibe ataques tiene que ver con la licuación que supone la tasa de interés real muy negativa, que convierte al dólar en una inversión más atractiva. La incertidumbre sobre el régimen cambiario se mantiene, a tal punto que el propio Milei comenzó a garabatear alguna fórmula que libere al Central de la presión de los importadores.
Sobre este panorama de preocupaciones se recorta un acuerdo con el Fondo cuyo alcance es indeterminado. La novedad más modesta, un desembolso para pagar vencimientos, que se formalizó anoche, produjo un saludable repunte en el mercado de bonos. Caputo insistió en que no pretende tomar más deuda. A pesar de esa afirmación ayer volvieron a circular versiones sobre un desembolso adicional, de 15.000 millones de dólares. También están los que fantasean con que esa ayuda venga de la Secretaría del Tesoro norteamericano, como premio a un alineamiento geopolítico. En este mar de ensoñaciones sólo se percibe un punto fijo: Milei sigue sin descartar la dolarización.
El mamotreto legislativo, del que depende el éxito oficial, sigue navegando por aguas procelosas. El eje principal de la negociación está en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien trabaja en todos los frentes. Una prueba: ayer debió interrumpir su asistencia a las comisiones de Diputados para asistir a un almuerzo con varios obispos y arzobispos. Fue en la casa de su amiga María Cristina Guzmán, la mítica jujeña que organizó el encuentro.
La ley tiene demasiado ripio. Juristas destacadísimos objetaron la pretensión reformar el Código Civil y Comercial a través de una ley ómnibus. Alberto García Lema, por su parte, enumeró ayer en LA NACION infinidad de fisuras técnicas que justificarían que ese proyecto fuera declarado inconstitucional. Más allá de deficiencias elementales, como que en una misma propuesta aparecen cambios para cuya aprobación se necesitan mayorías muy diversas.
Con independencia de estos inconvenientes, el Gobierno podría contar con una mayoría dispuesta a aprobar el corazón de su texto con algunos cambios" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">con algunos cambios. Al grupo de Pichetto y López se suma la UCR, que está sometida a influencias diversas que debe conciliar Rodrigo de Loredo. Desde la del gobernador Alfredo Cornejo, proclive a ayudar a Milei, hasta la de Facundo Manes, que lidera un grupo crítico. En Pro, que es el bloque más cooperativo, pasa algo parecido. Patricia Bullrich intenta proyectar su consigna “todo o nada”. Pero choca con muchos diputados reticentes a aprobar aspectos muy controvertidos de la ley.
En el ala ultraoficialista suena con estridencia Diego Santilli, quien reclama a sus colegas “aprobar todo lo que pida este gobierno”. Después baja la voz, y agrega: “por lo menos hasta marzo”. Hay quienes atribuyen este alineamiento a antiguos intercambios del diputado del Pro con el procurador Rodolfo Barra. Puede haber otras razones. Larretista hasta hace media hora, Santilli vio con claridad las virtudes de la ley cuando alguien de su máxima confianza, José Luis Acevedo, fue designado al frente de Corredores Viales S.A. Psicólogo de profesión, Acevedo aprendió en una empresa porteña, Autopistas Urbanas S.A., la administración de sistemas de peajes. Ahora disfruta de sus afinidades ideológicas con las Fuerzas del Cielo: se formó en la ultraderecha que en la Capital lideraba Raúl Padró.
A propósito de estos nombramientos: una de las discusiones de los funcionarios del Ejecutivo con el Congreso se refiere a las privatizaciones. Menem, Rodríguez Chirillo y Rolandi se llevaron de aquel primer contacto una idea general: los bloques afines podrían aprobar que el Estado se desprenda de algunas compañías, siempre y cuando la venta sea sometida al control parlamentario. Eso sí, hay algunos activos intocables. YPF y el Banco Nación, para empezar. Sobre muchas otras materias, un grupo de diputados aprovechó que el Ejecutivo desistió de negociar con los sectores, para abrir su propio diálogo con las “fuerzas vivas”. Fenomenal regalo de Milei a los más pragmáticos ejemplares de la casta.
Las privatizaciones son un problema para Mauricio González Botto, a quien Nicolás Posse encargó ese programa. Hay áreas en las que, para desalojar a los nuevos responsables, Botto deberá recurrir a los cascos azules. Son los lugares elegidos por Milei para cumplir enigmáticos compromisos con Sergio Massa. A la cabeza está AySA, la empresa que dirigió Malena Galmarini, ahora bajo el mando de Marcelo Papandrea. Este funcionario, estrechísimo colaborador de Jorge Brito, llegó al cargo, si no con el impulso, con el visto bueno de Massa. Para Caputo y su socio, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, es una designación relevante: AySA debe decidir el trazado de un tendido de agua que afecta la viabilidad de uno de sus emprendimientos inmobiliarios, en Libertador y Dorrego. Son detalles.
Más importante para Papandrea es arbitrar viejos enfrentamientos entre Galmarini y el sindicalista-espía, José Luis Lingeri. Y realizar algunos gestos simbólicos, como la suspensión de una licitación de policloruro de aluminio que, según denunciaron Ricardo López Murphy y Juan José Calandri, estaba hecha a la medida de Mauricio Filiberti, proveedor monopólico de cloro. El recorte de Papandrea no impidió a Filiberti convocar el sábado pasado a una celebración fastuosa en el barrio privado Las Coronillas, de José Ignacio. Allí celebró su cumpleaños y una inesperada ampliación de la familia.
Massa conquistó también la Secretaría de Telecomunicaciones, a cargo ahora de Martín Cingolani, quien hasta el 10 de diciembre revistaba como subsecretario del Ministerio de Transportes de Axel Kicillof. También tiene feligreses en el directorio de otra empresa pública, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A.: la prensa especializada informó que allí fue designado Sergio Basich, quien procede del Grupo América, de José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopit.
La AFIP es otra zona de continuidad. Allí Milei y el ministro Caputo decidieron conservar, con modificaciones mínimas, el esquema de mandos con que se manejó Massa, apoyándose en su hombre clave, Guillermo Michel, al frente de la Aduana. Rosaura Cedreiras, Jorge Arce, Julio Nieto son engranajes de esa maquinaria construida por Ricardo Echegaray durante el reinado de los Kirchner. Echegaray fue una presencia permanente e informal en la secretaría privada de Michel. En el mismo club milita Gabriel Paraggini, otrora mano derecha del fallecido Damián Sierra, el mejor amigo del tenebroso Antonio Stiuso en ese mundo. La trama incluye una figura decisiva: Verónica Iaconniani, a cargo de una poderosa repartición de Inteligencia que envidiará Silvestre Sívori, el titular de la AFI, designado allí por Posse.
La Aduana es importante, entre muchas cosas, porque ha sido la sede de una situación escandalosa. Como observó Carlos Rodríguez, apenas se insinuó una auditoría la deuda con los importadores pasó de 64.000 a 14.000 millones de dólares. ¿Cuántas fueron las operaciones simuladas durante la gestión de Massa para arrebatar dólares baratos al Central? A propósito de estas fechorías, en el bullicio del cumpleaños de Filiberti circuló esta fábula: el cambista Elías Piccirillo, conocido en la city como “el rey del blue”, celebró la llegada de 2024 convocando a un chef con una estrella Michelin para agasajar a Jesica Cirio en algún rincón de la costa californiana. En el mercado financiero se afirma que Piccirillo llegó a hacer operaciones que le dejaban 1 millón de dólares por día. Así pudo rentar por más de 1 millón de euros el yate Bold para pasear durante una semana con la exmujer de Martín Insaurralde por Ibiza y Formentera. A propósito de Insaurralde, alguien preguntó en esa celebración si es verdad que rehizo su vida al lado de Luciana Salazar, la exesposa de Martín Redrado.
Estas minucias importan poquísimo al lado de un interrogante principal: ¿hasta dónde hunden sus raíces los acuerdos de Milei con el kirchnerismo? Mariano Cúneo Libarona aceleró ese debate al defender que se le quiten a la UIF y a la Oficina Anticorrupción la facultad de querellar. Es una propuesta, en términos teóricos, opinable. Un ejemplo: durante la presidencia de Cristina Kirchner los funcionarios reclamaban esa capacidad de intervenir en causas judiciales para perseguir a la prensa. Otro ejemplo: en la ciudad de Buenos Aires, entre las atribuciones de la Oficina de Integridad Pública creada por Horacio Rodríguez Larreta, no figura la de querellar.
Pero Cúneo no se limitó a sostener una posición técnica. Alegó que la UIF y la Oficina Anticorrupción habían sido instrumentos de un hostigamiento político. Una doble torpeza. Primero porque, según el ministro de Justicia, a los acusados y condenados por corrupción durante los gobiernos Kirchner no sólo no habría que haberlos querellado, sino que hay que pedirles perdón. Segundo, porque a Cúneo, defensor de muchos imputados en esos procedimientos, le podría caber una de las razones que dio Mariano Federici, el extitular de la UIF, en defensa de la autorización a ese organismo para ser parte querellante: romper los vidriosos acuerdos que suelen tejerse entre abogados de funcionarios acusados y los magistrados que los “juzgan”.
Hay infinidad de indicios de que Milei tomó la decisión de no confrontar con el kirchnerismo en materia de corrupción. A tal punto que algunos candidatos a integrar su gobierno fueron vetados por haber denunciado en su momento a la señora de Kirchner. Es la opción política de alguien que teme enfrentar a la expresidenta en el Congreso y en la provincia de Buenos Aires. La incógnita es si ese pacto se sostiene en la clemencia o si supone una asociación cooperativa.
Esta pregunta quedó flotando este martes, durante el plenario de comisiones al que asistió Cúneo Libarona. El diputado López, de la Coalición Cívica, lo consultó sobre una versión: si es verdad que el Poder Ejecutivo está por proponer al juez Ariel Lijo para integrar la Corte. López confesó: “Creo que es un chiste”. Cúneo no respondió.
López se refería a que Lijo es, junto con el fallecido Norberto Oyarbide y el jubilado Rodolfo Canicoba Corral, el magistrado que encarna con mayor nitidez los vicios que otorgan triste fama a la justicia federal de Comodoro Py. Para corroborarlo no hace falta dejarse llevar por las versiones que afirman con insistencia que Lijo suele atender a sus “clientes” en el altillo de la joyería Simonetta Orsini. Alcanza con releer las declaraciones de su excuñada María Carla Lago ante el Consejo de la Magistratura, sobre los negocios del magistrado con su hermano Alfredo en el haras “La Generación”. Cuando los consejeros preguntaron en tres hipódromos por las cuentas en las que se depositaban los premios, recibieron la misma respuesta: “Pagamos en efectivo”. Alfredo Lijo, lobista judicial, se ufana de ser íntimo amigo de Karina Milei. Ha llamado a varios periodistas para aclarar que Guillermo Scarcella, su amigo y rival, juega en ese círculo un lugar secundario. Una carrera de embolsados.
El juez Lijo, afirman en el Senado, solía visitar a Cristina Kirchner en su despacho. También fue próximo a Mauricio Macri, quien impidió que prosperara su juicio político en el Consejo: ¿influyó la causa del Correo, que tramita en su juzgado? ¿O tuvo que ver la investigación sobre el finado Brito, en la que Macri tenía tanto interés? Lo cierto es que Lijo es ecuménico. Eso sí: las versiones que aseguran que en el Gobierno podrían postularlo para la Corte atribuyen a Ricardo Lorenzetti un patrocinio sobre su candidatura. Siempre fueron íntimos.
Esta última especulación no podría ser más inoportuna. Lorenzetti le cae pésimo a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Entre otras cosas porque algunos de ellos le atribuyen haberlos mortificado a través de expedientes que abrió Lijo. La opinión de ese trío puede ser crucial para Milei: a la larga, la constitucionalidad del decreto de Federico Sturzenegger y de la ley de 664 artículos será decidida por la Corte. La jurisdicción de la realidad, de la que hablaba Ortega.
Tipo de trabajo:
análisis
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