El Congreso activa su rol de contralor y acorrala a los funcionarios a los que cuestiona
La oposición busca interpelar a Mario Lugones (Salud), Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Karina Milei (secretaria general), entre otros; $LIBRA, las irregularidades en Discapacidad y el fentanilo adulterado ponen al Gobierno en la mira
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El Congreso dejó de ser un mero obstáculo para Javier Milei y se convirtió en un verdadero campo de batalla. En los últimos meses, no solo le impuso tres leyes que el oficialismo Presidente intentó frenar: también creó comisiones investigadoras que avanzan sobre su círculo más cercano y promovió interpelaciones a funcionarios clave, incluida Karina Milei, su hermana y confidente en la Casa Rosada. El miércoles próximo, incluso, podría avanzar contra José Luis Espert y desplazarlo de la estratétiga Comisión de Presupuesto.
Lo que en otro contexto hubieran sido maniobras extremas, hoy son parte del repertorio habitual de la oposición frente a un gobierno que eligió no negociar. Milei lo dejó claro desde su asunción, cuando dio la espalda a la Asamblea Legislativa para hablarle directamente a la gente en la calle. Aquella señal de intransigencia hoy se le vuelve en contra: perdió aliados, sufrió traspiés políticos y judiciales, y hoy enfrenta a un Congreso que exige explicaciones y no está dispuesto a dejarse pisotear.
El caso $LIBRA se convirtió en el frente más delicado para el oficialismo. La comisión investigadora intenta establecer hasta dónde llegó el involucramiento del Presidente en la promoción de la criptomoneda, hoy bajo sospecha de haber sido el vehículo de una estafa millonaria. Para avanzar, citó a dos funcionarios clave que terminaron en rebeldía: Florencia Zicavo, jefa de Gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y responsable de la Unidad de Tareas de Investigación creada por el propio Gobierno tras el polémico tuit presidencial; y Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, organismo que debería auditar las irregularidades del Ejecutivo.
Ninguno aceptó declarar; Melik fue más lejos e incluso rechazó recibir la notificación oficial. Ante ese bloqueo, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi autorización para que ambos sean citados con auxilio de la fuerza pública. Si el magistrado accede, deberán comparecer el martes próximo en Diputados bajo la amenaza de ser escoltados por fuerzas federales.
El paso siguiente apunta todavía más alto: Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia tenía plazo hasta el 30 de septiembre para fijar fecha de comparecencia, pero guardó silencio. Ferraro intentó contactarse con su secretaria privada en la Casa Rosada, sin éxito. La advertencia de la oposición llegó de la mano del diputado Oscar Agost Carreño: “Vamos a usar todas las herramientas que el reglamento nos da para que se rindan cuentas”. Si la indiferencia de la funcionaria persiste, tampoco se descarta pedir al juez que la obligue a declarar.
Mientras tanto, las pesquisas legislativas avanzan y empiezan a rodear al entorno más próximo del Presidente. La semana pasada surgió un nombre clave: Mauricio Novelli, empresario señalado como el nexo entre los creadores de $LIBRA −el norteamericano Hayden Davis (Kelsier Ventures) y el singapurense Julian Peh (Kip Protocol)− y los hermanos Milei. Los registros muestran que una billetera virtual a su nombre recibió US$180.000 desde Singapur. También quedó registrado manipulando cajas de seguridad apenas diez días antes del tuit de Milei, y su madre y su hermana repitieron operaciones similares el primer día hábil tras ese anuncio.
La comisión ya libró oficios a 18 exchanges y billeteras virtuales, y nadie descarta que surjan más nombres y movimientos financieros vinculados al lanzamiento de la “meme coin”.
Pero $LIBRA no es la única sombra. El Congreso también baraja pedirle explicaciones a Karina Milei por los audios del exdirector de la Andis, Diego Spagnolo, en los que la menciona como beneficiaria final de un presunto esquema de coimas montado en el organismo de discapacidad, supuestamente coordinado por su hombre de confianza, Eduardo “Lule” Menem.
En paralelo, el Gobierno promulgó la emergencia en discapacidad pero suspendió su aplicación, alegando falta de financiamiento (pese a que desde hace dos años el Gobierno se maneja sin un presupuesto aprobado), lo que dejó en la cuerda floja al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La oposición ya motoriza interpelaciones y hasta una moción de censura contra Francos si no reasigna partidas a la Andis.
El frente sanitario también amenaza. A Lugones le exigen explicaciones por las 124 muertes vinculadas al fentanilo adulterado, una tragedia que involucra a la Anmat, organismo bajo su órbita y responsable de garantizar el control y la trazabilidad de medicamentos.
Con comisiones activas, citaciones en puerta y la amenaza de la fuerza pública, el Congreso arrincona a un oficialismo frágil y tensiona al máximo los márgenes de poder presidencial.
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