El Congreso activó una comisión clave para controlar las privatizaciones que apura Milei
Se trata de la bicameral de Reforma del Estado, que tiene a su cargo seguir los procesos autorizados por la Ley Bases; ya se aprobó una batería de pedidos de informes
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LA NACIONGustavo Ybarra
Mientras los bonos argentinos se desplomaban al ritmo de las palabras de Donald Trump, que condicionó el apoyo de los Estados Unidos al resultado que obtenga el oficialismo en las elecciones, la administración de Javier Milei recibió una batería de malas noticias con la activación de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones.
Es que el organismo legislativo, que llevaba más de una década sin funcionar, no sólo tuvo una reunión constitutiva, sino que fue más allá y despachó una serie de pedidos para que el ministro de Economía, Luis Caputo, informe sobre los diferentes procesos de privatización en marcha, autorizados cuando se sancionó la Ley Bases.
Los pedidos de informes fueron impulsados por el senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas-Salta), quien fue elegido presidente de la bicameral, y requieren del Poder Ejecutivo información sobre el traspaso a manos privadas o la concesión de empresas como Intercargo, el ramal Belgrano Cargas, la Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La batería de pedidos de informes también alcanza a dos de las “estrellas” del proceso de privatización que impulsa el Gobierno, como son Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) y Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
La propuesta de Romero fue secundada por el kirchnerismo y aprobada sin objeciones por el resto de los integrantes de la comisión, incluidos los representantes libertarios. Además del legislador salteño, forman parte de la bicameral los senadores Bruno Olivera (LLA-San Juan), Eduardo Vischi (UCR-Corrientes), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes) y los kirchneristas Mariano Recalde (Capital) y José Mayans (Formosa).
Por la Cámara baja están Ana María Ianni (Santa Cruz), elegida vicepresidenta, y Julia Strada (Capital), ambas de Unión por la Patria; el radical Pablo Cervi (Neuquén), Victoria Borrego (CC-Buenos Aires), Diego Santilli (Pro-Buenos Aires) y Facundo Correa Llano (LLA-Mendoza).
La última vez que se había reunido la bicameral fue en marzo de 2015, en ocasión de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Desde entonces se mantuvo cerrada hasta que la Ley Bases y la decisión del gobierno de Milei de desprenderse de activos o empresas cuya propiedad o mayoría accionaria está en manos del Estado volvió a poner a la comisión en el escenario político legislativo. Sus dictámenes no son vinculantes, pero bien pueden complicar un proceso privatizador si detecta o alerta sobre irregularidades o excesos.
“Voy a tratar de que se respete al Congreso en la respuesta a sus pedidos de informes”, destacó Romero, quien intentó mostrar que la comisión tendrá un rol activo. “Es el momento que tenemos de asumir el rol que nos corresponde”, agregó.
Al presentar sus pedidos de informes, el presidente de la comisión hizo hincapié en la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, empresa ligada al desarrollo nuclear y de la que el Gobierno pretende desprenderse del 44% de su propiedad.
En ese sentido, Romero destacó el rol estratégico de la firma y puso énfasis en que el Poder Ejecutivo informe cómo mensurará los bienes intangibles de la firma, como el personal especializado y capacitado durante años, entre una veintena de preguntas más.
Desde el kirchnerismo también se apuntó a la cuestión nuclear. El senador Mayans pidió saber cuáles serán los “criterios objetivos” que tomará el Gobierno para cotizar la empresa, pero fue más allá y aseguró que trabajará para que “el Poder Ejecutivo revise su posición” de vender un bien considerado estratégico en el desarrollo de energías renovables.
Más dura aún fue la diputada Strada, quien destacó que muchas de las empresas que la administración libertaria quiere vender dejan ganancias. En esa lista incluyó, además de Nucleoeléctrica, a AYSA e Intercargo. “Parece que al Gobierno le interesa hacer caja”, denunció la legisladora kirchnerista, quien cerró su intervención con una advertencia a los integrantes de la comisión de las otras fuerzas políticas: “Espero que esta comisión no se convierta en una escribanía de Caputo”, remató.
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