El Estado nacional tiene potestad para decidir sobre la ubicación de las antenas para celulares
El máximo tribunal revocó una sentencia que convalidaba una norma de la municipalidad de General Güemes en Salta sobre los lugares donde debían colocarse estos artefactos
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia, por mayoría, revocó una sentencia que otorgaba validez a una disposición de la municipalidad de General Güemes, en Salta, para decidir donde debían colocarse las antenas de telefonía celular y convalidó así la facultad del gobierno federal sobre tales cuestiones.
Así lo decidió la Corte con la firma de los jueces Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Jorge Morán, por la mayoría, en tanto que por la minoría votaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que reivindicaron la autonomía municipal para decidir sobre estas cuestiones. El caso es análogo a otros que resolvió la Corte en el mismo sentido.
En este caso el planteo era de la empresa AMX Argentina, que comercializa los servicios de telefonía celular de la marca Claro. El proceso se inició en 2010, cuando el Concejo Deliberante de General Güemes dictó una ordenanza que reglamentaba la ubicación, instalación y habilitación de antenas de celulares, en defensa de la protección ambiental, la tutela de la salud pública y el planeamiento territorial. Se privilegiaban allí las estructuras de menor tamaño y complejidad, que minimicen los efectos medioambientales, reduzcan el impacto visual y disminuyan la densidad de potencia de las antenas.
Alegó motivos “arquitectónicos, infraestructurales, tecnológicos, paisajísticos, patrimoniales, morfológicos, urbanísticos y ambientales”. Dispuso que las antenas se instalen a más de 500 metros de la zona urbana y fuera de las proximidades de colegios, clubes o entidades sociales, y que debían medir menos de 50 metros.
Contra esta ordenanza, Claro recurrió a la Justicia por entender que la norma es inconstitucional. Alegó que la regulación del servicio de telefonía es del Estado federal, no el local, y que la ordenanza municipal exige una lejanía tal entre antenas y centros urbanos que sería imposible brindar el servicio en Güemes.
En primera instancia, el juez rechazó la acción de Claro y esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Salta. Claro entonces fue a la Corte con su planteo. Postuló la inconstitucionalidad de la ordenanza por considerar que interfirió en las facultades del Estado Nacional y afectó el sistema de interconexión que tiene la red local.
Hablaron de una lesión del derecho a comerciar, ejercer la industria y propiedad y de una “situación de gravedad institucional”, en tanto “lesiona el derecho de todos los usuarios de telefonía móvil a comunicarse desde o hacia General Güemes o zonas aledañas”.
La Corte en un breve fallo de la mayoría se remitió a sus decisiones anteriores en las que reconocieron la facultad del Estado Nacional en la materia y mandaron a dictar un nuevo fallo.
La minoría de Rosatti y Maqueda, en cambio, dijeron que el problema es determinar si el Municipio de General Güemes cuenta con atribuciones para regular el emplazamiento de antenas de telecomunicaciones por razones ambientales, de salud pública y planeamiento territorial.
Y entendieron que el municipio es una escala constitucionalmente adecuada para regular y controlar los problemas ambientales locales, los que se circunscriben a su ejido y los inter-jurisdiccionales. Asimismo tienen atribuciones para la tutela de la salud pública.
“Todos los niveles de jerarquía normativa aplicables al caso (Constitución Nacional, leyes federales, Constitución de Salta, leyes provinciales y Carta Orgánica municipal) reconocen a la Municipalidad de General Güemes competencia para regular sobre materias ambientales, de salud pública y de planeamiento territorial”, señalaron y votaron, en minoría, por confirmar la sentencia recurrida.
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