El fiscal Stornelli quiere saber quién está detrás de Carnaval Stream y el impacto de sus revelaciones
Pidió informes sobre la sociedad y un análisis de la repercusión que tuvieron los audios de Karina Milei; el impacto sobre la causa de corrupción
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal federal Carlos Stornelli, que investiga la denuncia del Gobierno sobre una supuesta operación de espionaje ilegal para debilitarlo antes de las elecciones, pidió medidas de prueba para saber quién está detrás del canal de streaming Carnaval y la repercusión mediática que tuvo la difusión de los audios de Karina Milei, que realizó esa señal.
En paralelo al dictamen en el que impulsó la investigación acerca de esta maniobra de supuesto espionaje político, el fiscal pidió al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba.
Entre ellas, solicitó que se realice un amplio informe para determinar el alcance mediático que tuvo la revelación del canal de streaming Carnaval sobre los audios de Karina Milei y del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.
El fiscal quiere que se realice un estudio de prensa a partir de los audios difundidos por el canal de streaming para determinar quiénes los retransmitieron y su alcance.
Supuestamente, esta medida está orientada a determinar si se corrobora la afirmación de Gobierno acerca de que la difusión de estos audios incidió negativamente en la opinión pública como para perjudicarlo en las elecciones del domingo próximo.
Además, el fiscal pidió informes a la Inspección General de Justicia, que es el organismo que controla a las sociedades y a las fundaciones, para saber quiénes son los dueños del canal Carnaval.
El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia y crítico del Gobierno, es señalado como el accionista principal de la señal. Ayer, en su cuenta de la red X, el dirigente negó ser dueño de Carnaval.
Stornelli pidió además que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informe sobre las habilitaciones que tiene esa señal, en caso de que sea regulada por el organismo.
De hecho, los canales de streaming no tienen necesidad de una regulación oficial, como sí sucede con los canales de TV o las señales de radiodifusión.
Espionaje o mera grabación
La Justicia analiza el encuadre que tendrá la denuncia del Gobierno al final del día. Si bien el fiscal dijo que se estaría ante los delitos de asociación ilícita, de perturbación del orden en el ejercicio de funciones públicas y de violación de la ley de inteligencia, aún es prematuro para determinar un encuadre.
Por ejemplo, si se comprueba que se trató de la captación de una comunicación realizada mediante un dispositivo oculto en la Casa Rosada, o una escucha a distancia, o mediante la pinchadura ilícita de una comunicación telefónica, se estaría frente a un caso de espionaje ilegal.
Ahora, si se corrobora que se trata de una grabación realizada por una de las dos personas que participan de una conversación, ya no cabe la figura del espionaje ilegal.
Hay numerosa jurisprudencia sobre el punto, que considera que cuando dos personas hablan, una de ellas asume el riesgo que la otra haga público el contenido de esa conversación y eso no es un delito.
“Si se graban entre ellos es más una interna política que una maniobra de espionaje, no es delito”, explicó a LA NACION una fuente de los tribunales.
Si ese fuera el caso, a lo sumo se podría hablar de una violación de la intimidad, en una instancia civil, aunque es conocida la doctrina que postula que en el caso de los funcionarios públicos el derecho a la intimidad cede ante el interés público que hay detrás de la difusión de determinada información.
Contraofensiva
Este caso, iniciado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, donde denuncia una maniobra de espionaje ilegal con raíces rusas o venezolanas y el objetivo de debilitar al Gobierno, parece ser una contradenuncia de la causa por presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad, que involucra a Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, que en los tribunales impulsan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Una puede tener impacto en la otra, por lo que en los tribunales siguen de cerca la evolución de ambos expedientes. Si se corrobora que hubo una maniobra de espionaje ilegal, como pretende el Gobierno en la causa a cargo de Ercolini y Stornelli, esto puede ser utilizado para buscar la nulidad del expediente por presunta corrupción, a cargo de Casanello y Picardi.
Ya ensayaron esta estrategia los dueños de la droguería Suizo Argentina. Argumentaron que no puede prosperar una investigación fundada en una prueba que se origina a partir de una actividad ilícita.
El mismo fiscal Picardi, que investiga los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, al incorporar los audios donde el funcionario habla sobre el cobro de sobornos, realiza un examen de legalidad.
Por ahora, el fiscal, sobre la base de la denuncia que menciona la existencia de esas conversaciones, se hizo de los expedientes de las licitaciones para determinar si se pagaron coimas en las compras de medicamentos para discapacitados y si esos sobornos terminaron en manos de Karina Milei y Lule Menem.
Ambas causas recién comienzan y por ahora marchan en paralelo. Aunque una tendrá efectos sobre la otra. O al menos eso es lo que pretenden los abogados del Gobierno.
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