El Gobierno apura la promulgación de las leyes
Intenta que entren en vigor antes de que se hagan presentaciones judiciales contra los cambios; incluye el proyecto que limita las medidas cautelares y el que crea las cámaras de casación; prevén recurrir al per saltum
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Después de la ajustada votación en la madrugada de ayer, la Casa Rosada ya se prepara para apurar la puesta en marcha de las dos leyes que quedaron sancionadas y en las próximas horas las promulgará en el Boletín Oficial.
El apuro responde a cerrar cuanto antes la puesta en vigencia de las normas ante la posibilidad de que se judicialice la reforma, como prevé hacer tanto la oposición como los colegios de abogados y las asociaciones de magistrados en rechazo a las modificaciones. En paralelo, también se trabaja en la reglamentación de ambas normas.
Según confió un alto funcionario a LA NACION, entre lo que queda de la semana y mediados de la próxima ya estará publicada la promulgación tanto de la nueva ley que regula y limita el uso de las medidas cautelares como la creación de las tres nuevas cámaras de casación.
La primera de esas leyes es prioritaria para el Gobierno y la presidenta Cristina Kirchner quiere ponerla en vigencia cuanto antes. "Se va a apurar la promulgación. No se puede perder tiempo", confió a LA NACION un funcionario al tanto de la estrategia judicial que se viene. Como con el tratamiento en el Congreso, al que el Gobierno le dio un rápido trámite, también avanzará a toda velocidad con la aplicación de las normas.
El otro recurso al que apelará la Presidenta es el uso del per saltum, después de la ley que reguló su uso y que se aprobó el año pasado para que la Corte Suprema falle sobre la constitucionalidad o no de la ley de medios. Esa norma prevé que sólo se podrá recurrir directamente al máximo tribunal después de un fallo de primera instancia, con lo que la Casa Rosada deberá esperar hasta que un juez tome la primera decisión. Una vez que exista esa instancia se recurrirá a la Corte, insistían anoche desde Balcarce 50, después de una madrugada frenética y con el sabor a triunfo con el que se quedó el Gobierno por haber conseguido los votos necesarios para avanzar con la reforma.
"Acá se trata de determinar la constitucionalidad y eso lo tiene que hacer la Corte de la manera más rápida posible", explicó una fuente y abundó que se recurrirá al per saltum. El máximo tribunal ya rechazó en dos oportunidades aceptar ese recurso con la ley de medios. Uno fue cuando la Casa Rosada quiso apurar la definición por la vigencia de la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de la desinversión de sus medios. La otra, para que determine la constitucionalidad.
Según los cálculos que ayer se hacían en Balcarce 50, los pedidos de inconstitucionalidad caerán en el fuero federal de la Capital Federal o en el contencioso administrativo. El consuelo que ayer tenían los funcionarios es que son tribunales menos confrontativos que el civil y comercial, con el que la Casa Rosada se enfrentó por la ley de servicios de comunicación audiovisual.
De todas maneras, en el Gobierno reconocen que la reforma se trabará en el Poder Judicial. Según destacaban ayer allegados a Cristina Kirchner, la nueva composición de 19 miembros del Consejo de la Magistratura y la mayoría agravada con la que se simplifica a partir de ahora la suspensión y el inicio de un juicio político contra un magistrado, la médula de la reforma, no tendrán planteos constitucionales. Sí podría sufrir un traspié la elección popular mediante el sistema de los partidos políticos, que haría perder la representación de abogados y jueces, como tales, que plantea el artículo 114 de la Carta Magna.
"Lo importante para nosotros no está definido por la Constitución, que es la nueva mayoría en el Consejo", explicó un funcionario del área legal. Según la mirada de la Casa Rosada, la Presidenta quitó de los proyectos dos puntos que podrían haber generado planteos de inconstitucionalidad, como la leve modificación en la regulación de las cautelares y el manejo por parte de la Corte del presupuesto judicial.
En el Gobierno dan por hecho que las elecciones primarias, conocidas como PASO, se harán más allá de la judicialización. La argumentación es que no se debió reformar el código electoral para la elección de los consejeros. Antes del 14 de mayo, la Presidenta deberá hacer la convocatoria formal. "La primaria se hace sí o sí", confiaron desde el despacho de Florencio Randazzo.
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