El Gobierno avanza en el Congreso con la ratificación del acuerdo UE-Mercosur pese al freno en Europa
El oficialismo lo incluyó en el temario de extraordinarias de febrero y calcula tener los votos para aprobarlo; asoma una colisión con la reforma de la Ley de Glaciares
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El Gobierno buscará ratificar en el Congreso el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, pese al freno dispuesto ayer por el Parlamento Europeo, que decidió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su compatibilidad con los acuerdos vigentes del bloque. La Casa Rosada no interpreta la medida como un obstáculo definitivo y mantiene el tema en el centro de su agenda legislativa.
El acuerdo integra el decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias, que se desarrollarán del 2 al 27 de febrero. El temario incluye además la reforma de la Ley de Glaciares, el proyecto de “modernización laboral” y el pliego para designar embajador en Bruselas al exdiputado Fernando Iglesias.
“El acuerdo no está frenado”, sostuvo Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Según explicó a LA NACION, la decisión del Parlamento Europeo responde a una consulta de legalidad y no a una objeción de fondo. “Entendemos que todas las instancias de control ya fueron satisfechas durante el período que va desde la firma en tiempos de Mauricio Macri hasta el nuevo impulso del gobierno de Javier Milei. En ese lapso, cancillerías y áreas jurídicas del Mercosur revisaron cada cláusula”, afirmó. Y concluyó: “No hay impedimentos para avanzar y esperamos poder darle tratamiento en breve en el Congreso”.
La votación en el Parlamento Europeo se realizó este miércoles y arrojó un resultado ajustado: 334 votos a favor de paralizar el proceso y 324 en contra. La decisión implica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá pronunciarse sobre la legalidad del tratado, un proceso que podría extenderse hasta dos años.
Mientras tanto, la Comisión Europea, presidida por Úrsula von der Leyen, conserva la potestad de aplicar el acuerdo de manera provisional. Esa alternativa, sin embargo, aún no fue definida y enfrenta resistencias, en particular de legisladores franceses que cuestionan el impacto del tratado sobre los productores agropecuarios de su país.
En paralelo, la Argentina está habilitada a avanzar con su propio proceso interno. El artículo 30.2 del acuerdo prevé la aplicación provisional siempre que la Unión Europea adopte una decisión en ese sentido y que uno o más Estados del Mercosur hayan cumplido con sus procedimientos internos.
En el oficialismo confían en reunir los votos necesarios para la ratificación. A los legisladores de LLA se sumarían bloques aliados y dialoguistas, como Provincias Unidas, sectores de la UCR, Pro y fuerzas provinciales. “Puede funcionar como un ancla económica (beneficiando al sector agrobioindustrial, los servicios y la I+D), pero también como un ancla política e institucional”, sostuvo el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en una nota publicada en LA NACION junto al abogado Joaquín Fernández. “Nos permite alejarnos tanto de la lógica de dependencia como de los alineamientos automáticos que nos relegan a la periferia”, añadió.
“Este acuerdo abre una oportunidad concreta para la Argentina: más exportaciones, acceso a nuevos mercados y reglas claras y previsibles que permitan planificar, invertir y crecer en el largo plazo. Integrarse inteligentemente al mundo es una condición necesaria para el desarrollo”, celebraron en la UCR.
El avance del acuerdo, sin embargo, no está exento de tensiones internas. El temario de extraordinarias incluye la reforma de la Ley de Glaciares, un punto que colisiona parcialmente con el propio articulado del tratado UE-Mercosur. El acuerdo dedica un capítulo específico al cuidado del medioambiente y establece que las partes deben “contribuir a la protección, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales”, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 de la ONU. Esa superposición anticipa un debate político y jurídico que podría complicar la discusión parlamentaria.
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