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El Gobierno busca limitar el cumplimiento de las nuevas leyes que impliquen gastos
El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo establece, además, sanciones penales para funcionarios que incurran en gastos no autorizados
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Frente a un Congreso que ya no logra contener, Javier Milei envió un proyecto para reforzar su cruzada por el déficit cero. La iniciativa, que ingresó junto al presupuesto 2026 bajo el título “Ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria”, establece como regla general el equilibrio de las cuentas públicas.
Faculta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a disponer recortes si se registran desbordes presupuestarios, declara “nulas” las normas con gastos sin fuente de financiamiento y fija penas de hasta diez años de prisión para los funcionarios que habiliten erogaciones no previstas o debiliten el valor de la moneda.
El corazón de la propuesta está en limitar la vigencia de las leyes que impliquen gastos. El texto exige que toda norma de este tipo detalle con precisión la fuente de financiamiento. Si no lo hace, su aplicación quedará diferida hasta que las partidas sean incorporadas al presupuesto del ejercicio siguiente. Al mismo tiempo, advierte que cualquier norma aprobada sin cumplir con estas reglas será “nula de nulidad absoluta e insanable”. En la práctica, esto significa que una ley con costo fiscal sin financiamiento explícito solo podrá ponerse en marcha si se la incluye en el próximo presupuesto; de lo contrario, perderá validez y quedará anulada.
El proyecto también exige un informe de impacto presupuestario obligatorio para cualquier iniciativa que genere erogaciones y fija reglas fiscales estrictas: el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar un resultado equilibrado o superavitario y prohíbe de manera explícita el déficit. Para garantizarlo, se otorgan al jefe de Gabinete facultades para aplicar recortes inmediatos cada vez que se detecten desvíos que pongan en riesgo ese objetivo.
Penalización
Las limitaciones no recaen únicamente en el Congreso. También alcanzan a los propios funcionarios, a quienes se les veda la posibilidad de asumir o ejecutar gastos sin autorización. El proyecto obliga, además, al Poder Ejecutivo a abstenerse de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para cubrir gasto primario. Las sanciones se extienden al propio organismo monetario: sus autoridades podrán enfrentar penas de entre tres y diez años de prisión si emiten dinero o ponen en circulación moneda espuria.
El capítulo penal se amplía con nuevas figuras delictivas. Se prevé una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación para todo funcionario que autorice gastos sin respaldo. Además, las penas se duplicarán si se acredita enriquecimiento personal o de terceros, en línea con el artículo 36 de la Constitución, que equipara estos delitos graves contra el Estado a actos de corrupción.
El alcance del proyecto incluye también a las empresas y sociedades del Estado, como Aerolíneas Argentinas o YPF, y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, como la Auditoría General de la Nación (AGN).
En su fundamentación, el Ejecutivo sostiene que la previsibilidad y la disciplina fiscal son condiciones indispensables para el desarrollo económico sostenido, la inversión y la protección de los derechos patrimoniales de los ciudadanos. Remarca que cada peso gastado por el Estado lo financian los contribuyentes, ya sea a través de impuestos o, en el caso de la emisión monetaria espuria, mediante la inflación, definida como “el impuesto más distorsivo y regresivo”.
“El ataque al valor de la moneda mediante la emisión espuria es violatorio de la manda constitucional”, señala el texto oficial, que busca presentarse no como un programa ideológico, sino como un conjunto de “reglas de juego claras, estables y transversales” para ordenar las cuentas públicas. El Gobierno subraya que la propuesta se inscribe en el principio de “equilibrio fiscal innegociable”, consagrado como segundo punto del Pacto de Mayo firmado en julio de 2024 por diecisiete gobernadores, el jefe de Gobierno porteño y el propio Presidente.
El trasfondo político del proyecto remite a la cadena nacional que Milei realizó a principios de agosto, cuando defendió sus vetos a leyes aprobadas por el Congreso que -según él- atentaban contra el déficit cero. En ese mensaje de 23 minutos acusó a los legisladores de impulsar gastos sin prever su financiamiento, lo que a su entender solo podía derivar en más impuestos, más deuda o más inflación. Allí anunció el envío de esta iniciativa y adelantó dos medidas centrales: penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal y fijar una regla estricta que obligue al Estado a equilibrar sus cuentas, recortando en la misma proporción cualquier nuevo gasto o pérdida de ingresos.
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