El Gobierno cambia por DNU la ley de inteligencia: amplía la posibilidad de aprehender personas y crea un nuevo organismo
La Casa Rosada publicará el decreto mañana, según fuentes oficiales; la SIDE queda como órgano superior, pero se añade una oficina de Ciberseguridad dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete
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LA NACION
El Gobierno publicará mañana un decreto de Javier Milei que cambia la ley de inteligencia, informaron fuentes oficiales. Con el nuevo texto, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -comandada por el asesor presidencial Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra- queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional y se reconoce la posibilidad a los agentes de inteligencia de aprehender personas en determinadas situaciones.
Pero también se crea una nueva oficina en el marco de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, ladero clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así lo informaron fuentes del Gobierno a LA NACION.
El texto del decreto -que aún no se oficializó- cambia además denominaciones del rubro y modifica los nombres de órganos de la SIDE.
Detenciones
En un apartado que ya generó críticas de la oposición, el borrador del decreto -que fue confirmado por fuentes oficiales- dispone la posibilidad de que agentes de inteligencia hagan aprehensiones de personas.
El decreto detalla en primer término que la SIDE podrá requerir “asistencia o apoyo técnico y logístico de las fuerzas armadas, de seguridad federales y policiales”.
Sin embargo, el artículo 19 establece: “Los órganos del sistema de inteligencia nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial".
Pero no es solo eso. “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, dice un pasaje del articulado.
Bajo la órbita de Adorni
En otro tramo, la norma detalla que la SIDE con sus organismos desconcentrados, junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, conformarán el total del Sistema de Inteligencia Nacional. No obstante, la SIDE quedará como el órgano superior.
Pero el texto de la norma también crea, para atender las demandas de ciberinteligencia, el Centro Nacional de Ciberseguridad, como un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Adorni, que reporta a Karina Milei.
La secretaria general todavía no tenía formalmente un pie puesto en este ámbito, gestionado desde el inicio de la administración libertaria por el estratega Caputo.
¿El objetivo del área? Según el texto, planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional. En resumen: será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad y autoridad de aplicación de la normativa en la materia.
A este nuevo organismo por decreto se le transfieren los bienes muebles, los activos y el patrimonio, los compromisos, derechos y obligaciones asignados a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad de la SIDE.
El nuevo decreto, por otro lado, crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, integradas por órganos y organismos públicos, con la finalidad de compartir información entre la secretaría de inteligencia y otras áreas; por ejemplo, de las fuerzas policiales, de seguridad federales o armadas.
En tanto, disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa.
Cambios en organismos desconcentrados
En el decreto, el Gobierno establece también cambios en las denominaciones y funciones de organismos desconcentrados dependientes de la SIDE:
- La Agencia de Seguridad Nacional ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. “Para evitar superposición con el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal resulta necesario reorientar las actividades de la agencia en materia de contrainteligencia, para identificar y analizar con enfoque preventivo amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”, dice la norma. Este órgano será responsable de la producción de inteligencia nacional a través de la obtención, reunión y análisis de la información, con un enfoque preventivo.
- La Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y se encargará de producir inteligencia en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico.
- La División de Asuntos Internos será ahora la Inspectoría General de Inteligencia, “a efectos de que refleje las funciones de realizar auditoría, investigaciones internas, inspecciones y revisiones dirigidas a controlar y evaluar el desempeño, la economía de recursos, la eficacia y la integración funcional de los organismos y el personal del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Definiciones
En la primera parte de la norma, el Gobierno define además conceptos vinculados al área. En el artículo uno, establece: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
En el dos, dice: “Se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la inteligencia nacional”.
Asimismo, ahonda sobre la contrainteligencia y la formaliza como un término legal. “Las actividades de ejecución de contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales. La contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como medidas de seguridad de contrainteligencia”.
Los fundamentos
Mientras tanto, la norma alega que se hicieron estas modificaciones por decreto, sin pasar por el Congreso, porque “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida”.
“La Comisión Bicameral tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar directamente al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento”, sostiene el Gobierno.
Ante las críticas que comenzaron a surgir de dirigentes de la oposición -el diputado nacional Esteban Paulón habló, por ejemplo, de un “duro golpe a la democracia” con este nuevo decreto- en el Gobierno dijeron que esta reforma “de segunda generación” de la inteligencia nacional “moderniza, ordena y legitima el sistema”, con “el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”
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