El Gobierno evalúa no judicializar la ley de Discapacidad aunque acotaría su alcance a través de la reglamentación

El Gobierno aún no promulgó la ley de emergencia en Discapacidad que el Congreso ratificó luego del veto de Javier Milei. El Senado, el último lunes, le comunicó a la Casa Rosada sobre la insistencia de la ley, pero el Poder Ejecutivo no la publicó en el Boletín Oficial, pese a que -según los expertos- ya entró en vigencia porque tuvo el respaldo de más de dos tercios de ambas Cámaras. El Presidente había dicho -antes de que la oposición revirtiera su veto- que estaba dispuesto a judicializar la norma en caso de que el parlamento insistiera con el proyecto. Si bien en Balcarce 50 el tema sigue bajo análisis (y todavía no descartan de plano buscar un artilugio legal), en las últimas horas altas fuentes oficiales deslizaron que lo más probable es que se desista de la vía judicial.

“Eso sí, vamos a reglamentar de la ley solo lo que se pueda aplicar en términos presupuestarios”, señaló a LA NACION un funcionario del Gobierno que asistió a las reuniones de gabinete y a las mesas políticas de los últimos días, luego de la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia. El artículo 19° de la ley de Discapacidad señala que la reglamentación debería realizarse “dentro de los treinta días de su sanción”. El Senado insistió con el proyecto el 4 de septiembre.

Para que la ley se ponga efectivamente en marcha, la reglamentación debería definir una compensación presupuestaria desde la Jefatura de Gabinete para nutrir a la Agencia de Discapacidad (Andis). Por otro lado, ese organismo (que depende del Ministerio de Salud), debería poner en práctica un nuevo nomenclador para actualizar las prestaciones del sistema.

Puntos críticos

Según pudo saber LA NACION, en los análisis previos que el Gobierno hizo de la ley de emergencia en Discapacidad -cuyo autor es el diputado Daniel Arroyo (UP)- el Poder Ejecutivo encendió una luz de alarma por los artículos que apuntan a otorgarles pensiones no contributivas a todas las personas que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Actualmente, hay más de 1.900.000 personas con CUD, pero de ellas, solo 1.200.000 tienen una pensión por invalidez (equivalente al 70% de una jubilación mínima más un bono de $70.000). El artículo 6° de la ley ratificada por el Congreso señala que “podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad las personas que cumplan con acreditar la condición de discapacidad conforme el proceso de obtención del CUD“.

Además, el proyecto prevé otorgar pensiones por invalidez “a las persona de setenta o más años de edad sin suficientes recursos propios, no amparadas por un régimen de previsión”. Esos son los puntos que más inquietan al Gobierno por su impacto fiscal.

La gestión de Milei, en cambio, se había manifestado más proclive a actualizar los montos de los aranceles que se les pagan a los prestadores del sistema (terapistas, transportistas, asistentes) y que están sin actualizarse desde diciembre de 2024.

El proyecto sancionado señala que el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer una compensación de emergencia a los prestadores del Sistema a favor de las Personas con Discapacidad “teniendo en cuenta la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados durante el año 2024 y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC)“. Es decir: para el cálculo se debería retroceder hasta diciembre de 2023 (antes de la devaluación) y actualizar los aranceles por inflación hasta la actualidad, descontando los aumentos que se otorgaron el año pasado.

Además, la ley apunta que, hacia adelante, “los valores de los aranceles del Sistema se actualizarán mensualmente conforme al IPC el Indec”.

Cuando el Congreso estaba tratando la insistencia a la ley -justo antes de que estallara el caso de Diego Spagnuolo- el vocero Manuel Adorni había publicado en la red social X: “El Gobierno está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Nuestra decisión es priorizar la atención, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. La medida se podría ejecutar gracias a los ahorros a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros”.

El problema es que la gestión de Spagnuolo dio de baja 25.000 pensiones por invalidez (de un universo de 1.200.000) y suspendió alrededor de 100.000 más. Ahora se conoce que esa auditoría tuvo fallas y que en muchos casos hubo suspensiones a personas que necesitaban los recursos, solo porque el domicilio que habían declarado para ser notificados ya no estaba vigente. Por eso, hoy hay un número importante de reclamos de personas con discapacidad para que se les restituya la asignación.

Por Maia Jastreblansky

• Javier Milei

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