El Gobierno intenta recomponer las alianzas con las provincias, pero aún persiste la desconfianza

Eran las cinco de la madrugada y un aire de cauto optimismo se respiraba en aquella tardía reunión del bloque libertario. Había finalizado en la Cámara de Diputados una sesión que presagiaba otra derrota por goleada del oficialismo, pero sobre el final recortó la diferencia tras recuperar el favor de un puñado de gobernadores y legisladores que supieron serle afines. Una postal que le demostró al Gobierno que su poder negociador no estaba perdido pese a haber roto lazos con casi todos sus aliados.

“Fue una sesión bisagra, pero hay que seguir trabajando en reconstruir el diálogo. Todavía persiste mucha desconfianza”, admiten en la bancada libertaria. Ya no resuena el tono revanchista de otras veces, aunque en la oposición dialoguista cunde cierto escepticismo. “Veremos cómo se comportan con el presupuesto 2026. Esa será la verdadera prueba de amor”, desafían.

El debate sobre el presupuesto se reiniciará la semana próxima. La oposición consiguió emplazar a la comisión, ahora en manos del libertario Bertie Benegas Lynch en reemplazo de José Luis Espert, a que se dictamine el 4 de noviembre próximo. Quiere tenerlo aprobado antes del 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias. No tolerará otra prórroga de la ley, advierten. El oficialismo, en un gesto conciliador, votó a favor, pero descree que se pueda llegar a tiempo con las negociaciones en un plazo tan exiguo.

Lo cierto es que la Casa Rosada operó a destajo para evitar otra catástrofe en la Cámara baja el miércoles pasado. El mandato del Fondo Monetario Internacional como del Tesoro norteamericano era claro: mejorar la gestión de la política, condición fundamental para encarar las reformas estructurales pendientes. Esto implica articular alianzas legislativas estables con vistas a la segunda etapa de la gestión libertaria. En buen romance, menos látigo, más negociación.

La reanudación del diálogo dio sus primeros frutos: se evitó que se convirtiera en ley la reforma que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) –fue modificada y, por tal motivo, retornó al Senado- y, al filo de la medianoche, se rechazó el proyecto que modifica el esquema, en favor de las provincias y en detrimento del tesoro nacional, del reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles (ICL).

La iniciativa, que tenía media sanción del Senado, llevaba la firma de los 24 mandatarios de todo el país pero, a la hora de votarla en la Cámara de Diputados, un grupo de gobernadores defeccionó. Entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo, quien ordenó a los tres diputados que le responden que pegaran el faltazo, al igual que el salteño Gustavo Sáenz, quien hizo lo propio con los tres suyos. Los rionegrinos leales a Alberto Weretilneck tampoco estuvieron presentes para votar el proyecto.

A ellos se sumaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes también mandaron a sus legisladores a ausentarse. Era previsible: ambos pactaron alianzas electorales con los libertarios en sus distritos.

Tanto Sáenz, como Jaldo y Weretilneck fueron aliados del oficialismo durante el primer año de gestión, pero en los últimos meses se desmarcaron con fuertes críticas al Gobierno por sus promesas incumplidas en materia de obras públicas y fondos. El misionero Hugo Passalacqua también marcó distancia, aunque sin ser tan combativo. Todos ellos contribuyeron, ya sea con las abstenciones de sus legisladores o sus ausencias, a que la oposición más combativa no condujera al oficialismo a otra derrota.

También hubo gestos de dos gobernadores de Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), cuyos legisladores no contribuyeron a dar quorum en la sesión. No solo eso: los votos negativos de la santafesina Melina Giorgi y de la chubutense Ana Clara Romero fueron claves para que la reforma de los DNU retornara al Senado y el Gobierno ganara tiempo.

¿Qué motivó este súbito auxilio de estos gobernadores? Las causas son variadas. Por de pronto, el Gobierno dio gestos, esta vez concretos, de apertura y flexibilidad. Obras públicas demoradas y avales de la Nación para que estas se pongan finalmente en marcha en algunos distritos, por caso.

Hizo falta, para ello, que los mandatarios le mostraran los dientes al oficialismo en el Congreso. Las aplastantes votaciones a favor de las leyes sobre financiamiento universitario, discapacidad y de emergencia en el servicio pediátrico fueron el ariete para el escarmiento. Derrotado, el Gobierno no tuvo otra alternativa que ceder.

También primaron razones electorales y políticas. “Nadie quiere quedar demasiado pegado al kirchnerismo ni regalarle escenarios de triunfo en el Congreso. Aparecer como golpista en este contexto de fragilidad que atraviesa el Gobierno tampoco nos beneficia”, alegan en la oposición dialoguista.

Los apoyos no solo provinieron de los gobernadores. El oficialismo también logró contener al bloque de la UCR, que conduce Rodrigo De Loredo, que se abstuvo en la votación sobre los DNU. Incluso recuperó, en las votaciones más complicadas, a tres diputados que rompieron con el bloque libertario: Oscar Zago, Carlos D’Alesssandro y Gerardo González.

Después de la seguidilla de derrotas sufridas en el Congreso en los últimos dos meses, el modesto resultado de la última sesión de la Cámara de Diputados se festejó como un triunfo, aunque también avivó las disputas internas dentro del oficialismo y el encono entre el asesor Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ambos se atribuyeron para sí el éxito del operativo.

“En toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, y hay otros que asesoran y no tienen esa responsabilidad”, lanzó el jefe de Gabinete, en un tiro por elevación a Caputo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no quiso quedarse atrás y también se asignó el protagonismo del triunfo. El riojano quiere sumar mérito para su reelección al frente de la Cámara, cargo que se disputará en diciembre. No le será fácil: no son pocos dentro y fuera de su bloque que le achacan el estado de crispación que se vive dentro del cuerpo en el último tiempo y que fue caldo de cultivo para las sucesivas ofensivas opositoras.

“Lo cierto es que por primera vez tanto Caputo, Francos, (Lisandro) Catalán (ministro del Interior) como Menem trabajaron para recuperar el diálogo. Cada uno por separado, pero tirando para el mismo lado”, analizó un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

El próximo desafío será el Senado, donde el kirchnerismo busca apurar una sesión antes de las elecciones para darle sanción definitiva a la reforma de la ley de DNU. Está a solo tres voluntades de conseguir el quorum, aunque esta vez la oposición dialoguista –UCR y bloques provinciales- no están tan convencidos de bajar en tropel al recinto como cuando le dieron media sanción al proyecto.

“Tal vez la mejor estrategia es mantener pendiente la sanción de la ley de DNU como carta de negociación o como amenaza si el oficialismo demora el tratamiento de la ley de presupuesto para el año próximo. Para nosotros el presupuesto es prioridad”, advierten.

Por Laura Serra

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