El Gobierno justifica el nombramiento de los jueces de la Corte por decreto, aunque espera una judicialización
En la Casa Rosada insisten en que las designaciones de Lijo y García-Mansilla son inamovibles durante el próximo período legislativo; salió publicado esta noche en el Boletín Oficial con 22 páginas de fundamentos
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LA NACIONCecilia Devanna
Apenas minutos después de anunciar las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno se volvió a mostrar tan seguro sobre el futuro de ambos en el máximo tribunal como después de que José Mayans advirtió, en noviembre pasado, sobre que los “voltearían” si los designaban de ese modo. “Aún cuando el Senado los trate y vote en contra, estos jueces van a estar sentados en la Corte hasta el final del período legislativo”, dijeron en el primer piso de la Casa Rosada. Fijaron así la vigencia de ambos nombramientos por decreto hasta el 30 de noviembre de este año.
En noviembre, cuando Mayans, titular del bloque de Unión por la Patria (UP), advirtió al jefe de ministros, Guillermo Francos, en su paso por el Senado sobre lo que pasaría con esas designaciones por decreto, desde la Casa Rosada redoblaron la apuesta y desafiaron: “El Senado no puede voltear un nombramiento en comisión”. Y agregaron que, “de hecho, ni el presidente puede”. Completaron sosteniendo que “una vez nombrados, así quedarán hasta el fin del período legislativo. No importa qué pase”.
Según pudo saber LA NACION este martes en la sede gubernamental, los funcionarios más cercanos a Javier Milei insistieron en esos mismos términos, aún frente a las advertencias surgidas desde distintos espacios de la oposición, así como de juristas y constitucionalistas, de que la designación por decreto puede ser rechazada por el Senado.
También agregaron que no ven “por qué la Corte no le tomaría juramento” a Lijo y García Mansilla “cuando la atribución de proponer jueces es del Poder Ejecutivo y acá hay un decreto del Presidente”.
Los funcionarios indicaron que “la Corte no tiene atribución para no hacer caso a ese decreto”, en alusión a las versiones sobre que los actuales miembros del máximo tribunal, presidido por Horacio Rosatti e integrado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, podrían demorar ese paso por la forma en que se consumaron las designaciones y la posible judicialización del controvertido asunto.
Pese a mostrarse seguros de la decisión que tomaron sobre la designación por decreto, en la Casa Rosada admitieron que todo indica que el camino de la judicialización está a horas de comenzar. Algunos lo concedieron más a regañadientes y sostuvieron que “podría venir por un planteo de constitucionalidad”. Otros lo dieron como un hecho: “A Lijo y García Mansilla los puede frenar la justicia, como hizo este martes, con el Banco Nación (por la decisión de frenar su conversión a Sociedad Anónima)”, aseguró otra de las fuentes consultadas.
Tras lo que sostuvo que, en ese caso, “hay un Plan B”, aunque evitó decir cuál sería. Las miradas sobre el fuero judicial que se avizora como el que debatirá el o los eventuales planteos se posan en el Contencioso Administrativo.
Parte de las fundamentaciones jurídicas y constitucionales que esgrime el Gobierno estarán en las 22 páginas que acompañarán el decreto que se publicará en el Boletín Oficial con las designaciones del magistrado y el catedrático. “Son todos los argumentos de constitucionalidad y jurídicos que ratifican la decisión del presidente”, afirmaron.
A la par de esos escenarios, en la Casa Rosada aseguraron que “pase lo que pase”, el sábado Lijo y García-Mansilla “van a estar presentes durante la apertura de las sesiones ordinarias”. La presencia, admitieron, podría ser por “invitación”, y no por ya estar nombrados, pese a que insistieron en que “nada impide que la Corte les tome mañana (por el miércoles) mismo juramento”.
“No tiene más remedio que tomar juramento porque es lo que indica la Constitución”, recalcaron sobre uno de los puntos más ásperos con el máximo tribunal.
La defensa del decreto
Desde la sede del Gobierno hablaron del decreto “como un mecanismo de emergencia” al que, muy cerca del mandatario, advirtieron que “se llegó después de agotar la vía parlamentaria, que es lo que siempre quiso el presidente”. Para avalarlo aludieron a que “Javier podría haberlos nombrado por decreto en diciembre pasado, cuando terminaron las sesiones ordinarias, pero sin embargo esperó, fue por extraordinarias y cuando entendió que no había más margen, fue por decreto”.
En ese sentido reconocieron que el decreto “no es sustentable en el tiempo, es de excepción” y afirmaron que “los pliegos continúan sus trámites legislativos”. Respecto de lo que puede suceder a futuro en la Cámara alta aseguraron que “no hay negociación” abierta con la oposición.
En tanto que sobre lo que esperan ahora de la Corte, sostuvieron que la idea que tienen es de una “Corte dinámica e integral” y que, “el presidente, desde que asumió, se comprometió a integrar la Corte con cinco miembros tal como indica la ley”. Las fuentes concluyeron: “Esta no es una Corte afín al gobierno. El Presidente cumplió con la normativa. Eligió a candidatos con dos perfiles muy distintos para cubrir las vacantes”.
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