El Gobierno prepara una ley migratoria más dura con los que ingresan y con menos requisitos para deportar
Analizan imponer a quienes ingresan al país el requisito obligatorio de firmar declaraciones juradas de salud; la iniciativa apunta a limitar el acceso a la universidad a personas extranjeras
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LA NACIONCecilia Devanna
“Si queremos ser un país serio, también debemos llevar adelante una reforma migratoria”. La frase del presidente Javier Milei, pronunciada la semana pasada en plena apertura del año legislativo, abrió la puerta a lo que será uno de los proyectos que el oficialismo buscará tratar este año en el Congreso. Aunque no está fijada aún la fecha en que enviará la iniciativa, en el Gobierno sostienen que será “en las próximas semanas, lo antes posible”, aseguraron fuentes al tanto del proyecto. “Se está esperando el momento político para introducirlo”, acotaron en la Casa Rosada.
El proyecto de ley aún está en proceso y discusión, y si bien los detalles se mantienen en reserva, entre otros lineamientos centrales se fijarían “parámetros para que sea menos fácil obtener la residencia y subir los requisitos para acceder a la ciudadanía”, deslizan fuentes del Palacio de Gobierno.
La iniciativa anunciada por Milei tuvo su antesala a comienzos de diciembre pasado, cuando se habló por primera vez de la posibilidad de introducir cambios en la ley migratoria y que estos impacten en la educación pública universitaria y en la salud.
En el proyecto también se prevé la inclusión de cambios para deportar personas extranjeras que cometan delitos. Y se contempla la posibilidad de que quienes ingresen al país firmen declaraciones juradas sobre su salud, “para evitar los tours sanitarios”, según las fuentes.
Entre los mayores requisitos que se fijarían para obtener la residencia se piensa en limitar a personas extranjeras el acceso a la educación pública universitaria en la Argentina, uno de los pocos países de la región que aún mantienen opciones no aranceladas de alta calidad. En la actualidad, con una residencia temporaria se puede acceder a ella.
El objetivo es que la restricción reduzca el universo de quienes aspiran a ingresar a la universidad pública, una discusión que el Gobierno ya buscó plantear en noviembre del año pasado, y que quienes no la tengan paguen por acceder a la formación académica. O bien, que tengan otorgada la residencia en forma definitiva.
Flexibilidad judicial
La visión que hay en el gobierno de Milei es que los juzgados civiles y federales “otorgan la ciudadanía argentina casi automáticamente, algo que no sucede en ningún lugar del mundo y que no puede seguir sucediendo acá”.
En cuanto a salud, la idea del Poder Ejecutivo es que quienes ingresen al país tengan que firmar declaraciones juradas en las que expresen el compromiso de que no harán uso de la salud pública. “No se puede seguir financiando tours sanitarios con personas que acá se someten a tratamientos costosos, como quimioterapia o trasplantes, y después se llevan medicaciones a su país. No tenemos margen. Distinto es si la persona viene al país y tiene una emergencia”, señalaron.
El planteo nacional va en una línea similar a lo que ya hicieron provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, que impusieron el cobro de la atención a la salud, sobre todo para internación y tratamientos especializados.
En cuanto a las causales de expulsión del país, predomina la idea de que se disponga la expulsión de los condenados con penas condicionales, no así los extranjeros que tengan condenas con cumplimiento efectivo, “porque sería favorecerlos”, consideran. También se contempla expulsar a quienes promuevan daños contra el patrimonio público.
En la letra del proyecto trabajan las carteras de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich; de Justicia, en cabeza de Mariano Cúneo Libarona, y la Jefatura de Gabinete, de Guillermo Francos, de la que depende la Dirección Nacional de Migraciones.
Trabajo por áreas
Cada área delineó sus propios lineamientos del proyecto y ahora se trabaja en la versión final que integrará todos ellos.
En la mesa de intercambios de lo que cada área desarrolló sobre el tema están Carlos Manfroni, jefe del gabinete de Seguridad, y Martín Ferlauto, director de Normativa de la cartera; Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete; Ignacio Rial, de la Dirección de Migraciones, y Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministro Cúneo Libarona.
Las conversaciones son permanentes, lo mismo que las mesas de trabajo en la que apuntan a unificar las ideas de cada cartera sobre el tema y los intercambios por grupos de WhatsApp.
“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que los extranjeros que estén en forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan”, señalaron fuentes gubernamentales.
En sintonía con Trump
Milei fue en línea con algo que ya había sostenido el Gobierno, a comienzos de diciembre pasado. Fue en línea con un discurso migratorio que días antes había empezado a deslizar Donald Trump, por entonces presidente electo de Estados Unidos y una referencia para el mandatario argentino.
En conferencia de prensa, el portavoz Manuel Adorni adelantó entonces que vendrían cambios en el régimen migratorio y sostuvo, a modo de ejemplo, que “hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero” y agregó que eso “representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio” si el proyecto prospera.
Ese mismo día se anunció la misma política para el sistema de salud pública. “Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales y municipales van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país”, afirmó.
Los cambios entonces no se concretaron, pero cada área comenzó a trabajar en el tema y sobre esas respectivas bases se trabaja por estas horas para terminar de dar forma al proyecto legislativo.
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