El Gobierno promete una restricción para que los extranjeros compren tierras argentinas pero sin afectar la soberanía
Esta iniciativa forma parte del paquete sobre propiedad privada que se girará al Congreso; en la Casa Rosada alegan que es para atraer inversiones
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LA NACIONPaula Rossi
Tras un mes de marzo flaquísimo en materia legislativa y muy difícil para el oficialismo por las polémicas que se abrieron en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno busca volver a tomar el mando de la discusión pública. Para eso, ultima por estas horas una serie de reformas que va a mandar al Congreso. Dentro de ese paquete, la Casa Rosada propondrá que los extranjeros tengan los mismos derechos que los argentinos para comprar tierras a nivel local, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.
Por la sensibilidad del tema, y ante una oposición ya altamente crítica del vínculo del presidente Javier Milei con el exterior −sobre todo respecto de su cercanísima relación con Estados Unidos a través de Donald Trump−, en la Casa Rosada aseguraron este jueves que el texto incluirá una restricción a los extranjeros para que no se afecte la soberanía.
La iniciativa está incluida dentro de un paquete normativo más extenso que remitirá la Casa Rosada al Congreso con distintos ejes vinculados a la propiedad privada, que delineó el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, en tándem con actores de peso de la mesa chica libertaria. Fuentes ejecutivas y legislativas deslizaron que esas propuestas se firmarían hoy, para que este viernes ya desembarquen en el Congreso.
También mañana se giraría la denominada “Ley Hojarasca”, un paquete de reformas normativas ideado por Sturzenegger que se vienen anunciando desde 2024, pero que el oficialismo nunca impulsó.
De acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION, el gobierno de Milei pretende que cualquier ciudadano extranjero tenga iguales posibilidades que un argentino para adquirir tierras, en este caso de características rurales. Dicen, como justificativo principal del discurso libertario, que es para promover la llegada de inversiones.
Desde el Gobierno buscaron aclarar que el proyecto tiene un apartado que especifica que no podrán ser compradores de tierras argentinas los Estados extranjeros o las empresas con participación de Estados extranjeros.
“La soberanía no se va a ver afectada”, enfatizaron, a la vez que descartaron cualquier avanzada sobre las zonas protegidas.
De momento, en la Argentina rige la ley 26.737 de 2011, cuando gobernaba Cristina Kirchner, que determina que los extranjeros solo pueden comprar 15% de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional. Asimismo, la legislación precisa que “en ningún caso” las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera podrán superar 30% de ese 15% inicial.
La ley vigente también indica que un mismo titular extranjero no está habilitado a tener más de mil hectáreas en la zona núcleo o la superficie equivalente según la ubicación territorial.
Esta idea de la administración Milei de cambiar la ley actual viene desde los albores de la gestión. Cuando publicó el DNU 70/2023, el Gobierno quiso derogar la ley de tierras, pero ese procedimiento quedó detenido porque la Cámara Federal de La Plata avaló un amparo que presentó el Centro de Excombatientes Islas Malvinas-La Plata (Cecim) para declarar inconstitucional esa parte del articulado del decreto.
La acción promovida por el Cecim despertó incluso un saludo de Cristina Kirchner. "Quiero felicitarlos por el gran triunfo jurídico y político que significó la declaración de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras“, les dijo la expresidenta en 2024.
Como justificativo para lograr el aval de sus socios en el Congreso, el Gobierno se basará en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que determina que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.
Además, desde la Casa Rosada aseguran que con esta nueva legislación buscan facilitar las inversiones externas en el país. “Hay muchas inversiones paradas por estas restricciones a los extranjeros”, afirmó un funcionario que sigue la letra chica del proyecto.
El paquete de propiedad privada incluye más aristas. Entre otras cosas, el Gobierno intentará acelerar los desalojos y acortar los procesos judiciales en aquellos casos en que las personas puedan acreditar el título del bien en cuestión, como así también esta iniciativa propondrá limitar las expropiaciones con un esquema −aseguran en Balcarce 50− “menos discrecional”.
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