El Gobierno reestructuró un programa de salud infantil y la oposición denuncia el desmantelamiento del área

Tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su reconversión en secretaría, el Gobierno nacional avanzó con una nueva reestructuración en materia sanitaria y desafectó a parte del personal médico que integraba la coordinación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC).

Opositores y asociaciones médicas denuncian que los recortes ponen en riesgo la continuidad de una política amparada por ley y evalúan judicializar la iniciativa del Ejecutivo. El oficialismo asegura que el programa sigue igualmente operativo.

El PNCC se creó en 2008 para aumentar el número de cirugías cardiovasculares pediátricas realizadas en el sector público y reducir la lista de espera para este tipo de procedimientos. Para blindar la política, en 2014 se impulsó un proyecto de ley de cardiopatías congénitas que recién obtuvo su sanción definitiva en el Senado el 13 de abril de 2023. En Diputados, solo Javier Milei y Victoria Villarruel habían votado en contra de la norma.

Según argumentó luego el líder de La Libertad Avanza, habían rechazado la propuesta por la inversión pública que suponía. “[Se votó en contra] porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y además implicaba más gastos, eso no funciona así”, aclaró en una entrevista televisiva. Ahora, a más de dos años de aquella votación, el Gobierno decidió avanzar con la reestructuración del programa y achicó su personal, al que consideraba excesivo.

Hasta fines de 2025, el programa contaba con siete cardiólogos, que conformaban el cuerpo técnico especializado, y seis administrativos. Según reconstruyó LA NACION, el 30 de diciembre la cartera que conduce Mario Lugones notificó a través del sistema GDE la desvinculación de tres de esos médicos. El recorte pretendía achicar una estructura a la que consideraban sobredimensionada. “Durante el 2025, el programa contaba con 13 personas y registró un promedio de 7,4 llamados diarios. Es decir, tenía un exceso de personal para esa cantidad de trabajo”, detalló la cartera sanitaria en redes sociales.

Entre el cuerpo médico, sin embargo, los cambios se interpretaron como un primer paso hacia un desmantelamiento de la política. Por eso, quienes seguían al frente del programa habrían solicitado, en primera instancia, la reincorporación de los profesionales despedidos. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, la mayoría presentó su renuncia. Según especificaron en el Ministerio a LA NACION, solo un cardiólogo habría decidido continuar en el programa.

Así, tras las desvinculaciones y renuncias, el programa quedó con la mitad de su personal -en su amplia mayoría, administrativo- y la coordinación pasó a estar encabezada por la dirección médica adjunta del Hospital Garrahan, liderada por el Dr. Guillermo Moreno, y su equipo de cardiología. “La coordinación ya funcionaba en el hospital y solía referenciarse también en el recurso humano del hospital. La diferencia es que hoy la dirección médica adjunta asume el protagonismo en la coordinación”, explicaron en la cartera a LA NACION. Ya el lunes pasado habían descartado que los cambios en el personal del programa afectaran su funcionamiento.

“En lo que va de 2026, todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas dentro de la red de atención. El programa continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del Hospital Garrahan, garantizando la articulación con los centros de alta complejidad de todo el país”, señalaron en X (ex Twitter).

Impulsores de la ley 27.713 y profesionales médicos, sin embargo, sostienen que la respuesta del Ministerio de Lugones no es suficiente y advierten que, bajo estas condiciones, peligra la continuidad de la iniciativa.

Dirigentes de Fuerza Patria y Provincias Unidas -la alianza que nuclea a parte de la Unión Cívica Radical (UCR), socialistas y dirigentes disidentes del peronismo y Pro- se hicieron eco de aquellos reclamos para denunciar un desmantelamiento del programa y arremeter contra los recortes en la política sanitaria de Javier Milei.

“Hoy, desde el Gobierno, avanzan destruyendo lo que ayer no pudieron bloquear desde las bancas, poniendo en serio riesgo la vida de miles de bebés que todos los años nacen con esta patología y necesitan de una atención integral para salvar sus vidas”, sostuvo la diputada nacional de Fuerza Patria Cecilia Moreau en X.

“Con la eliminación del equipo de profesionales que coordinaba la derivación a nivel federal, se limitó la atención y se expuso a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad (y que, por lo tanto, más deberíamos cuidar) a un daño que puede ser irreversible”.

En este contexto, según pudo saber LA NACION, algunos legisladores evalúan incluso hacer una presentación judicial para retrotraer la reorganización del programa. Al cierre de esta nota, sin embargo, solo habían avanzado en el plano parlamentario con pedidos de informes y de acceso a la información pública a la cartera de Lugones. Uno de los firmantes de esas solicitudes es el diputado peronista Pablo Yedlin, quien también utilizó sus redes sociales para cuestionar la medida oficial.

“El programa nacional de cardiopatías congénitas creado en 2008 y con ley desde 2023, permite que los más de 4000 bebés que nacen con ellas (50% requieren cirugía) en cualquier lugar lleguen al centro de complejidad que necesitan. Desmantelarlo es ilegal y otro error del Ministerio de Salud”, denunció en un posteo en el que citaba un comunicado de la Asociación Argentina de Salud Pública (Aasap), una de las agrupaciones médicas que cuestionó los recortes del Ejecutivo.

En la entidad advierten que la “desarticulación del equipo técnico conlleva riesgos directos e inmediatos” y exigen que el ministerio revierta los despidos. De igual modo se expresó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) que alertó sobre los perjuicios asociados a la “pérdida de la experiencia acumulada”.

En diálogo con LA NACION, Lucía Wasjman, una de las impulsoras de la ley de cardiopatías, y Ana Speranza, pediatra y una de las fundadoras del PNCC, también pidieron la restitución del cuerpo médico especializado y calificaron la reorganización actual como una solución de corto plazo. “Es algo totalmente transitorio y pasajero porque para sostener el programa tiene que nombrarse un jefe y equipo médico que realice las tareas que venía realizando, que no son solamente las derivaciones”, indicó Speranza.

Consideró que -incluso si el Gobierno no tuvo una intención explícita de desmantelar la política en cuestión- achicar su personal en base a la cantidad de llamados recibidos implica desestimar el tiempo que demoran las gestiones correspondientes, así como también otras funciones del programa como su rol auditor y capacitador.

“Cada llamada requiere mucho tiempo. No es recibir un llamado y colgar. Hay situaciones de bebés con cardiopatías que requieren resoluciones en el día o dentro de las 48 horas”, explicó. “Además, no es lo único que hace el centro coordinador. También lleva el registro nacional de cardiopatías congénitas, hace capacitaciones, hace auditorías a los centros tratantes. Es el único programa que certifica a los centros tratantes”.

Agrupaciones médicas y familias realizarán, el 1° de febrero, un banderazo nacional y se movilizarán en las calles para exigir la reincorporación del equipo de cardiólogos desarticulado a fin del año pasado. A las protestas, podrían sumarse acciones legales si los legisladores de la oposición deciden, finalmente, avanzar también en ese ámbito, como ya hicieron en el caso de la ley de emergencia en discapacidad.

Por Abigail Contreiras Martínez

• Salud
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