El Gobierno suspendió unos 155.000 planes Potenciar Trabajo tras la auditoría
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lo anunció esta tarde; los suspendidos son aquellos beneficiarios que no revalidaron sus datos; en febrero cobrarán la mitad del beneficio
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LA NACIONCecilia Devanna
El Gobierno anunció hoy la suspensión de 154.441 planes Potenciar Trabajo. El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En el Gobierno buscan alejar la idea de “ajuste” en el gasto social y hacen hincapié en que se trata de una “suspensión” y no una “baja” o recorte. En esa línea explicaron que quienes tengan sus planes suspendidos es porque no revalidaron sus datos en una auditoría en la que el 89% de quienes reciben el beneficio sí hicieron la actualización de su información personal. Conservan la ayuda estatal 1.210.571 beneficiarios, de los cuales la mitad son de la provincia de Buenos Aires. “A ellos les corresponde percibir porque sabemos perfectamente su situación patrimonial. El programa está transparentizado en un 88,7%”, indicó la funcionaria en una conferencia de prensa.
Conocida la decisión del Gobierno, la Unidad Piquetera decidió reunirse de forma virtual a partir de las 18 de hoy a la espera de decidir las medidas a tomar que, según ya advirtieron desde la propia organización, incluirán salir a la calle.
A quienes queden suspendidos tras el anuncio de este lunes se les va a liquidar a partir del 5 de febrero la mitad del Potenciar y quedará sujeto a una instancia de reclamo para poder validar sus datos a través de los mismos procedimientos que estuvieron vigentes desde noviembre. En caso de que lo hagan volverán a cobrar normalmente el beneficio, en tanto que quienes no vuelvan a hacerlo al período siguiente no percibirán ningún tipo de ingreso por el Plan y 60 días después de eso podrían ser efectivamente dados de baja, explicaron fuentes de la cartera a LA NACION. “Si no validaron, percibirán el primer mes un 50%. Al segundo mes será cero”, precisó Tolosa Paz, que agregó que el ministerio a su cargo no tenía estos datos para canalizar la ayuda.
“¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultades y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, dijo Tolosa Paz.
Por su parte, fuentes del Ministerio consultadas por LA NACION estimaron que el número de personas que podrían reclamar a partir de ahora y terminar revalidando su identidad rondaría los 30.000 beneficiarios. Consideran que el resto terminará cayendo. La sospecha más fuerte después de los relevamientos que se hicieron y el tiempo del proceso es que las personas que no revalidaron es porque no saben que están percibiendo el beneficio. En síntesis: que algún intermediario o “un puntero” está cobrando el plan sin que ellos lo sepan.
Además, explicaron que en términos de organizaciones y movimientos sociales, cada una de ellas perdió en promedio un 20% de los planes.
El reclamo se podrá hacer, como se hizo hasta ahora, a través de la aplicación Mi Argentina y también de forma presencial en distintos puntos, algo que ya sucedía desde noviembre, cuando comenzó la revalidación de datos y que, como señalan desde Desarrollo Social, se le dio difusión al tema y hasta la propia Tolosa Paz visitó los operativos de validación.
Precisamente, la etapa de reclamo y validación de datos que se abre ahora es el elemento al que apuntó Tolosa Paz para sostener que, de momento, los movimientos sociales no tendrían margen de reclamo en el tema.
La validación de datos comenzó el 22 de noviembre y se extendió inicialmente hasta el 6 de enero, plazo que luego fue extendido hasta ayer. La decisión de poner en marcha la validación se dio luego de que se conociera un informe de la AFIP que advertía irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales, que no debían recibir el cobro mensual (por entonces de $27.275) por las cuatro horas de trabajo que realizan como parte del plan. “Dimos la información a la Justicia e informamos que terminamos el proceso de validación. Ahora tenemos más certezas”, dijo Tolosa Paz sobre el informe de la entidad tributaria.
El área que supervisará la situación de quienes revaliden sus datos está bajo la órbita de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y crítico de varias medidas que se vienen tomando en el último tiempo. De hecho, la auditoría puso en pie de guerra a los movimientos sociales, incluidos los oficialistas, cercanos al presidente Alberto Fernández. Tanto Pérsico como Tolosa Paz fueron denunciados por las irregularidades detectadas en los planes Potenciar por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
“Hemos conversado con Pérsico sobre el proceso de validación. Si hay algún sector que quiere protestar, les decimos que hay una ventanilla de reclamo”, dijo Tolosa Paz, sobre los descontentos con la suspensión. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, denunció “un ajuste salvaje” a través de las redes sociales.
En enero, los beneficiarios del plan Potenciar trabajo cobraron $30.976, 50, un 7% más que lo que habían recibido el último mes de 2022, como parte de un incremento gradual que para abril próximo prevé elevar la asistencia social a $34.750.
En la conferencia de prensa, Tolosa Paz también dio cuenta de lo que vendrá en materia de estrategia para subsanar parte de lo que arrojó la validación de datos en materia educativa. De acuerdo a la información que maneja la cartera, cerca del 30% de los beneficiarios que revalidaron sus datos tienen el secundario completo y otro 29% no logró terminarlo, mientras que el 10% no finalizó la educación primaria.
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