El Inadi aumentó dimensiones y lleva casi dos décadas intervenido
El Gobierno quiere cerrarlo, pero necesitará de una ley para hacerlo; tiene 400 empleados, asignado un presupuesto de $2.800.000.000 y multiplicó sedes; el Ministerio de Justicia absorberá a parte de su personal y sus funciones
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LA NACION
El cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), una iniciativa anunciada hoy por el vocero presidencial Manuel Adorni se hará de manera relativa. “No sirve para nada”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa, sin precisar cómo se instrumentará su cierre. Pero como no es posible eliminar el organismo estatal si no es mediante una ley, el Ministerio de Justicia anunció que lo desmantelará y absorberá sus funciones. “El INADI fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la forma que corresponde de acuerdo a la legislación vigente”, comunicó la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona.
El organismo estatal lleva más de dos décadas intervenido, y sus resultados todavía están siendo auditados por el Ministerio de Justicia. El cierre del Inadi era una de las tantas medidas que buscaba aplicar el gobierno de Javier Milei mediante la aprobación de la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento fracasó en el Congreso.
El organismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, está intervenido desde 2000, con las excepciones de dos gestiones, la de Enrique Oteiza y la de María José Lubertino. El gobierno de Cristina Kirchner ordenó su intervención en 2011 y desde entonces la situación nunca fue normalizada. Durante el macrismo fueron interventores Javier Bujan, que hoy es juez, y el abogado radical Claudio Presman. A lo largo de esas gestiones no se avanzó en normalizar la situación ni se sancionó una nueva ley antidiscriminatoria (la vigente fue sancionada en 1988). Tampoco se hizo durante la gestión de Victoria Donda, quien fue designada interventora por Alberto Fernández, y que renunció en diciembre de 2022. La interventora hasta que asumió Javier Milei fue la abogada y periodista Greta Pena. La interventora designada por Mariano Cúneo Libarona es María de los Ángeles Quiroga.
El Instituto tiene asignado un presupuesto de $2.800.000.000 para 2024, que comprende gastos tales como $8.000.000 mensuales en alquileres. Durante la gestión de Donda las dimensiones del INADI crecieron. Según el informe de gestión 2022, se impulsó durante ese año la “campaña federal INADI de Ushuaia a la Quiaca”, un programa cuya implementación significó la apertura de nuevas sedes del instituto en distintas ciudades: aumentó el número de delegaciones, subdelegaciones y enlaces INADI en todo el país de 27 a 50. También aumentó el número de personal, que pasó de 398 a alrededor de 450 empleados. Según supo LA NACION, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona pidió ahora las renuncias de todos los delegados y bajó el número de empleados de 430 a 355.
Además, no hay, según dijeron fuentes del Ministerio de Justicia a LA NACION, una nómina de personal ni un sistema de Recursos Humanos. Cuando comenzó el relevamiento para detectar mediante un sistema de datos biométricos si todos los contratados asistían a trabajar, se detectó que había más de 400 empleados, que muchos no tenían funciones, y que al menos 100 no concurrían a trabajar. Muchos presentaron sus renuncias desde entonces.
Según el mismo informe -que es el más reciente-, los dictámenes emitidos por el Inadien 2022 fueron en torno a los siguientes temas: “crímenes de odio, discursos de odio y discursos discriminatorios”, “discriminación contra la mujer”, “discriminación contra personas LGBTIQ”, “personas con discapacidad”, “discriminación contra personas con VIH”, “discriminación por razones de salud”, “discriminación por razones sindical”, “discriminación contra migrantes”, “gordo odio”, “discriminación contra adultos mayores”, y “discriminación por motivos socioeconómicos”. El informe de 2022 indica que se resolvieron, durante ese año, 1844 expedientes, número señalado como un máximo histórico del Instituto. Sin embargo, según quienes llevan adelante la auditoría sobre las condiciones del Ministerio de Justicia, en el Inadi hay más de 7000 expedientes sin tramitar y sin resolución.
Muchas de las acciones llevadas adelante por Donda durante su gestión como interventora fueron calificadas en algunos sectores de la política como discrecionales. Incluso algunas iniciativas puntuales causaron el rechazo de entidades periodísticas cuando, antes de que se celebrara el mundial de fútbol en Qatar, el Instituto difundió un manual para la cobertura de las noticias del evento. “La gestión de Donda tuvo muchas políticas que eran para su propio público”, señaló a LA NACION un exfuncionario que conoció de cerca el funcionamiento del Inadi.
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