El juicio contra el exjuez Walter Bento entra en la recta final
El exmagistrado mendocino está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficiar a presos por delitos graves; enfrenta otras acusaciones
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- Llegó la hora decisiva. Después de dos años y medio, el megajuicio contra el poderoso exjuez mendocino Walter Bento, imputado por corrupción, entró en la recta final. Esta semana se conocerá la sentencia. Primero, se determinará si tuvo responsabilidad penal; luego, en caso de ser hallado culpable, se procederá al dictado de las penas en su contra.
El exmagistrado está acusado de liderar una banda que cobraba millonarias coimas en dólares a cambio de beneficiar a presos por delitos graves, como narcotráfico y contrabando. Un accionar sistemático mientras cumplía su otra función que lo mantenía cerca de los partidos políticos y sus dirigentes: durante años fue el responsable de la realización de las elecciones en la provincia, al frente del Tribunal Oral Federal N°1.
A lo largo del extenso proceso en su contra, con una veintena de acusados, hubo espacio, durante más de 150 audiencias, para todas las interpretaciones y voces, entre ellas, las que señalaron al exfuncionario de ser el eslabón final de un sistema de recaudación de los billetes verdes, lo que le permitió, según la investigación, enriquecerse ilícitamente. Entre los más de 300 testigos, hubo testimonios vinculados a los detenidos en diferentes causas graves que llegaron a indicar que les pedían más de 700.000 dólares para recibir alguna ayuda o alivio en el proceso penal. También, la moneda de cambio podían ser automóviles o propiedades. En este punto, Bento está sindicado de cometer más de 10 episodios de cohecho.
“Ya está todo preparado para las definiciones. El lunes se avanzará con los pedidos de nulidades; el martes y miércoles será el momento de las últimas palabras de los imputados y para jueves o viernes el tribunal dictaría sentencia”, indicaron a LA NACIÓN fuentes tribunalicias, más allá de algún nuevo artilugio que pueda presentar la defensa para dilatar la resolución. En instancias previas, el ex juez dio su visión de lo que considera ocurrió en su contra: una causa “armada”, teñida de persecución judicial y política, con un “odio patológico” hacia su figura. Cargó las tintas contra quienes lo investigaron desde el principio: el fiscal general Dante Vega y el juez federal Eduardo Puigdéngolas.
Sin embargo, las pruebas recolectadas en el debate lo comprometieron cada vez más. Sobre Bento pesan acusaciones graves: asociación ilícita en calidad de jefe; cohecho pasivo agravado por 11 hechos, en carácter de autor; prevaricato como autor; omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito; lavado de activos agravado, como miembro de una banda dedicada a la comisión de estos delitos y en su rol de funcionario público; y falsedad ideológica. También se le endilgan los cargos de abuso de autoridad en 10 hechos; desobediencia judicial por no entregar su celular y documentos de viaje; y ocultamiento de prueba, también en relación a su teléfono.
“Hay que esperar la resolución del tribunal, la decisión de condena en qué hechos. Después se determina la pena en un proceso posterior. Primero, entonces, estará la eventual condena de culpabilidad. Luego, en otro proceso, lo que se llama juicio de cesura, vendría la pena, que podría ser menor a los 15 años de cárcel; quizás 12 años, si declaran responsabilidad en todos los hechos”, estimaron en contacto con LA NACION importantes fuentes del caso.
Destitución y caída
El juicio contra Bento, quien fue destituido por el Consejo de la Magistratura en noviembre del 2023 y alojado en la cárcel de Cacheuta, comenzó formalmente el 26 de julio de ese año, liderado por el Tribunal Oral Federal 2, el cual está compuesto por tres mujeres de otras provincias que viajaban a Mendoza cada dos semanas: las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira.
En la etapa de alegatos, que se dio durante buena parte del 2025, el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, fue contundente en el pedido de condena contra el ex juez y dos miembros de su familia: su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel, quienes están acusados de lavado de activos de origen ilícito agravado. El funcionario judicial desligó del proceso al otro hijo del matrimonio, Luciano, y aseguró que Bento tuvo un incremento patrimonial apreciable e injustificado, entre 2005 y 2020. Así, el clan familiar está bajo acusación de haberse enriquecido y lavar dinero procedente de los sobornos, con los que realizó cientos de viajes a destinos paradisíacos, compró inmuebles y vehículos de alta gama, además de realizar importantes inversiones.
“Es momento de que la ciudadanía escuche también que las instituciones existen, funcionan y reaccionan ante estos graves delitos; que quienes incumplen las normas son castigados; que la corrupción y la ilegalidad vistas en este juicio son sancionadas y no quedan impunes”, expresó el fiscal Velasco en su presentación final.
Luego, antes de fin de año, llegó el turno de los defensores de cada uno de los imputados, entre ellos, el representante legal de Bento, el reconocido abogado Mariano Fragueiro Frías y su equipo. La defensa dejó clara su posición de persecución, negó los cargos, reclamó nulidades del proceso y solicitó la absolución.
El exjuez está acusado de comandar una asociación ilícita junto a abogados, un exjefe policial y un supuesto socio, despachante de aduanas e informante policial, que fue asesinado en 2020, un crimen que se convirtió en la pieza clave para empezar a desentrañar los hilos de un sistema de corrupción.
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