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El juzgado federal de Campana suma otra causa contra la AFA, mientras busca conservar el caso de la quinta
Al expediente por el inmueble adjudicado a Toviggino se añade ahora un expediente por presunto fraude contra Faroni por el desvío de fondos desde los Estados Unidos
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LA NACIONHernán Cappiello
Mientras la Cámara de Casación aún debe decidir de manera definitiva qué tribunal investigará el caso de la quinta de Pilar ligada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charvay sumó un nuevo expediente contra la organización del fútbol.
Este magistrado conserva -al menos hasta el momento- el caso sobre quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y ahora sumó la causa por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares fondos cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer.
Es que la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba ese caso de fraude, denunciado por el agente FIFA Guillermo Tofoni, se declaró incompetente y envió el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.
Este es el juzgado donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones.
La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal, que convocó a una audiencia para el 30 de marzo entre los acusados y la fiscalía. Luego decidirá.
Los jueces de Casación Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky resolverán si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana o en la justicia federal o penal económico de la Capital Federal.
Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.
Ahora, la jueza Petazzi resolvió acumular en Campana los expedientes por lavado de activos y uso de sociedades “fantasma” en el exterior.
El centro del escándalo radica en un presunto “despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares”.
Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.
Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional.
A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que “no tendría justificación alguna” y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.
La ruta del dinero incluye giros ajenos a la vida institucional de la AFA, como la transferencia de US$40.000 enviados a la cuenta de María Florencia Sartirana, señalada en la denuncia como pareja de Toviggino.
El argumento por el cual enviaron esta causa a la justicia federal de Campana es que la jueza entendió que ocultar ingresos millonarios a través de una “red internacional de intermediarios financieros” y cuentas offshore generó una posible afectación al sistema tributario argentino y a las arcas del Estado. Y eso, dijo, impactó en las declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En segundo lugar, el tribunal argumentó que el supuesto fraude interno en la AFA es inescindible de los posteriores actos de blanqueo de capitales.
Dividir ambas causas significaría entorpecer la búsqueda de la verdad y duplicar recursos, dijo la magistrada que entendió que la presunta administración fraudulenta es el “delito precedente” del lavado de activos.
La resolución desestimó el reclamo del empresario querellante Guillermo Tofoni, que pretendía que la defraudación se juzgara en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires bajo el argumento de que la sede central de la AFA se ubica en la calle Viamonte y los contratos se firmaron en esa jurisdicción.
El tribunal determinó que separar los episodios de fraude y los de lavado “conllevaría un escándalo jurídico conectado con la inseguridad jurisdiccional” ante el riesgo de dictar resoluciones contradictorias.
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