El piquetero Eduardo Belliboni denunció a la ministra Sandra Pettovello por manipular datos de la rendición del Polo Obrero
El dirigente social sostiene que su organización hizo la rendición en tiempo y forma de todos los recursos que recibió del Estado; asegura que los funcionarios de Capital Humano manipularon los datos que le dieron a la Justicia
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Antes de que se formalice su elevación a juicio oral, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, activó un contraataque en la Justicia: denunció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a sus funcionarios por haber “manipulado y adulterado” la información que le entregaron a la Justicia en el marco de la causa que lo tiene procesado por haber desviado fondos destinados a la asistencia social.
Según aseguró Belliboni en reiteradas oportunidades, y ahora lo afirma en la denuncia contra la funcionaria de Milei, las dos cooperativas asociadas a su agrupación que fueron beneficiadas con los recursos del Estado, Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda, realizaron en tiempo y forma la rendición de cuentas de todo lo que recibieron.
“El Ministerio que ha adulterado la documentación pública y/o ha ocultado la información contenida en documentos públicos es parte querellante, acusatoria, en el proceso judicial llevado en nuestra contra”, dice la denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal N°10, a cargo de Julián Ercolini.
Los recursos en juego son los fondos que las distintas organizaciones sociales –no solo el Polo Obrero– recibieron desde la extinta secretaría de Economía Social, manejada por el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en el marco del exPotenciar Trabajo, un programa social que en ese entonces estaba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Por haber utilizado esos recursos con fines partidarios, Belliboni y más de una docena de dirigentes sociales, cuentan con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Se los acusa de amenazas y defraudación al Estado.
La causa, que se inició en diciembre de 2023 a partir de denuncias anónimas recibidas por el Ministerio de Seguridad en una línea especial, tiene al Ministerio de Capital Humano como querellante. Desde ese rol, la cartera de Pettovello informó a la Justicia que más de 80 millones de pesos no habían sido justificados por las organizaciones investigadas.
“¡Esto es falso! No hay otro termino para describirlo, es falso de falsedad absoluta”, dice Belliboni en la denuncia. “Se ha configurado el delito de falsificación ideológica de documento público, con el agravante de ser ejecutado por funcionarios públicos con abuso de sus funciones toda vez que mediante los documentos públicos emanados por los funcionarios del Ministerio de Capital Humano”, se denuncia en el escrito, que lleva el patrocinio de Liliana Alaniz.
“Se efectúo una adulteración y/o manipulación de datos y/o ocultamiento de la información obrante en los registros de dicho organismo”, se añade.
Como parte de la contraofensiva, Belliboni denunció también al fiscal que instruye la causa por haber filtrado información a la prensa. Se trata de Gerardo Pollicita, que trabaja para llevar a juicio oral a todos los procesados. El plazo para pedir la elevación vencía hoy, pero la fiscalía pedirá una prorroga para consolidar algunos puntos en la acusación.
Una vez que se formalice el pedido, la causa quedará en manos de Sebastián Casanello, el juez que procesó a todos los implicados: María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coeg. También fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, integrantes de la agrupación Barrios de Pie.
Según la investigación, los dirigentes coaccionaban a los beneficiarios de los planes sociales, o quienes aspiraban a serlo, para que participaran de las marchas, ya sea bajo la amenaza de quitarles el beneficio o con la promesa de incorporarlos al programa.
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