El tribunal que condenó a Cristina Kirchner avanza con el decomiso de bienes: incluye propiedades de los hijos de la expresidenta
Luego de que la Cámara de Casación dejó firme la sentencia que ordenó avanzar con el recupero de activos, el camarista Giménez Uriburu le preguntó a la Corte Suprema si le interesa disponer de alguno de los inmuebles
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LA NACIONHernán Cappiello
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner por su condena de la causa Vialidad avanza en la Justicia.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema de Justicia para avanzar con el asunto.
Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.
La comunicación estaba dirigida a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de Sergio Romero.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu le informó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado los recursos de Cristina Kirchner, quien se oponía a que se avanzara sobre sus bienes.
También, las presentaciones de Máximo y Florencia Kirchner para que no se decomisaran los bienes que fueron entregados a ellos por sus padres como adelanto de herencia.
Y el juez Rodríguez Uriburu recordó en ese oficio que el 18 de noviembre del año pasado se dio intervención a esa oficina a cargo de los bienes decomisados para que la Corte Suprema de Justicia decidiera si ella misma se quedaría con alguno de estos 111 bienes identificados en esta primera etapa o si son de interés del Consejo de la Magistratura.
El juez pidió que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
Ya había sugerido el tribunal que, como la principal damnificada por la causa Vialidad es la provincia de Santa Cruz, se la tenga en cuenta a la hora de definir el destino de los bienes decomisados.
Es que la Acordada 22 del 2025 señala que es la Corte la que administra los bienes decomisados y que, antes de disponer el remate, se debe determinar si alguno de esos bienes pueden ser usados por el propio tribunal u otra dependencia del Poder Judicial; por ejemplo, para habilitar el funcionamiento de tribunales u oficinas judiciales.
Ahí está ahora el trámite. Sin embargo, Cristina Kirchner aún puede interponer un recurso de queja ante la propia Corte Suprema de Justicia.
Una inveterada doctrina señala que las sentencias son ejecutables cuando se rechaza el recurso extraordinario, lo que habilitaría a que se pueda avanzar con el remate de los bienes.
El nuevo Código Procesal Penal señala que la sentencia queda firme cuando la Corte rechaza el último recurso, aunque en este caso un decomiso no es de las sentencias definitivas.
La Cámara Federal de Casación Penal avaló la ejecución del decomiso de bienes. El juez Gustavo Hornos destacó en este último fallo que el decomiso no se agota en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la efectiva recuperación de los activos provenientes del delito.
Se admitió la ejecución sobre bienes pertenecientes a los condenados, así como sobre activos en poder de sociedades vinculadas o de terceros que hubieran recibido el producto o provecho del ilícito, incluso cuando tales bienes hubieran sido transmitidos a título gratuito o por vía hereditaria, como es el caso de Florencia y Máximo Kirchner. Esa decisión se tomó con los votos de los camaristas Hornos y Diego Barroetaveña, y la disidencia de su colega Mariano Borinsky.
En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo −lo que habilitó la ejecución de las penas−, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta la Casación. Era lo único que restaba ejecutar.
De los 111 inmuebles que abarca el decomiso, 84 son del empresario Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo Hotel Los Sauces, y uno solo es de la expresidenta, un terreno en el Calafate de más de 6000 metros cuadrados, que fue adquirido en 2007.
Si estos bienes resultan insuficientes para cubrir el monto total, la Justicia avanzará contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito.
La expresidenta, en particular, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, y una serie de terrenos en Lago Argentino -también en Santa Cruz-, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos, que no forman parte del proceso.
Los 10 departamentos están ubicados sobre la calle Mitre al 500 y fueron adquiridos originalmente en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.
Pero la estrategia de la expresidenta para aislar esas propiedades quedó enterrada con los votos de los jueces Hornos y Barroetaveña, quienes, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron.
Hornos insistió en la necesidad de una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito, y dijo: “La pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”. Hornos recibió el respaldo de su colega Barroetaveña.
Respecto del planteo de la expresidenta sobre los bienes de sus hijos, señalaron los jueces que en los delitos de corrupción complejos no se puede exigir una “trazabilidad lineal” del dinero ilícito y que basta con probar una vinculación económica razonable.
Destacaron también que no es una pena contra Máximo y Florencia Kirchner en particular, sino una medida “restaurativa del patrimonio estatal”. “El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito”, afirmaron.
El juez Mariano Borinsky sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso así excluir del decomiso las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF2 venció el 13 de agosto del año pasado, pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado hasta la resolución que ordenó ahora su ejecución.
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