El veto a la movilidad complica más las finanzas de 13 provincias que esperan fondos para sus cajas de jubilaciones

CÓRDOBA.- El cambio de voto de 28 diputados nacionales le permitió al presidente Javier Milei sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria sancionada hace unas semanas que, en su artículo 10 preveía la cancelación de deudas con las cajas previsionales provinciales no transferidas a Nación. Son 13 los sistemas que siguen en manos de los gobernadores, que vienen acumulando deuda desde que asumió la administración libertaria porque no se les giró ni un peso. El monto adeudado rondaría los U$S3.000 millones. Es uno de los temas por los que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, viene renovando promesas que nunca se cumplieron.

Las cajas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes son las que siguen en manos de las provincias cuyos tesoros son los que deben poner el dinero que no manda Anses. Ese monto es el equivalente, en cada caso, a lo que le costarían esos pasivos al sistema nacional.

Entre los legisladores nacionales que cambiaron el voto hay algunos vinculados con los gobernadores que esperan que la Casa Rosada cumpla con los giros: Gerardo Cipolini, radical del Chaco, directamente se ausentó; los misioneros Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa -de Innovación Federal- se abstuvieron.

El caso más resonante fue el del radical entrerriano Pedro Galimberti, que dejó su banca dos días antes de la sesión para integrar la comisión que administra la represa Salto Grande. Hacía dos meses que ese trámite estaba dando vueltas y salió a tiempo para que jurara Nancy Vallejos, del Pro, quien votó a favor de mantener el veto. El gobernador Rogelio Frigerio llevó a la Corte Suprema hace unos meses su reclamo por los fondos.

Si bien la ley vetada planteaba que se debía pagar la deuda con las cajas no transferidas con los recursos de Anses, en los argumentos del veto se señala que todos “son utilizados para el pago de las prestaciones corrientes” del organismo. Esos compromisos tienen un fundamento legal que no se derogó, pero el 27 de marzo por el decreto 280/2024 el Ejecutivo suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo este año. Allí se fijaba cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias.

Además de Entre Ríos cuya deuda ronda los $170.000 millones, Córdoba tiene una demanda ante la Corte por estos recursos; reclama unos $450.000 millones. El chubutense Ignacio Torres, en marzo, dijo que iría a la Justicia pero todavía no lo hizo. El secretario de Seguridad Social de Santa Fe (provincia que tiene en marcha una reforma previsional), Jorge Boasso, calificó el corte de recursos como “una apropiación indebida de fondos” y también anticipó que irían a la Justicia; calculan una deuda de $800.000 millones

En su presentación ante Diputados, Francos afirmó que el Ministerio de Capital Humano “informa que la Anses no mantiene deuda alguna con las provincias, toda vez que las deudas quedan plasmadas en Convenios de Financiamiento celebrados entre las ellas y el Estado Nacional; siendo éste el mismo criterio utilizado para todas aquellas Provincias que no han transferidos sus regímenes al Estado Nacional” aunque después aclaró que el organismo “no hizo todavía el cálculo sobre lo que corresponde girarle a cada caja previsional”.

Esos “cálculos” deberían incluir, por ejemplo, una compensación entre las deudas de Anses con las que las provincias tengan con el Fondo de Garantía de Sustententabilidad del organismo. Esa era una solución posible que se vino postergando desde el inicio de la administración libertaria.

Por Gabriela Origlia

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