Elecciones 2019: Cristina Kirchner logró su primera meta; ahora busca su reivindicación

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner alcanzó anoche su primer objetivo: derrotar a Mauricio Macri y sacarlo de la Casa Rosada. Ahora va por su segunda meta: su reivindicación judicial. Quiere quitarse de encima todas las acusaciones penales. Quiere mostrarle al mundo que nada supo o nada tuvo que ver con todo lo ilícito que pasó a su alrededor... si es que siquiera algo pasó.

El camino para alcanzar el primer objetivo comenzó a delinearlo años atrás, incluso antes del fallido traspaso de los atributos presidenciales, el 10 de diciembre de 2015. Ungir a Alberto Fernández al frente de la fórmula presidencial, a pesar de los cortocircuitos públicos y privados que los distanciaron durante largo tiempo, fue un paso más en un largo y metódico recorrido. Ya en enero y febrero de 2016, desde El Calafate o Río Gallegos, llamaba hasta dos o tres veces por día a Héctor Recalde, líder del bloque de diputados del kirchnerismo, o a José Ottavis, su equivalente en la Legislatura bonaerense, para impartirles directivas. O a su exministro de Economía Axel Kicillof. O a su exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli.

Parte de su estrategia, sin embargo, fue ampliar su abanico de aliados. Así lo corroboró el candidato a jefe de gobierno porteño Matías Lammens la primera vez que estuvo a solas con ella. Fue en el Instituto Patria: la expresidenta lo felicitó por su postulación y le dijo que nada tenía que objetarle por sus críticas al kirchnerismo. "Vos estás haciendo tu camino", le dijo, palabras más, palabras menos, para luego explicitarle su propia obsesión: su reivindicación pública.

La flamante vicepresidenta electa y, hoy, la figura pública más poderosa de la Argentina afronta trece procesamientos penales, siete pedidos de prisión preventiva y cinco acusaciones ya elevadas a juicio oral. Le enrostran una larga lista de presuntos delitos vinculados a supuestos actos de corrupción. Entre ellos, lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, asociación ilícita, encubrimiento y traición a la patria.

En varias de esas investigaciones, la Justicia presentó pedidos de desafuero, pero chocó siempre con la "doctrina Pichetto", en alusión al apellido del histórico jefe del bloque peronista en el Senado y luego candidato a vice por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien defendió que el Senado entregaría a uno de los suyos solo con una condena judicial firme de por medio.

Creada a medida del expresidente y senador Carlos Menem por acusaciones como la causa Armas, la doctrina Pichetto terminó por beneficiar a Fernández de Kirchner. Pero si como senadora ya resultaba una utopía obtener su desafuero, ahora lo será mucho más. Como vicepresidenta ya no bastará con el pronunciamiento del Senado. Cualquier requisitoria judicial deberá pasar también por la Cámara de Diputados, mediante un proceso de juicio político.Junto a Fernández de Kirchner afirman, sin embargo, que estas disquisiciones procedimentales son irrelevantes. Porque ella reafirma su inocencia. Sostiene que nada ocurrió. O, al menos, que ella nada supo sobre eso. Ni mucho menos pueden responsabilizarla por lo que otros funcionarios, dos o más rangos por debajo del de ella en el escalafón del Estado, pudieron hacer a escondidas.

Ese argumento judicial conllevó, claro, dejar atrás o desconocer a quienes conformaron su círculo de relaciones -o el de su marido- durante muchos años. Como su ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, o el presunto testaferro de la familia, Lázaro Báez, y otros laderos, como el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, o el ex "señor de los peajes" Claudio Uberti.

Despegarse conllevó lidiar, también, con varios reproches. "Néstor no le hubiera soltado la mano a De Vido", planteó la esposa del exministro, Alessandra Minnicelli, por televisión, en mayo pasado. "No soy de pasar factura, si me la cruzo la saludo y le digo qué mal que estuvo que no me contuvo, que no me llamó..., le preguntaría '¿por qué no lo cuidó más a Julio?'".

Otros, como Uberti, caído en desgracia con el caso Antonini en 2007, fueron más lejos. Tras años de ostracismo y ninguneo, Uberti se acogió al régimen del arrepentido cuando estalló la causa de los cuadernos y la vinculó a la corrupción. "Cristina estuvo presente varias veces en la que yo fui a dejar los bolsos; ella sabía todo lo que se hacía", declaró.

Aun así, la expresidenta confía en los cambios de paradigma. "Lo que ella busca es su reivindicación. Punto. Y te lo dice. Quiere demostrar que durante estos últimos años fue una perseguida política", cuentan a su lado. "Quiere demostrar que el gobierno de Macri armó causas para perjudicarla a ella y a sus hijos", Máximo y Florencia, quienes también afrontan desafíos judiciales.

Algunos trazos de su visión sobre esa supuesta persecución política quedaron plasmados en Sinceramente, el libro con el que la exjefa de Estado propulsó su candidatura, sin explicitarla, a principios de este año. Allí defendió el patrimonio familiar y repudió la ofensiva judicial en su contra. "Néstor me lo dijo: 'Te van a perseguir a vos y a tus hijos'. No fue altisonante. Estaba serio y cuando le pregunté: '¿Por qué decís eso?', enseguida cambió de conversación. Fue en El Calafate. Lo que no puedo recordar es si fue durante la última semana que estuvimos juntos", rememoró en su libro, para en otra página abordar su patrimonio. "Nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública. Y menos a la presidencia de la Nación".

Tanto ese magistrado como su colega de Comodoro Py Claudio Bonadio concentran algunos de los comentarios más ácidos de Fernández de Kirchner. Otros son los fiscales Carlos Stornelli, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, o quien fue el superior de ellos, el fiscal general Germán Moldes -ya retirado-, y el titular de la unidad antilavado (UIF), Mariano Federici, entre otros.

Pero, a diferencia de lo que ocurrió durante los últimos años, Fernández de Kirchner contará con aliados impensados en los tribunales a la hora de limpiar su honor. Entre ellos, muchos de quienes desde diciembre de 2015 se esforzaron por contarle las costillas. Un giro que la profesora de la Universidad de Rochester Gretchen Helmke define como "la lógica de la defección estratégica". En otras palabras, que muchos jueces y fiscales aumentan sus decisiones contrarias al gobierno saliente, basados "en lo que evalúan que será importante para el futuro gobierno". Y que, al mismo tiempo, toman decisiones favorables a las nuevas autoridades sobre la base de lo que creen que puede congraciarlas.

No debería sorprender. Se trata de un clásico que se repite en cada transición presidencial, con especial énfasis en los tribunales federales de Comodoro Py. Así puede atestiguarlo Menem, quien pasó de gozar de los "jueces de la servilleta" a afrontar un arresto domiciliario y un pedido de captura internacional. O Macri, quien pasó de lidiar con acusaciones por presuntas escuchas telefónicas ilegales a que el juez federal Norberto Oyarbide le ofreciera sus servicios todoterreno al por entonces nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano.

Sin embargo, la tendencia tribunalicia de cargar contra quien pierde poder e hincarse ante el poderoso es probable que incluso se agudice esta vez, fogoneada por el "doble comando" que podría protagonizar la fórmula presidencial triunfante. Porque ella enfurecía con la sola alusión a un "copresidente" cuando, en 2007, se hablaba de que compartía el volante con Néstor Kirchner. Y a Amado Boudou ni siquiera le dejó ubicarse en la Casa Rosada cuando debió ejercer la presidencia mientras ella sobrellevaba una de sus licencias médicas. "Aimé" debió gestionar desde un despacho prestado en el Banco Nación. Pero acaso a ella esta vez no le moleste tanto que el poder sea colegiado.

Otras voces, sin embargo, plantean que ella se dará por satisfecha con alcanzar sus dos objetivos originales: derrotar a Macri y su reivindicación pública. Porque hoy su cabeza estaría en otro lado, junto a su hija Florencia, quien permanece en Cuba, y sus nietos, por lo que buscaría mantener "una sana distancia" del ahora presidente electo.

Un indicio en ese sentido, cuentan sus acólitos, lo ofreció en la semana posterior al triunfo en las PASO del 11 de agosto. En los días que siguieron, Alberto Fernández se reunió con gobernadores y aspirantes a serlo, como Axel Kicillof; con empresarios, como Marcos Galperin; con periodistas, como Luis Majul, y con consultores electorales. Ella se mantuvo en un segundo plano, aunque al tanto de todos sus movimientos, hablaron todos los días y se reunieron al menos dos veces. La primera en el Instituto Patria; la segunda, en el departamento de la hija de la expresidenta.

Esa eventual "sana distancia" deberá plasmarse en el día a día de la gestión. Dependerá de ella, del presidente electo, de la economía, de cómo se desarrolle la transición hasta el 10 de diciembre y de las primeras medidas que adopte el nuevo gobierno, entre tantos otros factores, previsibles e impensables. Pero es una pregunta abierta por ahora con respuesta incierta.

Como vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner contará con mayor protección frente a las acusaciones judiciales que los fueros que hasta ahora tenía como senadora nacional. ¿Por qué? Porque ya no dependerá de que el Senado vote su desafuero como legisladora, sino que será necesario completar un proceso de juicio político, con la intervención de la Cámara de Diputados y del Senado. Para eso, debería presentarse un pedido formal, que primero deberá aprobarse en comisión en la Cámara baja y luego someter la acusación a otra votación en el recinto de la Cámara en pleno, que se transformaría en el ente encargado de la acusación formal. Este procedimiento se aplicó contra ministros de la Corte Suprema de Justicia. Pero desde 1983 nunca prosperaron los pedidos de juicios políticos contra presidentes y vicepresidentes.

• 13 Procesamientos. La flamante vicepresidenta Cristina Kirchner acumula trece procesamientos penales. Son por los presuntos delitos investigados en las causas conocidas como dólar futuro, Vialidad, Los Sauces, Hotesur, memorándum con Irán, ocultamiento de documentos históricos, cuadernos de la corrupción, corredores viales, cartelización de la obra pública, gas licuado, coimas en los subsidios a colectivos, coimas en el sistema ferroviario y uso de los aviones presidenciales.
• 7 pedidos de prisión preventiva. La máxima figura del Frente de Todos también arrastra siete pedidos de prisión preventiva, la mayoría dispuestos por el juez federal Claudio Bonadio. Se dictaron en las causas del memorándum con Irán, cuadernos de la corrupción, corredores viales, cartelización de la obra pública, gas licuado, coimas en los subsidios a colectivos y coimas en el sistema ferroviario.
• 5 juicios orales. Mientras algunas investigaciones avanzan con ritmos dispares, cinco ya se enviaron a tribunales federales para el juicio oral, tras completar la etapa de instrucción y ser revisadas y confirmadas por la Cámara Federal porteña y Casación Penal. Son las causas de dólar futuro, memorándum con Irán, Vialidad, Los Sauces y Hotesur.

Por Hugo Alconada Mon

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