En tensión con el Gobierno, la Corte debe resolver casos de alto impacto económico
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia termina el año en un clima de tensión con el Gobierno y en busca de calmar las diferencias internas entre algunos de sus integrantes. De cara a 2021, el tribunal enfrenta un año crucial en que se pone en juego su presidencia, foco habitual de pujas entre los supremos, y están pendientes importantes sentencias de impacto económico.
La Corte sabe que la tensión con el Gobierno no terminó y que se va a renovar el año próximo. Máxime cuando tiene en sus manos casos delicados para resolver, como la situación judicial de Cristina Kirchner o la demanda de Horacio Rodríguez Larreta para declarar inconstitucional la ley que le recorta fondos coparticipables. Un fallo en favor de la ciudad sería un golpe en la estrategia de estrangulamiento económico con la que el Gobierno quiere ahogar a su eventual rival en las elecciones de 2021.
Un capítulo significativo es el futuro de las jubilaciones. Con el fallo Badaro I y Badaro II los jueces de la Corte resolvieron millares de expedientes pendientes, pero aún resta que lleguen al tribunal los reclamos por la modificación del índice jubilatorio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, que avanzan en las instancias inferiores, y los derivados de la reforma del kirchnerismo.
La ley aprobada por el oficialismo elimina la inflación como una variable de actualización. Con la suspensión de la fórmula del gobierno de Mauricio Macri, la administración de Alberto Fernández se ahorró unos 100.000 millones de pesos. No fue solo un ahorro fiscal para 2020, sino también una reducción de la base sobre la que se aplicarán los futuros incrementos. De ahí la importancia de mantener la reforma vigente. La Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) ya advirtió que la posible nueva ley provocará una alta litigiosidad, por la arbitrariedad de la fórmula.
Por otro lado, amenaza con provocar un agujero directo en los fondos públicos una sentencia que la Corte tiene en carpeta. San Luis ya ganó un juicio por fondos coparticipables por unos 20.000 millones de pesos. Esa sentencia debe ejecutarse y la provincia, con el patrocinio del exjuez de la Corte Rodolfo Barra, pidió embargar al Estado nacional por esa suma. Un impacto directo en las arcas. No en vano en su carta Cristina Kirchner advirtió sobre las consecuencias económicas de las decisiones del máximo tribunal.
En plena pandemia, el Gobierno se cruzó con la Corte y los disparos fueron tanto del presidente Alberto Fernández como de Cristina Kirchner, que los acusó de ser los líderes del lawfare, esa construcción que según ella se articuló en el macrismo, por el cual es perseguida con acusaciones de corrupción. Los casos que llevaron la tensión al máximo fueron la confirmación de la condena contra el exvicepresidente Amado Boudou y el fallo por los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Finalmente, la Corte -por mayoría- decidió dejar a los jueces en sus cargos, pero transitoriamente, hasta que se convoquen los concursos. Los puso la política y se deberán ir con el nuevo gobierno si avanza el concurso. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, se diferenció con su voto convalidando los traslados y cuestionando las decisiones que ponen en tela de juicio la estabilidad de los jueces. El caso Boudou no es que fuera saliente para Cristina Kirchner por su exfuncionario, sino porque leyó allí un adelanto de lo que le espera a ella, que presentó 9 recursos ante la Corte para frenar el juicio por Vialidad Nacional, el único en marcha que la tiene en el banquillo de los acusados. Por eso Cristina Kirchner disparó munición gruesa con una carta en la que señaló uno a uno a los jueces de la Corte. Empezó por Ricardo Lorenzetti, pero no dejó a nadie a salvo. Incluida Helena Highton de Nolasco, elegida por Alberto Fernández para la Corte. El que quedó mejor parado fue Juan Carlos Maqueda. El kirchnerismo no oculta su intención de avanzar sobre la Corte, ampliar el número de miembros, y hasta amenazó con iniciar juicio político a sus integrantes, como lo manifiestan el senador Oscar Parrlli o el diputado Leopoldo Moreau, voceros del kirchnerismo duro.
Aporta al clima de tensión con el Gobierno que se prenuncia un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia que acusó a la Corte de permitir la filtración de escuchas telefónicas, en particular las de Cristina Kirchner hablando con Parrilli. Más pasto para una eventual embestida contra Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, y por elevación a Lorenzetti, el juez que presidía la Corte cuando ocurrió el asunto y a quien el kirchnerismo identifica como el promotor de las causas en contra de la vicepresidenta.
En la entrega de ese informe a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade apuntó a Lorenzetti como el "responsable máximo de esa estructura". La guerra con el Gobierno no se agotó, pero no es la Corte la que quiere entablarla. Desde que recibió la andanada oficial, los jueces supremos se llamaron a silencio y ni siquiera dejaron trascender su evidente malestar. Internamente el clima en la Corte se calmó. Hay diferencias entre Rosenkantz, el presidente, y Lorenzetti, que siempre aspira a volver a presidir el tribunal. Pero hubo conversaciones entre ellos en las últimas semanas del año que calmaron las aguas. También gestos hacia afuera en busca de mandar señales de unidad.
Este año 2021 será de renovación de autoridades en la Corte. Si bien será en el último trimestre, el asunto dominará la cuestión. Se verá quién termina de reunir los votos necesarios para ser el nuevo presidente, si Horacio Rosatti o Lorenzetti, entre quienes se dirimiría el asunto. Al menos hasta ahora, pero teniendo todo el año por delante, no se sabe.
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