Es oficial: el cambio en la Ley de ciudadanía argentina que publicó el gobierno de Javier Milei
El Poder Ejecutivo formalizó el procedimiento para que extranjeros obtengan la nacionalidad mediante una inversión significativa; la Dirección Nacional de Migraciones tendrá la decisión final tras un informe de una nueva agencia especializada
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LA NACION
El Gobierno nacional oficializó este jueves el procedimiento para que los extranjeros puedan obtener la ciudadanía argentina a través de la realización de una inversión relevante en el país. El Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece un nuevo carril administrativo que involucra a una agencia especializada. La iniciativa del ejecutivo busca fomentar la llegada de capitales y creación de empleo.
Cómo es el nuevo procedimiento para obtener la ciudadanía por inversión
El nuevo sistema establece un recorrido preestablecido para los solicitantes. Cualquier persona extranjera que haya realizado una inversión calificada podrá iniciar el trámite ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Este organismo, que funciona de manera descentralizada en el ámbito del Ministerio de Economía, es la puerta de entrada al proceso.
La primera tarea de la Agencia es evaluar si la inversión del solicitante cumple con los requisitos para ser considerada “relevante”. Los criterios específicos para esta calificación serán definidos por el Ministerio de Economía. El decreto no establece montos ni tipos de inversión, delega esa facultad en la cartera que conduce Luis Caputo.
Si la inversión supera esta primera evaluación, la Agencia activará una segunda fase de control. Solicitará informes a múltiples organismos del Estado para realizar una verificación integral del solicitante. Entre las entidades consultadas se encuentran el Ministerio de Seguridad Nacional, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). También se requerirá un reporte al Registro Nacional de las Personas (Renaper).
El objetivo de esta consulta multisectorial es determinar si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad o los intereses nacionales.
Quién toma la decisión final y en qué plazos
Una vez que reúne todos los informes, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión elabora un dictamen final. Este documento circunstanciado recomienda la aprobación o el rechazo de la solicitud y se eleva a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
La DNM, organismo que actúa en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene la última palabra. La normativa le otorga un plazo de Treinta (30) días hábiles, contados desde la recepción del informe, para analizar el caso y emitir una resolución fundada. La decisión puede ser el otorgamiento de la ciudadanía o su rechazo.
El decreto aclara que si la inversión no califica como relevante o si los informes de los organismos consultados son desfavorables, la Agencia deberá dejar constancia de ello y proponer directamente el rechazo de la solicitud a Migraciones.
El rol de los organismos económicos y la obtención del CUIT
La normativa también contempla un paso fundamental para que el nuevo ciudadano pueda operar económicamente en el país. El artículo 5 del decreto encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) que realice las adecuaciones normativas y sistémicas necesarias.
El objetivo es posibilitar la tramitación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) para quienes obtengan la ciudadanía por esta vía. El Gobierno fundamenta la medida en la necesidad de asegurar una mayor eficiencia en el procedimiento, fomentar las inversiones y la creación de empleo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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